La apertura del Foro, al que asistió el Procurador General de la Nación, Leandro Despuy, estuvo a cargo del doctor Ernesto Moreau, presidente de la AAJ, Rama Argentina.
El jurista paraguayo Dr. Martín Almada, cercano al presidente Fernando Lugo, sostuvo que “hay que poner a la Justicia (de su país) en el banquillo de los acusados tras 61 años de gobiernos fascistas y corruptos que con Alfredo Stroessner y sus sucesores consagraron la impunidad en Paraguay. El Poder Judicial fue una fachada que no alcanzó tan siquiera a disimular el terrorismo de Estado”.
Almada es uno de los descubridores en el año 1992 de la existencia del Plan Cóndor en el continente. “Los DDHH no sólo deben declamarse, si no que nuestros Estados los deben ejercer y garantizar de manera efectiva. El pacto criminal entre los gobiernos autoritarios de la región en la década del ‘70 se instrumentó a través del Ejército y la Policía, quienes fueron utilizados para reprimir a la sociedad civil, a los jóvenes y a las comunidades campesinas. Tanto Videla como Stroessner eran capataces de Pinochet, quien a su vez era el empleado de Henry Kissinger, amigo de George Bush, quien a su vez es socio de Bin Laden”, afirmó el abogado, quien señaló que “para provocar el cambio en el Poder Judicial paraguayo, Lugo plantea la instauración de una Asamblea Constituyente que por la vía pacífica avance en el desarrollo del poder popular”.
En diálogo con 24CON, el ex juez chileno Guzmán Tapia -quien procesara a Pinochet por el Operativo Cóndor- se refirió al estigma de la criminalización de la pobreza y sobre todo, de los pueblos mapuches. “En materia de Derechos Humanos, en Latinoamérica existe una situación pendular, se avanza dos pasos, pero después se retrocede uno, porque existen elementos que fabrican enemigos internos. En las dictaduras se lo llamó “comunismo” y fue fabricado por la prensa, el poder Judicial, la legislación vigente, las multinacionales y la oligarquía que criminalizaron, torturaron más de 36.000 víctimas y asesinaron 3500 personas desaparecidas. En la actualidad la criminalización existe sobre todas aquellas personas que exigen sus derechos o aquellos que exigen la vuelta atrás para el regreso de una Constitución democrática que termine con la Constitución pinochetista aún vigente que nos impide evolucionar. Hay que dejar de prometer y pasar a los cambios de manera pacífica como lo lograron Mandela, Martin Luther King y Gandhi”, dijo.
Las jornadas finalizan este viernes 26, y según contó el Dr. Diego Diéguez Ontiveros, miembro de la A.A.J, "las jornadas tuvieron una respuesta exitosa en cuanto a convocatoria, y se esperan más asistentes para los próximos días" . El cierre del jueves estuvo a cargo del doctor Beinusz Szmukler, presidente del Concejo Consultivo continental de la A.A.J. quien señaló que “en nuestro país existe hoy una situación algo contradictoria. Hemos avanzado en materia de impunidad respecto de nuestro pasado, pero al mismo tiempo como no ha habido un cambio sustancial en materia de aparato represivo, existe un nivel muy fuerte de violaciones a los derechos humanos".
Los mismos se expresan en la criminalización de la protesta social, hay miles de procesados por participar en luchas sociales, con un aparato policial que está más contenido, pero que cuando puede se expresa como en el tema del gatillo fácil y un Poder Judicial que no ha cambiado sustancialmente. Si bien hay una cantidad de jueces que tienen un perfil garantista, la mayoría es una Justicia clasista”.
“Para cambiar esto se necesitan jueces que no tengan dependencia del poder político ni del poder económico, que sigue igual y es el que indirectamente determina que haya más de 5000 procesados por protestas sociales”, remarcó.