Cronológicamente, la primera escena fue a mediados de enero en la calle Arieta de San justo y los personajes dos efectivos policiales vestidos de civil que se acercaron, mostraron sus placas y preguntaron dónde voy. Como estaba de vacaciones –y la curiosidad siempre es mayor al interés por comprar un aislante térmico para irse de camping- contesté la pregunta de los “no uniformados”, quienes una vez que se aseguraron que sé leer y escribir y recuerdo mi DNI de memoria (dos requisitos difíciles de no reunir) me pidieron que los acompañe hasta la Brigada de investigaciones, a sólo una cuadra de distancia.
Después de avisarme que no podía negarme a ir con ellos, me aclararon que necesitaban un testigo “por un allanamiento” y me aseguraron que era “un trámite rápido, mirás, firmás y listo”. Incrédulo todavía de mi mala suerte, fui a cumplir con mi “deber ciudadano”. Adentro me tomaron mis datos completos y me dijeron que espere en la vereda, porque ahí es más fresco. “Es un rato, no hagas que te vayamos a buscar, pibe”, avisó el representante de la ley.
El rato fueron no menos de 3 horas, en los que en mi aburrimiento recordé que ese mismo lugar funcionó como Centro Clandestino de Detención de personas durante la última dictadura militar, una pesada herencia que carga la institución hasta ahora. “Vení, pasá así te vas”, me llamaron. En el camino, me contaron de qué se trataba: “Allanamos unos CD´s, vos tenés que ver que están, que coincida la cantidad y listo”. Ese era el “gran delito” por el que estaba perdiendo mi tarde.
Efectivamente, pasé a una oficina en donde estaba el material. Eran dos cajas, con una cantidad cercana a 100 discos y DVD´s de música y películas cada una. También pude leer la declaración del operativo que motivaba mi presencia: Habían detenido a dos “manteros” en el barrio Dorrego, de González Catán, cada uno con CD´s “no originales” para la comercialización.
Esta infracción a la Ley de marcas y de propiedad intelectual (22.362 y 11.723) motiva la intervención de la justicia federal, la misma que interviene en delitos como el narcotráfico, contrabando, posesión de armas de guerra y trata de personas. Que es lo mismo que decir que parte de las horas y recursos de investigaciones se ocupan de estos delitos, se usan también para “manteros” con una caja de CD´s.
Está claro que no se puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no, pero resulta llamativo que a algunos puesteros les caiga todo el rigor de la Ley mientras que una amplísima mayoría goza de toda la libertad para ofrecer las copias “piratas” en las calles. La presencia de cierta “connivencia” con la autoridad es más que evidente.
Aunque también es extraño cómo funciona la hipocresía social, ya que los discos “truchos” y películas “piratas” –y en más cantidades que las que le secuestraron a los detenidos - están seguramente presentes no sólo en mi casa, sino también en la de los policías, el fiscal, el juez y cualquiera de los lectores de esta nota. ¿Hay alguien que no tenga material “trucho” en su poder, que nunca haya bajado música de Internet o incluso fotocopiado algún libro? Si todos somos cómplices, resulta por lo menos injusto castigar a quién lo comercializa.
Evidentemente, el tema no es simple. Está claro que el mantero de González Catán en su búsqueda del sustento diario no influye en las millonarias ganancias de las empresas discográficas ni en las de la industria de Hollywood –que serían el bien protegido por la justicia al hacer estos allanamientos-, y está más que claro que quien compra un disco en un puesto callejero a 5 o 10 pesos sabe que no compra la calidad del material original. Sin embargo, la comercialización de este tipo de objeto está sancionada y debe ser combatida.
También está claro que la democratización en el acceso a bienes culturales que produce este tipo de materiales es muy importante. En cualquier carrera universitaria, por ejemplo, se acumulan millones de fotocopias de material original a una fracción de su valor en el mercado. En este sentido, yo debería atender los reclamos de Umberto Eco, Mauro Wolff o Eliseo Verón, por ejemplo, ya que nunca compré ni un solo libro de estos autores. O dejar de cantar los temas de Creedence Clearwater ante el hipotético pedido de un John Fogherty enojado porque nunca compré ni un solo disco original de su carrera.
Sin reparar en estas cuestiones, ese día constaté la cantidad de material secuestrado y esperé a que estuviese impresa la declaración para poder firmarla, algo que se retrasó ya que les llevó más de media hora más a los oficiales configurar la impresora que tenían en su despacho. Un dato no menor si se tiene en cuenta que es esa gente la encargada, entre otras cosas, de la búsqueda de Luciano Arruga (quién lleva más de dos años desaparecido).
Una vez terminadas las cuestiones de protocolo, me saludaron amablemente y me tranquilizaron con la frase “quedate tranquilo que ahora que está tu declaración firmada ya no es necesario que te llamen a declarar más adelante”. Poco más de un mes después, tenía un agente policial en la puerta de mi casa para entregarme la citación a brindar declaración testimonial en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional n°1 de Morón.
No solo tuve que perder esa tarde de vacaciones, sino también una mañana de trabajo para repetir lo que había visto esa tarde: Una caja con CD´s. A pesar de que el trámite en la fiscalía fue más eficiente y expeditivo, desilusiona pensar en la cantidad de horas de trabajo de personal calificado (jueces, fiscales, secretarios, investigadores policiales) y de procesos burocráticos movilizados por dos personas con 100 discos cada una.
No me llamó la atención que una semana después me vuelva a llegar una cédula de notificación –de la mano de un insistente y madrugador agente policial- para ir a declarar (así como escribieron mal mi apellido, también se les había pasado por alto el detalle de que ya había declarado) en la misma causa.
Pero sí hace reflexionar la cantidad de causas que mueren en cajones o atrapadas en trampas burocráticas mientras que otros temas considerablemente de menor gravedad insuman tanto -tiempo, logística y recursos- de las fuerzas de la ley. Y por supuesto el tiempo de un civil, que pareciera valer mucho menos que un CD trucho.
16 de marzo de 2011