Las causas que llevarían al "Japonés" a la cárcel
La invitación para que Enrique García vuelva a la UCR -partido al cual renunció meses atrás por su alineación con el gobierno nacional- entusiasmó a sus seguidores, que ahora creen que conviene que el intendente se presente a una nueva reelección desde el radicalismo y se despegue así del kirchnerismo, al que acompañó en estos años.
Sin embargo, además de su avanzada edad (tiene 71 años), existen varias complicaciones para que eso ocurra. Una de ellas son las causas penales que aquejan al “japonés” y a algunos de los funcionarios que lo acompañaron en distintos momentos de sus sucesivos períodos de gestión que lleva desde 1987.
La oposición cree que el intendente logró hasta el momento salir indemne de esas denuncias gracias a las “influencias” que tiene en algunos juzgados y a su cercanía con el kirchnerismo.
Pero los grupos opositores amenazan con que su situación podría cambiar drásticamente si no consigue mantener el cargo y afirman que una auditoría dentro del Municipio seguramente hallará más irregularidades. También creen que si el kirchnerismo sale derrotado García podría perder su “protección política”.
De ese modo, las denuncias se han transformado en una herramienta de la oposición para condicionar una nueva presentación de García.
La última visita de las autoridades provinciales de la UCR al distrito dejó las puertas abiertas para el retorno del intendente, una maniobra muy resistida en el radicalismo local, que todavía no olvida que cuando García renunció al partido los tildó de “autoritarios”.
Además, si el intendente vuelve a la UCR se romperían las alianzas en el Concejo. El edil del Partido Socialista y presidente del interbloque del Acuerdo Cívico y Social, Carlos Roberto, aseguró que no están “dispuestos a compartir una boleta con el intendente ni con sus funcionarios” y señaló que ya han notificado a las autoridades provinciales y nacionales al respecto.
Roberto indicó también que si su espacio llega a la intendencia no vacilará en hacer una revisión administrativa y contable y que colaborará con la Justicia con toda la información necesaria para que se investigue a la actual gestión.
En tanto, el presidente del bloque oficialista del Concejo, Fabián Gnoffo, desestimó la posibilidad de que las causas que aquejan a la gestión del intendente puedan condicionar su futuro político. “No van a afectar la elección”, dijo, al tiempo que recordó que ya ha salido triunfador en momentos en que las investigaciones estaban en curso.
Sobre la posibilidad de que un nuevo gobierno investigue la gestión de García, Gnoffo dijo: “Me parece perfecto. Es lo que hay que hacer cuando uno llega al gobierno. No tenemos nada que ocultar”.
Las causas
Entre las numerosas denuncias que pesan sobre el municipio se cuentan hechos de corrupción, defraudación a la administración pública y abuso de autoridad.
La Corte de la provincia de Buenos Aires aún investiga al municipio por el caso denominado “Data entry”, ocurrido en 1998, por el cual se pidió el procesamiento de García y otros doce funcionarios. En esa causa se comprobó que, por contratación directa, se simuló la prestación del servicio de ingreso de datos al sistema de computación del municipio. Las operaciones, que nunca se realizaron, fueron facturadas y pagadas a nombre de una empresa inexistente cuyo nombre de fantasía era "Granara y Asociados".
Según indicó el peritaje, ordenado por la Suprema Corte bonaerense, para cubrir el tiempo facturado al cargo de datos tendrían que haber trabajado 32 personas durante 8 horas diarias a lo largo de un año completo, sin interrupción por feriados o días de descanso.
La otra causa penal por corrupción que aquejaba al alcalde tuvo un resultado parcial meses atrás. Se trata de otro caso de contrataciones fantasmas por parte del municipio, vinculado esta vez a cursos de capacitación para empleados públicos que nunca se realizaron y por el cual se pagaron aproximadamente tres millones de pesos – dólares.
Casi diez años después de iniciado el proceso judicial, se condenó en marzo de este año a la entonces Secretaria de Hacienda de Vicente López, Dora Zorrilla, a cumplir dos años y nueve meses de prisión preventiva, además de la imposibilidad total de volver a ejercer cargos públicos.
En una jugada que fue percibida como un gesto de lealtad ante el intendente, Zorrilla intentó cargar con todas las culpas al presentarse ante el Juez Rafael Sal Lari alegando “errores administrativos”, y devolvió 1,3 millones de pesos para hacer más leve su condena.
García también fue denunciado por abuso de autoridad en el caso del Vial Costero, por ordenar el desalojo de un barrio y un predio deportivo para continuar las obras del polémico corredor vial. Sobre ese tema, Gnoffo sostuvo que “está todo armado por la oposición”.
Fuente: La política online
1 de diciembre de 2010