Según le contó Álvaro Sánchez a 24CON, los transportistas escolares de la provincia piden “que se apruebe la ley 24.449”. El presidente de la Unión de Transportistas Escolares y Afines de La Matanza dijo: “Presentamos un proyecto en diputados, que se aprobó. Hace dos años que tenemos la media sanción y ahora falta que desde senadores la aprueben, pero parece que no les interesa”.
La protesta se basa en la interjurisdiccionalidad. Un transportista que tenga origen y habilitación en la Provincia, no puede llevar a un chico de capital, ni siquiera puede entrar a la Ciudad de Buenos Aires con niños del Conurbano. Lo mismo viceversa, claro. “Si un chico de capital quiere ir a una escuela de provincia, ningún transporte puede llevarlo”, contó Sánchez, quien añadió: “Además del servicio clásico de puerta a puerta, que consiste en llevar a un chico desde la escuela hasta la casa, no podemos hacer excursiones, si la institución quiere ir a algún museo de la ciudad”.
Entonces, el colegio debe contratar un micro de larga distancia –sí, aunque esté a metros de la General Paz-, que cobra $800 por ese servicio. “Nosotros, obviamente, le cobraríamos menos por lo mismo”, dijo Sánchez.
Parece absurdo pensar que las cosas cambien por unos metros, pero las multas por infringir ésta ley cuesta entre 20 y 30 mil pesos. “Te secuestran el vehículo”, cuenta el presidente de la UTEAM. Salvo esa ley, los requisitos para habilitarse en los municipios de Provincia y Capital son los mismos.
Sin embargo, Sánchez es dice lo que más bronca le genera: “Los políticos nos multan si infringimos la ley de interjurisdiccionalidad, pero son ellos mismos los que contratan nuestros micros para los actos, sin importar que sea en provincia o capital. No se entiende”.
En la mañana también marcharon los transportistas de la Ciudad de Buenos Aires. Según le dijo a 24CON Santiago Otero, presidente de APOETA (Asociación de Propietarios de Ómnibus Escolares, Turismo y Afines): “Lo que nos pasa no se puede creer. Hace dos años que nos multan porque no tenemos un registro que en realidad no existe. Llenaban una fórmula y cada seis meses nos llegaban multas de $600”.
Ese registro consta de un psicotest, un examen médico, cursos de seguridad vial y primeros auxilios. Eso es algo que no existe pero por lo cual se multa a los conductores de ómnibus que no los tengan.