El panel estuvo integrado por el periodista Claudio Díaz, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, y el director de Contenidos de la Secretaría de Medios de la Nación, Néstor Picone, quienes, desde distintas aristas, coincidieron en la necesidad de aprobar una ley de radiodifusión que reemplace a la que se sancionó durante la última dictadura militar y que ponga fin a los monopolios mediáticos.
El primero en hacer uso de la palabra fue Díaz, un periodista que el año pasado renunció a su puesto en Clarín cansado de la persecución que venía sufriendo por haber criticado el tratamiento que el diario le había dado al conflicto entre el campo y el gobierno.
Apoyado por algunas imágenes que se iban emitiendo en una pantalla gigante, Díaz hizo una reseña sobre el papel de los grandes grupos económicos en la historia del país y luego se concentró en el multimedios Clarín.
Así, entre otras cosas, el autor del libro “Diario de Guerra. Clarín, el gran engaño argentino”, recordó que durante la última dictadura militar los tres principales diarios de la época –Clarín, La Nación y La Razón- pactaron con el gobierno para quedarse con la empresa Papel Prensa.
“La pagaron 8 millones de dólares cuando en realidad valía 250. Y además así tenían papel barato para ellos y ahogaron a los diarios que no formaban parte del poder económico vendiéndoselo a precios exorbitantes”, explicó.
Y luego recordó que “hay documentación que prueba” que la gran concentración de medios que se dio en la Argentina en los años 90 “fue producto de la política dictada desde el Consenso de Washington”, y que “Clarín y La Nación son socios de las grandes empresas agroindustriales en ExpoAgro”, una feria rural que sólo el año pasado “les dejó ganancias por 72 millones de pesos”.
“Por eso –señaló- quienes queremos que en el país haya justicia social, primero tenemos que lograr la redistribución de la riqueza. Y para que haya redistribución de la riqueza, primero tenemos que lograr la redistribución de la palabra. ¿Y cómo se puede redistribuir la palabra? Con esta nueva ley de medios”, aseguró.
A su turno, Busso, quien preside el Foro Argentino de Radios Comunitarias, defendió la nueva ley porque “limita a los que se quieren quedar con todo y favorece la expresión de los más débiles. Garantiza la pluralidad de ideas. Y esto no es algo que queramos solo nosotros. Lo reclama un organismo internacional como la UNESCO”, sostuvo.
Y agregó: “es mentira que habrá menos medios de comunicación. Habrá más, pero gestionados por las organizaciones sociales no lucrativas. Con esta ley nadie podrá tener una audiencia superior al 35 por ciento del país. Y para los que se quejan: ¿Saben cuánto es el tope en Estados Unidos? El 25 por ciento. Y en Inglaterra el 15 por ciento”.
“Lo único que quieren los que se oponen –concluyó- es que siga vigente la ley de Videla, empeorada por el neoliberalismo de Menem, que la modificó para permitir la creación de los monopolios mediáticos que existen ahora”.
Por su parte, Picone, quien es funcionario de la Secretaría de Medios de la Nación, señaló que “a quienes todavía tienen alguna duda sobre la conveniencia de esta ley, los invito a que reflexionen sobre quién está de cada lado. Piensen que de un lado están el grupo América, Clarín, La Nación... Es decir, cuatro o cinco grandes grupos económicos. Y del otro las radios comunitarias, las cooperativas, las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, los sindicatos, es decir casi todos los argentinos. Es simple: de un lado los grupos monopólicos. Del otro, el pueblo argentino”.