Destacó que "en el proyecto los pliegos de la concesión establecen un plazo de 10 años para las empresas, lo que implica 10 años de estabilidad garantizada para los trabajadores". Además el secretario general de la CGT exhortó a los legisladores a "que no participen empresas extranjeras" y puso como ejemplo que "dos empresas españolas vienen a llevarse el dinero del país, supuestamente vienen a hacer grandes inversiones y no las hacen". También solicitó que se preserve y garantice a los trabajadores la indemnización correspondiente para el caso que las empresas una vez concesionadas modifiquen su status jurídico.
Por su parte un representante de CTA-ATE, denunció el incumplimiento de los contratos en vigencia y reclamó una mirada integral de la recolección de residuos en línea con las políticas públicas en el CEAMSE. Al igual que otros expositores cooperativistas reclamó un programa estatal que brinde logística e infraestructura a los recuperadores urbanos y sea el Estado quien garantice su formalización laboral mediante salarios, suministro de maquinarias, cobertura social y jubilación como medio para frenar la precarización del sector.
A continuación expusieron delegados de varias cooperativas entre ellas El Amanecer de los Cartoneros, El Ceibo, Eco Guardián, Reciclando sueños, Los Trenes, Grupo Los guardianes del Riachuelo y Movimiento de Trabajadores Excluidos - MTE - quienes manifestaron sus observaciones al proyecto oficial. Entre los principales puntos se puso de manifiesto la preocupación por el futuro de los recicladores urbanos o cartoneros, pues la actividad implica a más de 6.000 personas dedicadas al reciclado urbano. Recolectan casi 600 toneladas diarias de material reutilizable, equivalente al 25 por ciento de los residuos que produce cotidianamente la ciudad.
También cuestionaron el sistema de pago por tonelada recolectada y descargada así como la conteinerización, reclamando la aplicación de un modelo propio y no de estilo europeo, acompañado de campañas de difusión y capacitación.