El 18 de mayo de 2007, a plena luz del día –a las 14.30 horas- y como de costumbre, Raúl había ingresado al comercio, ubicado José María Paz al 776, para dejar las tarjetas de telefonía que vendía, pero no se percató que, en ese mismo instante, dos delincuentes habían encerrado en el baño al dueño del kiosco para robar la recaudación sin mayores disturbios.
La presencia de Cattáneo los sorprendió. Rápidamente, lo metieron al pequeño cubículo donde estaba cautivo el kiosquero. Al líder de la banda le fastidió que el hombre al que amenazaba con arma no le diera dinero. “No tengo”, le replicaba con desesperación Raúl y le suplicó que no lo golpeara más. El delincuente no le creyó y lo ejecutó de un balazo en la cabeza.
Luego, los asesinos corrieron hacia el Ford Escort de color verde oscuro que los esperaba estacionado en la esquina de Venancio Flores. Su cómplice mantenía el motor encendido. Huyeron. Dos días después, las tarjetas que fueron sustraídas de la mochila de Raúl, eran revendidas con total impunidad en las calles del barrio con peor fama de Ituzaingó: San Alberto, un asentamiento que funciona como “centro de operaciones” y “aguantadero” de los delincuentes de la zona. Allí, también se compran y alquilan armas. Inclusive, los nombres que figuran en el expediente de Cattáneo también aparecen en otras causas similares.
El proveedor agonizó durante dos días en un hospital hasta que la muerte lo alcanzó por la madrugada. Tenía 46 años.
No conformes con la exitosa fuga, los delincuentes se aseguraron de atemorizar a los testigos. “Sacanos a los medios de encima”, ordenaron al dueño del kiosco mediante una llamada telefónica. La amenaza surtió efecto: el kiosquero, que había identificado y ofrecido un identikit exacto del agresor, no ratificó sus dichos ante la Justicia.
Pero hay más: el mismo grupo que mató a Cattáneo volvió a las andanzas a tan sólo cuatro días del homicidio. El 23 de octubre, en otro asalto, asesinaron a Luciano Sebastián Flores, un policía de 24 años, con la misma sangre fría: Flores había sido reducido como cualquier otro cliente del almacén asaltado porque, vestido de civil, pasaba desapercibido. Pero lo revisaron y encontraron el arma reglamentaria que portaba. Sin mediar palabras, lo fusilaron con un certero disparo en la cabeza.
En sus golpes, la maniobra siempre era idéntica: uno de ellos, de apellido Durán, esperaba en el Escort con el motor encendido a sus cómplices. Uno de los hermanos González (una dupla que cuenta con un largo legajo de crímenes en la zona) cargaba con la mercadería, mientras que “Cocodrilo” se hacía cargo de los hostigamientos a las víctimas. El líder de la banda era el más bravo. Se creía invencible y no le bastaba con robar y atemorizar a sus víctimas, quería ver correr sangre.
Pero el tendal de muerte que provocó Marcelo Andrés Trigo Giménez, alias “Cocodrilo”, llegó a su fin cuando fue ajusticiado por la bonaerense en Ciudad Evita, donde se ocultaba luego de haber matado a la persona incorrecta. Esta vez, la Policía buscó intensamente al asesino de 37 años, señalado como el autor material del homicidio de Flores.
Cocodrilo ya había estado en prisión y es probable que no haya querido volver, por eso, se tiroteó con los agentes hasta el último aliento. La balacera terminó con su carrera criminal.
Sus cómplices fueron detenidos y encarcelados. Aún en Sierra Chica permanece enclaustrado González y Durán en Florencio Varela. Sin su líder, esperan ser juzgados por el homicidio del policía.
Con esto, la noticia mutó: el crimen del proveedor quedó en el olvido y la Fuerza de Seguridad pudo despachar al hampón que se llevó la vida de uno de los suyos. Nunca más se habló de Cocodrilo y su banda, menos, de la muerte del proveedor.
| Raúl Cattáneo asesinado por Cocodrilo. |
| Su hermana Silvia busca justicia. |
"En realidad, la impunidad con la que se manejaron fue gracias al mal desempeño del fiscal Mario Ferrario, a cargo de la UFI Nº 3 del departamento judicial de Morón. Se sabía quienes habían sido, pero ni siquiera ordenó allanamientos. Tuvimos que presionar a través de una ONG para que nos den bolilla", agregó.
Finalmente, la causa cambió a la UFI descentralizada Nº1 de Ituzaingo, a cargo de Gabriela Millán, "pero la fiscal poco puede hacer después de seis meses en los que no se hizo absolutamente nada. Tal es así que después de tres días, se encontró una vaina de una bala calibre 22 detrás de un cajón de gaseosas, las huellas dactiladas tomadas en el quiosco no están claras y en la foto del peaje que pasó el Ford no se ve bien la patente. Todo estuvo mal hecho. No entiendo por qué. Los asesinos se movieron con tal impunidad que, a cuatro días de matar a mi hermano, mataron a otra persona. No necesitaron esconderse ni escapar”, indicó Silvia.
A casi tres años del episodio, sólo queda la amarga sensación de la injusticia y una leve esperanza encendida en sus familiares. Es por eso que Silvia no baja los brazos. "Con la ayuda de la ONG de Madres y Familiares de Víctimas (MAFAVI) y el trabajo de la Dra. Millan logramos que el Ministerio de Seguridad bonaerense ofrezca una recompensa de entre 10 mil y 70 mil pesos para quien aporte información fehaciente que permita lograr el esclarecimiento del hecho".
La recompensa parece insuficiente porque, hasta el momento, nadie llamó.