Los accidentes en escuelas, jardines y guarderías no son algo excepcional. Muchos de ellos terminaron con la vida de niños. La causa de estos hechos fueron desde la falta de capacitación, hasta negligencia e irregularidades en la infraestructura y el personal.
El caso de Camila Lládos, una beba de 4 meses que falleció en julio de este año en un jardín del partido de San Martín, sembró un canal de lucha por parte de sus padres que movilizaron a la comunidad y algunos políticos para que docentes y personal de los establecimientos educativos supieran primeros auxilios y estuvieran en condiciones de atender a los chicos.
Luego de meses de golpear puertas, ingresó en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley elaborado por el diputado Ángel Gabriel Villegas, del Frente para la Victoria, que recogió varios de los pedidos de la familia Lládos e infinidad de padres que sufrieron la muerte de sus hijos sin una explicación concreta o en situaciones que se podrían haber evitado.
En los fundamentos, Villegas expresa que “el cuadro de emergencias ocurrido en algunos establecimientos educativos tales como los lamentables fallecimientos de las niñas Camila Abril Lladós y Natalia Celeste Martín Francio, son claras señales de alerta que imponen extraer los elementos que deben estar presentes a la hora de planificar las acciones que garanticen una mejor actuación en caso de futuras emergencias”.
Así los docentes de todas las instituciones de cualquier nivel, sean públicas o privadas tendrían la obligación de estar capacitados en Primeros Auxilios, una herramienta básica con la que se debe contar sobre todo en lugar donde hay bebés, niños y adolescentes, propensos a los accidentes. Además esta capacitación debería ser revalidada cada dos años.
La ley abarcaría también al personal técnico-administrativo, profesional, auxiliar y de servicio. El proyecto rescata algo que parece haberse olvidado ya que “intenta revalorar el concepto de que los establecimientos educativos deben constituir lugares seguros para todos”.
El 18% de las lesiones, que son la causa principal de muerte e incapacitación en niños y jóvenes, ocurre en las escuelas. “El resultado de tal desgracia depende con frecuencia no solamente de la gravedad de la lesión sino también de los primeros auxilios prestados. Por lo tanto, toda persona debería ser entrenada para este tipo de ayuda”, argumenta Villegas.
Pero la seguridad no pasa sólo por la salud física y la integridad de los niños, tiene que ver con su protección psicológica. Las autoridades habrían comprendido que el riesgo es demasiado como para no contemplar una evaluación exhaustiva sobre la “aptitud psíquica y física del personal docente y técnico que trabaje en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires”, según indica el proyecto.
Este examen deberá realizarse “obligatoriamente una vez al año y cuando la autoridad de aplicación lo requiera, una evaluación para saber si están en condiciones aptas para trabajar con grupos de niños y adolescentes, conforme el nivel de enseñanza en el que se encuentran designados”, detalla.
Asimismo, “los padres, tutores o encargados de alumnos concurrentes a los establecimientos educativos podrán solicitar a la autoridad de aplicación inspecciones a los fines de establecer si el cuerpo docente se encuentra dentro de las condiciones de aptitud, como respecto de cualquier aspecto que haga a la habilitación y legal funcionamiento de los establecimientos educativos”.
1º de diciembre de 2008