Torturaron a un pibe de 17 años en una comisaría

Le aplicaron "submarino seco y húmedo", y una brutal paliza. El joven podría perder la audición, y varios efectivos fueron desplazados.

El Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense pasó ayer a disponibilidad a los policías de la comisaría sexta de La Plata acusados de torturar a un adolescente al que habían detenido por el presunto delito de resistencia a la autoridad. La medida alcanzó a los ocho policías que estaban de turno el martes a la noche cuando fue detenido el chico, de 17 años, informó Alejandro Mosquera, miembro de la Comisión por la Memoria, y ratificó Marcelo Pernisi, titular de Asuntos Internos Policía Bonaerense.

Entre los efectivos desafectados al servicio se encuentran el subcomisario Diego Bravo, quien, aunque se supone que no estuvo en la seccional al momento de los hechos, fue sancionado porque estaba a cargo de la comisaría. También se castigó al segundo de Bravo, que participó de la detención del menor junto a otros cinco efectivos y a un oficial de servicio entre las 16.30 y las 23 del martes.

Fuentes policiales confiaron que hay otros cuatro efectivos, que no cumplen funciones en la comisaría sino en el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que suele actuar en apoyo a las comisarías, también investigados por Asuntos Internos.

Según informó Pernisi, las sanciones fueron adoptadas por el ministro Ricardo Casal luego de la denuncia por apremios ilegales, vejámenes y torturas presentada el miércoles por el defensor oficial Julián Axat, y la fiscal Silvina Pérez, ambos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del departamento judicial La Plata.

La desafectación es una medida cautelar que permanecerá firme mientras se investiga el caso, que podría terminar con más policías involucrados o con alguno que pueda reincorporarse a sus funciones si se comprueba que no tuvo nada que ver con los hechos. Mientras tanto, el comisario Luis Neibert, jefe de la distrital Norte de La Plata, se hará cargo de la seccional.

Por otro lado, se analizan los exámenes médicos de la víctima, ya que por el momento la justicia investiga lesiones leves –una incapacidad para trabajar por menos de 30 días–, que serían graves si el menor pierde la audición. Para que las heridas sean consideradas gravísimas, tendría que perder un sentido, se informó.

Asuntos internos investiga y juzga una infracción administrativa, que se produciría más allá de la categoría que puedan tomar las heridas en la causa penal.

La noticia de que los policías habían sido separados de sus cargos fue dada por la Comisión por la Memoria, después de una reunión mantenida con el titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y el Jefe de Gabinete de ministros, Alberto Pérez, a quienes se les expuso la preocupación por al accionar policial.

“Hubo un caso de tortura a un joven con submarino seco y húmedo, recibió una golpiza muy fuerte y puede perder hasta un oído”, explicó Mosquera, y aseguró que la policía “no tiene el control suficiente y cuando actúa como controlador social lo hace de forma represiva”.

Mosquera precisó que en la reunión, Casal informó que “ya se pasó a disponibilidad a todo el personal que estaba en ese turno en la comisaría” y agregó que además Asuntos Internos “ya trabaja en el caso”.

Mosquera señaló que se realizó un pedido expreso al Ministerio de Seguridad para que garantice la integridad del joven denunciante y su familia: “Recordemos que cuando concluyeron las golpizas y torturas los policías amenazaron al chico y su familia y le dijeron que si denunciaba lo que había pasado era hombre muerto. El estado tiene que proteger a la víctima y su familia”.

Una delegación de la Comisión, de la que además de Mosquera también integraron Víctor Mendibil y Aldo Etchegoyen, se reunió con los funcionarios provinciales con una agenda ligada a  los temas de justicia y seguridad, para continuar con la mesa de diálogo abierta a mediados de año. En ese marco, lo sucedido en la comisaría se convirtió en uno de los temas centrales de la reunión. “Pusimos  énfasis en la necesidad de controles civiles externos a la policía que es lo que permite que hechos tengan la investigación necesaria y las sanciones del caso al personal involucrado”, señaló Mendibil a la hora del balance tras la reunión.

 

08 de octubre de 2010