Intendente enfurece porque lo tildan de "violento"
Sandro Guzmán acusó a manifestantes de haber hecho "aprovechamiento político" en una protesta por un desalojo de viviendas de un predio privado.
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Pero la problemática, lejos de encausarse en un acuerdo, se encrudeció entre el Ejecutivo comandado por el intendente Sandro Guzmán y representantes del Partido Obrero local.
Es que desde el Municipio difundieron un comunicado en el que se “repudia firmemente la mala intención, la tergiversación y el aprovechamiento político de parte de algunas organizaciones y personas ante las necesidades reales de algunos ciudadanos en situación crítica”.
Asimismo, el escrito establece que el desalojo fue realizado por la Justicia, “sin intervención de la Municipalidad, ya que se trata de terrenos privados”. Aún más duro, también se afirma: “Fue lamentable la participación en manifestaciones públicas de gente que ni siquiera se puede comprobar que sea del partido de Escobar, representantes que se dicen del Partido Obrero y otras instituciones que de manera anónima alientan la violencia y el delito. Personas que no tienen intención de dar la cara formalmente por nadie y con quienes, por esto mismo, es imposible establecer un vínculo, porque sólo participan con actitudes delictivas, confusas y hasta marginales”.
La respuesta de los que se sintieron “tocados” por las acusaciones no se hicieron esperar. En tal sentido, la referente del Partido Obrero de la zona y ex candidata a jefa comunal en las elecciones pasadas, Claudia Consiglio, contestó con otra carta.
“Repudiamos los dichos del Intendente y sus funcionarios y consideramos que en vez de ‘agitar los fantasmas de la violencia’ y atacar a los que denuncian y reclaman viviendas para las familias obreras, observe que la única violencia ejercida fue sobre 70 familias que fueron desalojadas por Policía, Infantería, topadoras municipales, etcétera, en un despliegue orquestado -desde la madrugada -como en las épocas de la dictadura”, comienza la misiva.
“Entonces, en vez de agitar la violencia y la extorsión, deberían las autoridades municipales ocuparse de dar urgente solución a las 70 familias. Así como planificar la resolución de los graves problemas habitacionales del distrito (…) Allí debería estar la preocupación política y no en fomentar megaemprendimientos inmobiliarios que habilitan los negociados de la patria contratista”, cierra.
Lo cierto es que el problema habitacional del distrito aún no ha sido solucionada, a pesar de que oficialmente aseguran estar atendiendo “algunas de las necesidades de las familias desalojados a través de su Secretaría de Desarrollo Social”.
28 de marzo de 2012
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