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Los intendentes de Esteban Echeverría y de Quilmes, Fernando Gray y Francisco “Barba” Gutierrez, respectivamente, tuvieron que enfrentar violentos reclamos por el pago y el manejo de los planes nacionales de empleo a través de la conformación de cooperativas de Trabajo.
El programa se viene ejecutando con correcciones constantes y del anuncio al hecho, como siempre, hay un largo trecho. Este viernes lo tuvieron que sufrir Gray y Gutiérrez, pero en las semanas anteriores habían sido otros jefes comunales a los que los grupos piqueteros le reclamaron por las demoras en los pagos o por la incorporación de distintas fracciones que quedaron impedidas de presentar planillas con nuevos planteles cooperativistas.
El proyecto anunciado hace más de dos meses por la presidenta Cristina Kirchner pone en serios inconvenientes a los jefes comunales de todo el país, por cuanto son los municipios los únicos autorizados para recepcionar los planes y enviarlos al Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner. Si en alguna dependencia se produce una demora o es rechazado el expediente, la movilización y la protesta es inmediata.
Hace tres semanas grupos piqueteros no kirchneristas protagonizaron un acampe de 30 horas en el frente del Ministerio, provocando no sólo un corte vehicular en l a avenida 9 de Julio de casi dos días sino que también hubo corridas y disparos. Quienes acamparon reclamaron que se les permitiera incorporar más planes a los que hasta esa fecha habían dispuesto oficialmente y que no los obligaran a tramitar los expedientes a través de los municipios sino directamente en las oficinas dependientes de la ministra.
En ese momento intercedió Emilio Pérsico y se llegó a un acuerdo. Quienes se manifestaban, lo hacían acusando a varios intendentes de impedir que sus organizaciones puedan incluirse en el plan. Entre los más nombrados estaban Raúl Othacehe, de Merlo, Gray, de Esteban Echeverría y Juan José Mussi, de Berazategui. Inclusive Mario Ishii fue mencionado en un primer momento, pero rápidamente recompuso con estos sectores.
Así las cosas, nada hace suponer que no se repitan estos actos de violencia en reclamo del pago de los subsidios prometidos en tiempo y forma, y que sean los intendentes quienes primeros reciban las demandas, con más o menos virulencia por parte de organizaciones para las que un día de atraso significa lo mismo que un año.