Ordenaron pericias psicológicas a los niños del jardín

Los niños fueron revisados por la Policía, con el aval y la presencia de los padres, y acordaron que sean evaluados por un grupo de psicólogos.

La Justicia ordenó que se les realicen pericias psicológicas a los nenes que asisten al jardín Tribilín de San Isidro, que fue denunciado por maltratos por parte de los padres de los chicos. Lo resolvió el fiscal luego de que la policía revisara a los menores, con el aval y la presencia de sus padres, y recomendara que sean evaluados psicológicamente.

 

Para comprobar los maltratos, uno de los padres escondió su iPad en la bolsita de su hija, por lo que pudo grabar los momentos en que las maestras les gritaban y los amenazaban. Asimismo, difundieron las imágenes de las maestras que protagonizan las grabaciones. Se trata de las docentes Yanina Gogonza y Noelia Gallardo, como así también a una mujer de nombre Noemí, que sería una de las dueñas del establecimiento.

Si bien una inspectora de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada bonaerense confirmó que el jardín "no tenía la habilitación para funcionar como institución educativa", el secretario de Gobierno de San Isidro, Ricardo Rivas, reveló que el jardín tenía una autorización municipal, aunque sólo de locación. "En 1998, la Municipalidad otorgó la autorización para el funcionamiento del jardín. En aquel momento la competencia era exclusivamente municipal", explicó Rivas. "En el 2000, la Provincia asume la competencia y la Municipalidad se limitó a dar certificado de locación, es decir, si el lugar es apto desde el punto de vista edilicio",explicó el funcionario.

 

El audio de la maestra que insulta y amenaza a nenes
Escuchá extractos inéditos de los insultos y amenazas de la maestra jardinera. "Si querés te muestro la c... pero comé", se oye entre llantos.

 

De esta forma, el secretario de Gobierno de San Isidro señaló que ante la nueva normativa del 2000, todo lo relacionado al funcionamiento del jardín, más allá de lo edilicio, era responsabilidad de la "autoridad provincial", en este caso, la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

 

5 de febrero de 2013