En los últimos días se produjeron una serie de episodios políticos que, además de generar consternación, dolor y dudas, encienden una luz amarilla al normal desarrollo democrático de nuestro país, en un año electoral de particulares características donde además de elegirse la fórmula presidencial que presidirá los destinos del país en los próximos cuatro años, es también el tiempo de despedida del apellido Kirchner, que ya no se escuchará en cada acto del próximo gobierno.
En este sentido, el joven militante jujeño de 20 años, Jorge Ariel Velázquez, afiliado al Partido por la Soberanía Popular (agrupación política encabezada por la militante social Milagro Sala, que forma parte de la organización “Unidos y Organizados”), asesinado en dudosa situación antes de realizarse la votación de las PASO provinciales, a pocas cuadras de su casa ubicada en el barrio Juan Pablo II de la ciudad de San Pedro de Jujuy; tiñó de sombras el escenario político nacional, que se oscureció aún más con el flaco reclamo sectorial que el referente de la UCR de esa provincia –y candidato a gobernador- Gerardo Morales, hiciera al intentar confundir a la opinión pública con la mentira de que el joven militante integraba las filas políticas de ese centenario Partido que supo tener como una de sus máximas figuras a Hipólito Yrigoyen, y que por estos días se encuentra al servicio de los intereses del PRO. Morales, cuya principal preocupación nunca pasó por el hecho de que un joven fue asesinado, había prometido que la UCR se movilizaría a nivel nacional para exigir que se aclare este crimen, pero al no prosperar esta acción, porque desde un principio se nutrió con la infamia que imponen las operaciones políticas, el reclamo del actual Senador radical por Jujuy, comenzó a acallarse y dejar paso a la tercera operación política de la derecha criolla, que desde hace más de tres décadas mantiene una abstinencia de realizar golpes de Estado: el resultado electoral en Tucumán y su intento de embarrar las elecciones chaqueñas, que se desarrollarán el próximo 20 de septiembre.
Decimos “tercera operación política”, porque la primera realizada en esta etapa electoral, tuvo como protagonista al candidato a gobernador bonaerense por el Frente Renovador (FR), Felipe Solá, cuando anunció que le “robaron” 200 mil votos, durante las PASO realizadas en esta provincia, el pasado 9 de agosto. La vehemencia con la que éste candidato hizo mella en algunos medios de comunicación, no tuvo su mismo correlato ante la Justicia, puesto que el fiscal federal y fiscal ante la Cámara Nacional Electoral, Jorge Di Lello, dijo que para que haya sido real lo que sostuvo el candidato Solá debió haber existido una suerte de “hipnosis colectiva entre autoridades de mesa y fiscales de los partidos en varias mesas de la provincia de Buenos Aires, lo que le parece improbable"…
Ahora bien, si hablamos de operaciones políticas cuyo objetivo es empañar la decisión adoptada por las mayorías populares en las urnas, sin lugar a dudas, la derecha criolla tuvo su primera aparición fuerte en lo que va de esta etapa electoral –y que de alguna manera presagia las futuras acciones que realizarán estos sectores, con el PRO a la cabeza, que saben que morderán el polvo de la derrota electoral en octubre o noviembre próximos-; durante las elecciones realizadas en Tucumán, el pasado domingo 23 de agosto, donde con el 81,38% de las urnas escrutadas, el candidato del Frente para la Victoria (FpV), Juan Manzur, obtiene hasta el momento prácticamente el 55% de los votos, distanciándose en casi 14% de su rival inmediato, el candidato radical, del frente unido opositor “Acuerdo por el Bicentenario” (que incluye a la UCR, PRO y FR, entre otros); José Cano.
Veinte días antes de producirse esta elección, el arco opositor tucumano comenzó a instalar la idea de “fraude”; un recurso dialéctico/político que ya empieza a escucharse en cada una de las elecciones donde la derecha criolla sabe que tiene garantizada la derrota. En esta línea, y durante los comicios tucumanos, fueron incendiadas 42 urnas, destacándose entre los aprehendidos por esta acción completamente autoritaria y antidemocrática, el candidato a delegado comunal por la localidad de Sargento Noya, Hugo Alarcon……integrante del frente “Acuerdo por el Bicentenario”.
A esta acción, se le sumó una raquítica concentración opositora frente a la gobernación tucumana, que a fuerza de golpear cacerolas reclamó por el “fraude”, y que curiosamente, -o por connivencia con sectores que conducen a la policía provincial- terminó en una suerte de represión cuya acción policial estuvo más dirigida a las cámaras de televisión que a los pocos participantes del acto.
Luego de estos hechos, por distintas redes sociales, comenzó a correr la convocatoria de realizar otros cacerolazos en Salta y Chaco, con la idea de ir pergeñando una especie de “rebelión cacerolera” a nivel nacional.
En estos momentos, y luego de que el presidente de la Junta Electoral de Tucumán, Antonio Gandur, rechazara la posibilidad de anular las elecciones provinciales que se desarrollaron el último domingo, al afirmar que "hasta el momento no hay ningún elemento que permita decir que hubo fraude", tal como denunció el opositor frente Acuerdo por el Bicentenario y sus socios del Grupo Clarín, entre otros grupos de poder económico /mediático; la derecha criolla pierde una nueva batalla –pero no la guerra- en su intento desestabilizador, surgido de la impotencia política de poder seducir a las mayorías populares, que a esta altura del nuevo siglo, se saben empoderadas de sus derechos adquiridos y ampliados y respaldan un modelo de desarrollo industrial soberano con inclusión social, que les devolvió su dignidad.