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Los archivos del destacamento de Lomas del Mirador demuestran que “se cometieron graves irregularidades” aquel fin de año, señaló el abogado de la familia de Arruga, Juan Manuel Combi. Si es que los uniformados querían borrar pistas, como presumen los allegados al chico, el documento se deschava por sí solo: “Tiene tachaduras, enmiendas y borrones de nombres, sobre los que nadie dio explicaciones”, denuncian.
En el transcurso de la investigación el tema nunca estuvo del todo claro. “Situaciones alarmantes”, las definieron. Arruga es un signo de pregunta en las tablas judiciales. Nunca fueron llamados a declarar a los efectivos que prestaron servicio en la noche previa a la víspera de año nuevo ni se tomaron las pericias correspondientes en término sobre los registros del destacamento. Tampoco tuvo lugar la denuncia realizada por detención, amenazas y torturas realizada por la principal testigo del caso.
Por tal motivo, la fiscal Celia Ceijas Martin, con las nuevas pistas de posible adulteración de documentos, tiene en su poder la capacidad de tomar por primera vez declaración indagatoria a los diez policías que servían en aquel entonces en Lomas.
En este contexto, la imputación por adulteración de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos quedan a flor de piel en la causa. Si bien, a tres meses de producirse la denuncia por la desaparición de Luciano, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó declaración a 25 efectivos del mismo destacamento, no hubo sanciones para nadie. La mayoría de ellos fue “relocalizada”.
Otra amenaza
Sábado a las cinco de la tarde. La joven Norma, militante de la agrupación No Pasarán y miembro de la comisión Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de la Zona Oeste por Nº88 de La Matanza recibe un llamado anónimo a su celular en plena movilización. Dijo en exclusiva a 24CON: “Atendí y me pusieron un audio con la denuncia de Vanesa (Orieta, le hermana de Luciano y quien lleva la causa por todos los medios de comunicación) donde hace responsable a la policía y al poder político por la desaparición de su hermano”.
Este no es un caso aislado. Hace dos meses, la principal testigo del hecho denunció públicamente que fue detenida en forma ilegal y alojada unas horas en una comisaría de San Justo. “Quisieron abusarme sexualmente y me amenazaron con matarme si no me callaba”, reconoció la joven a este medio.