La Plata

Los "ñoquis" del Teatro Argentino quedaron libres

El principal acusado por el fraude recibió una pena de prisión en suspenso. Liquidó más de $200 mil por empleados que nunca fueron a trabajar.

Con una condena de dos años y diez meses de prisión en suspenso para el responsable de contratar “ñoquis” en el Instituto Cultural Bonaerense, la causa que investigaba el fraude de 200 mil pesos al Estado provincial llegó a su fin y nadie irá tras las rejas, ya que los contratados devolvieron parte del dinero y se sometieron a la realización de trabajos sociales en entidades de bien público de La Plata.


En el marco de un juicio abreviado, el ex funcionario José María Brandi aceptó su responsabilidad en el hecho. La justicia Correccional de La Plata le aplicó una condena que es excarcelable y se puede cumplir en libertad, siempre y cuando no quiebre ninguna de las reglas impuestas en este tipo de procesos, como fijar domicilio en La Plata, pasar trimestralmente por el Patronato de Liberados y no consumir drogas ni alcohol, informa el sitio Diagonales.com.

Brandi tampoco podrá volver a tener empleo en el sector público, porque fue inhabilitado de por vida para esa función. En su declaración ante la jueza, había prometido revelar un listado de presuntos “ñoquis” VIP, entre los que se anotarían artistas de proyección nacional e internacional, junto a esposas y maridos de ex y actuales funcionarios bonaerenses.

El juicio oral debía comenzar hoy, pero la defensa, a cargo del abogado Gustavo Galasso, acordó una pena que permite a su cliente seguir libre a cambio de evitar la etapa oral del proceso. Con ese acuerdo en marcha, Brandi evitó dar a conocer los nombres comprometedores.
Sin embargo, fuentes judiciales deslizaron que, tras la feria judicial, el autor del fraude presentará ante la Justicia para denunciar oficialmente a estos presuntos artistas “ñoquis” que seguirían figurando en las listas de personal.

El resto de los acusados cumplen penas bajo la figura de suspensión de juicio a prueba o “probation”, que consiste en realizar tareas y servicios comunitarios sin remuneración a cambio.

La medida benefició a Julieta Castagnaso, Luis Alberto Pozzi, Evangelina Gutiérrez, Juan Amadeo Sficco, Guillermo Crivos, María Laura Horn, Héctor Fabián Palomeque y Santiago Coste. “Estas personas ofrecieron pagar una multa de entre quinientos y mil quinientos pesos y hacer tareas comunitarias por el plazo de dos años”, informaron fuentes del proceso.
 
En la causa penal que llevaron adelante los fiscales de Delitos Complejos de La Plata, Victoria Huergo, Jorge Paolini y Esteban Lombardo, se investigó la liquidación de sueldos por un valor superior a los 200 mil pesos a empleados inexistentes del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, que funciona en dos sedes: una ubicada en el Teatro Argentino, sito en 51 entre 9 y 10 y en calle 5 Nº 755 entre 47 y 48.

Según se desprende de la causa, José María Brandi –quien trabajaba en el área de liquidaciones del organismo cultural– aprovechando el manejo y disposición de los sueldos del personal, utilizó la clave informática de otro empleado y “contrató” a ocho personas, a las que incluyó como empleados del Instituto Cultural. En la lista de personal aparecían contratados en la sección “Sala y Escenario” del Teatro Argentino. Los fiscales probaron que ninguna de esas personas concurría a prestar servicios, es decir, eran “ñoquis”.

El delito que se les imputó fue “fraude en perjuicio de la administración pública”. Dos de los procesados admitieron ante los fiscales que Brandi los contrató y que, del dinero cobrado por ellos, sólo se quedaban con 500 pesos. También contaron que Brandi emitía los cheques, pasaba a buscar a cada uno por la casa, los llevaba al Banco Provincia, los esperaba y recibía el retorno. Además, siete de los sospechosos desconocían dónde funciona el Instituto Cultural.

A los investigadores les llamó la atención que durante todo un año en ninguna auditoría quedara al descubierto semejante faltante de dinero. También resultó preocupante que ningún gremio u órgano de control pudo supervisar y advertir que había ocho personas que cobraban sin ir a trabajar. El caso se conoció por la denuncia de Juan Carlos D'Amico, ex titular del área de Cultura provincial.

 

10 de julio de 2012

 

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