Mientras, el país reclamaba la reglamentación de la Ley de Bosques, sancioanda hace más de un año. Ahora los arboles caídos ya no pudieron ser pasados por alto, por ello la celeridad de la presidenta Cristina Kirchner para anunciar hoy la esperada medida en conferencia de prensa.
"La actividad ganadera y la tala están íntimamente relacionadas, pero no podemos convertirnos en los soldados verdes, sino en hombres con mucha racionalidad para generar actividades sustentables, que den trabajo y protegan el ambiente", dijo la presidenta.
Respecto a las obras en Tartagal dijo que "en desde la gestión que se inicio en 2003 venimos realizando obras por 187 millones de pesos, únicamente en Tartagal y hay en ejecución por 223 millones". Asimismo en ayuda asistencial "se van a invertir 103", agregó Crisitna.
En tanto Greenpeace y especialistas consideran que el alud en la ciudad salteña se debió a una conjunción de factores: "Tartagal está atravesada por un río que tiene una pendiente cercana, las lluvias hicieron su parte, pero la deforestación es la gran causa, así como la falta infraestructura contribuyó".
Los desmontes y la tala furtiva de esa cuenca vuelven a ser, como se advirtió en 2006, los principales responsables. "Hay caminos, que se llaman picanas madereras, en zonas que hay divisorias de agua. Como es un lugar de yungas y gran pendiente, esto provoca que se derrumbe aún cuando no llueva demasiado. Al caerse eso, sumado a la falta de vegetación natural y por el tipo de suelo que hay, provoca que todo ese material sea arrastrado por el río Tartagal hasta la ciudad", explicó Noemí Cruz, coordinadora de Greenpeace en el Noroeste.
Hoy la situación del cerro es que "podría volver a desmoronarse. Otros cerros que están talados y tienen un proceso de erosión hídrica similar también podrían desbarrancar si hay fuertes lluvias, pero por suerte ahora no las esperan", cuenta Giardini a este medio.
La organización espera que el barro de Salta desentierre el reclamo por la reglamentación de la Ley de Bosques, "lamentablemente tienen que suceder estas cosas para que se tomen medidas, no sólo en Salta, sino en Santiago, Chaco, Formosa que pueden vivir situaciones similares", dice Giardini.
Esta ley busca limitar los desmontes para que esto no suceda, pero la falta de regulación hace que "muchas provincias se amparan para no hacer nada o para ordenar los bosques según sus intereses", manifiesta Cruz.
Salta es una de ellas. Y es que el gobernador Juan Manuel Urtubey, aprobó una ley de ordenamiento territorial para los desmontes de los bosques y un equipo técnico junto con los indígenas elaboraron un mapa para determinar las zonas de resguardo que dio como resultado que "2 millones de hectáreas serían protegidas, 6 serían de uso sustentable y 1,3 para desmonte", detalla el representante de Greenpeace.
Pero cuando el mismo fue presentado el gobernador no le dio validez, con lo que se aprobó la ley "sin incluir este mapa ni ningún otro, pero dando la potestad al ejecutivo para hacerlo". El mismo debería ser presentado este mes.
El desconocimiento del trabajo hecho se debe a "presiones del agro para que se aprueben mas hectáreas" y "gran parte de los legisladores son productores" por lo que tiene altas probabilidades de ser avalada la nueva distribución de la tierra para deforestación, advierte Giardini.
Para los legisladores salteños lo único que hay que proteger "son las tierras cercanas a los ríos y sus pendientes", así el resto sería tierra libre, carta blanca. "Extraoficialmente que desde el gobierno están armando otro que permite desmontar desde 1,8 a 5 millones de hectáreas, según el proyecto de distintos senadores", agrega Cruz.
Sin embargo ya hubo objeciones al respecto desde Universidad de Salta, como de las comunidades indígenas que podrían llegar a la Corte de Justicia porque "si el nuevo mapeo no cuenta con respaldo técnico y va en contra de la Ley de Bosques puede ser declarado inconstitucional".
La realidad que vive Tartagal expone que la deforestación no es un fantasma sino una realidad y que lo que arrastra son vidas, casas, autos. Una ciudad entera. "Esto no se dio de un día para el otro ni se va a arreglar de un día para el otro, la reforestación puede llevar entre 30 y 40 años", explica Giardini.
Mientras Greenpeace y la comunidad hacen sonar el teléfono rojo de la presidencia. "Seguimos pidiendo audiencia con presidencia a ver si se le pone fin a la ausencia de reglamentación para que no se permite la doble interpretación de la ley" y cada provincia no pueda convertir los bosques en dinero embarrado.