La justicia frenó el country de Covelia en Santa Catalina

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó a la firma Covelia la "inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el Predio y Laguna Santa Catalina" de Lomas de Zamora, y la remoción de maquinarias y material de la zona en la que se estaba construyendo un country, al tiempo que pidió a las fuerzas de seguridad que eviten la ocupación o el ingreso de intrusos al área.

Covelia, empresa de recolección de basura que tendría vínculos con con el titular de la CGT, Hugo Moyano, se aprestaría a tapar la laguna para construir un country, y ya habría construido canales para drenar el espejo de agua interno de casi 65 hectáreas. El área viene sufriendo por el depósito de escombros y residuos.

Ricardo Depresbiteris, quien figura como dueño de Covelia, anticipó los avances de la obra y dijo que el country se llamaría "Solares de Beherán". El enorme espacio verde de Santa Catalina era administrado por la Universidad Nacional de La Plata, la que lo vendió a Covelia en 2008.

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que protege este espacio verde declarándolo "reserva natural", pero se frenó en el Senado entre críticas de la oposición, según publicó el diario El Cronista.

El juez Armella, de Quilmes, ordenó a la empresa Covelia la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el Predio y Laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo en el mismo, así como la prohibición del ingreso de cualquier vehículo, maquinaria o material constructivo al predio. Así, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar.

El juez dijo que "el área ecológica en cuestión es el "Predio y Laguna de Santa Catalina" en Lomas de Zamora, uno de los humedales remanentes pertenecientes a la rivera sur de la región metropolitana y de la Cuenca Baja Matanza - Riachuelo, que posee una rica biodiversidad, múltiples valores históricos y educativos, además de un importante interés arqueológico y ambiental.

Armella consideró que, cuando no se pueden conocer con certeza los riesgos o probables daños al ambiente que provocarían las intervenciones humanas debe aplicarse el principio precautorio establecido de la Ley General de Ambiente.

También ordenó a la Municipalidad de Lomas de Zamora y cualquier organismo estatal competente que se abstenga de dictar actos administrativos que impliquen la posibilidad de habilitar o permitir obras o construcciones en el lugar. A la Acumar y a la Provincia les exigió que ejerzan el poder de policía, asignando recursos económicos, materiales y humanos necesarios para garantizar el cese del daño ambiental; y a las fuerzas de seguridad bonaerenses, que prevengan la ocupación o intrusión del predio.

7 de julio de 2011

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