En una villa de La Matanza los pibes tienen miedo. La “gorra” los asusta porque, según dicen, los buscan para robar, les dan fierros y hasta les ofrecen droga. Algunos aceptan con gusto, otros, lo hacen por temor a las represalias.
Luciano Arruga desapareció misteriosamente. El 31 de enero pasado dijo sus últimas palabras a su madre “estoy en lo de un amigo” y nunca más supo de él. Desde entonces, su familia lo busca incansablemente. Pero, en realidad, ya no tienen esperanzas de encontrarlo vivo dado a que todas las pruebas apuntan a que Luciano falleció en el interior de un oscuro calabozo del Destacamento policial de Lomas del Mirador. Incluso, cuentan con la declaración de testigos encubiertos que aseguran que fue salvajemente golpeado por uniformados. ¿Pero cómo llegó Arruga a esa situación? Pese algunos sectores quieren justificar su presunta muerte alegando que se trataba de “un pibe chorro”, Luciano tenía continuos problemas con la Policía y no era por “chorro”, sino por negarse a los pedidos de los “rati”.
“Antes de la desaparición, mi hermano le dijo a mi mamá que le habían ofrecido “trabajar” para ellos”, aseguró Vanesa Arruga a 24CON. En la jerga de la calle, “trabajar” significa robar para un tercero. Luciano vivía en un barrio humilde y era adolescente (tenía 17 años), dos características esenciales que buscan los reclutadores de menores. ¿Por qué menores? Una explicación sencilla: son inimputables y, sobre todo, son vulnerables. A cambio, les garantizan lo que deberían asegurar por ley: protección. Y una parte del botín.
El asesinato del remisero Pedro Reyes, en febrero de este año, fue denunciado a la Justicia por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza (APDH) por un presunto encubrimiento de los homicidas, por parte de efectivos de la comisaría de San Alberto.
En concreto, el titular de la APDH, Pablo Pimentel, denunció a la UFI número 5 del departamento Judicial de La Matanza que “miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires reclutan jóvenes y después los liberan para que roben para ellos”. “Se da en comisarías que están aledañas a barrios muy pobres”. La modalidad siempre es la misma: se los detiene y se los “endulza” con promesas de un futuro mejor. Si eso no funciona, se los intimida con amenazas y/o golpes. Ahora bien, si se niegan a “colaborar”, se los tortura. “A algunos le pasaron corriente eléctrica y si no regresaban con la cantidad de dinero que se les pedía (las sumas no bajan de los 5 mil pesos) iban a ser detenidos y “empapelados” para que no puedan recuperar la libertad”. Traducido: si no hacen lo que le piden, lo dejan “adentro”, tal como ilustra la denuncia de Pimentel. Claro que, para poder cumplir su amenaza, los “vigi” buscan chicos con antecedentes. Eso sí, el trato se termina cuando los pequeños delincuentes ya no les son útiles o los comprometen demasiado. Entonces, le sueltan la mano
Pimentel se animó a hacer pública la lluvia de reclamos de familias temerosas y, por ende, anónimas. No es para menos que el representante de los Derechos Humanos insista en preservar la identidad de quienes patrocina: sus vidas están en juego.
Mientras se investigaban estos hechos, tres mujeres fueron asesinadas en el Conurbano con similares características. Una tras otra cayeron en intentos de robo y las masivas manifestaciones en contra de la inseguridad, cayeron como un balde de agua fría al ministro Carlos Stornelli. Hizo la misma denuncia que Pimentel, pero argumentando que se reclutaba jóvenes para “desestabilizar” al gobierno de Scioli. Un axioma poco creíble, ya que el fenómeno viene ocurriendo hace tiempo.
“La denuncia de Stornelli nos ayuda e, inclusive, vamos a citarlo como testigo, pero sabemos que también es una maniobra para justificar la debilidad de la conducción del ministerio”, manifestó Pimentel a 24CON y agregó: “Esto no es nuevo, es un mal endémico de la bonaerense”.
Del lado del Gobierno de la provincia, el jefe de Gabinete, confirmó que Stornelli acudió a la justicia para dar cuenta de que en los tres homicidios no habría móvil de robo. “Hay suficientes indicios para investigar. No estamos dispuestos a quedarnos con las dudas. Si se comprueba esta red que pretende crear terror en la Provincia, será un hecho grave y actuaremos en consecuencia”, señaló Pérez en una entrevista con C5N.
Por su parte, el ministro de Seguridad no dudó en poner el centro de las miradas en los efectivos desplazados: los policías que están fuera de la ley son sus "peores enemigos", dijo al ratificar que formuló una denuncia penal para que se investigue si los exonerados durante su mandato están detrás de los crímenes de las mujeres.
La hipótesis de “complot” enojó a ex policías: “Stornelli debería denunciar con nombre y apellido, no nos puede poner a todos en la misma bolsa. Esto es un manotazo de ahogado porque la gente se está muriendo por la inseguridad”, dijo el comisario retirado Alberto Molina a 24CON.
Respecto a la corrupción policial y política, Molina indicó que “Duhalde nos hizo un mal muy grande cuando entablo la guerra con la Nación, en ese momento, en manos de Menem. Desde la llegada de Arslanián la bonaerense va en picada, después de eso ya no pudimos hacer pie. En cambio, Scioli empezó bien, pero después se puso a hacer la plancha y, en la provincia, es un error muy grande hacer la plancha”.
17 de diciembre de 2009
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