Los jueces y funcionarios judiciales nucleados en este Departamento judicial invitaron “a quienes ejercen las altas y trascendentes tareas de gobierno a realizarlas con plena responsabilidad institucional y funcional que todos estamos llamados a defender y consolidar”.
Sin entrar en casos puntuales, el documento agrega que “las estridentes y mediatizadas declamaciones que han efectuado sobre situaciones atinentes al Poder Judicial prominentes miembros del Poder Ejecutivo tanto Nacional y Provincial, no se corresponden con la silenciosa e inaceptable actitud que contemporáneamente asumen, ante las causas sociales profundas que a diario socavan y desgarran la dignidad humana de los ciudadanos que, entre otras situaciones provocan los cada vez más crecientes índices de inseguridad”.
En la misma línea que la Corte Suprema (Ver La Corte echa más leña), desde Morón argumentan que “el Poder Judicial atraviesa desde hace años una grave e irresuelta crisis económica y edilicia, que se potencia permanentemente por la demora con la que se cubren los cargos vacantes de magistrados, funcionarios y personal”.
Esta situación “se circunscribe y desarrolla dentro de los estrechos límites presupuestarios impuestos por los otros Poderes del Estado que hacen del mismo el laboratorio de sus ensayos legislativos y a cuyo paciente destinatario, que es la sociedad toda, confunden y desorientan, al momento de rendir cuentas sobre el resultado concreto, de sus abstractas propuestas”.
La Corte echa más leña
La puja de poderes se dio algunos días atrás cuando la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay reclamó más presupuesto y personal para la Justicia, luego de que la presidenta Cristina Kirchner afirmara en la inauguración de las sesiones del Congreso que el Gobierno ya había asignado recursos y pidiera que se agilizaran los juicios por delitos de lesa humanidad.
Como jefe de Gabinete, Massa es quien tiene las facultades para autorizar partidas presupuestarias para asignarlas a pedidos de gasto de dinero que efectúa la Corte Suprema.
En el máximo tribunal informaron que hace 10 días se le formuló un pedido al ex intendente de Tigre para contratar a 900 empleados para distintos tribunales nacionales y federales de todo el país.
El propio Massa se sumó a las críticas cuando salió al cruce con nombre y apellido de diferentes funcionarios judiciales, pero en este caso, por lo bajo, se coló el tema de la inseguridad.
Como si fuera poco, el jefe de Gabinete apuntó a área sensible del Conurbano: la zona norte; y pidió las cabezas (a través de un futuro juicio político) de la fiscal María del Carmen Gigante y el juez Rafael Sal Lari, ambos de San Isidro.