A la campaña de desestabilización democrática, llevada a cabo por distintos medios de comunicación y redes sociales -que intentan poner en jaque la soberanía política brasilera-, se le sumó por estos días un apoyo cuasi explícito del principal partido político de la oposición; el neoliberal PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), para que la presidenta Rousseff no termine su mandato en tiempo y forma, luego del congreso que esta agrupación política realizó en los últimos días en Brasilia.
Allí, sus principales referentes; el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, junto s los Senadores Aécio Neves, José Serra y el gobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin, coincidieron en afirmar que es muy “posible” que la presidenta Dilma Rousseff no complete su segundo mandato, y que su Partido se encuentra “listo para retornar al poder”, ante ese posible escenario.
De esta manera, los neoliberales disfrazados de social-demócratas, comprenden que en esta etapa los golpes de Estado cambiaron su fisonomía y métodos. Atrás, en la historia reciente, quedaron los tanques en las calles y los soldados entrando a los palacios gubernamentales, fusiles en mano, para imponer su voluntad política.
Ahora, en esta etapa –tal como sucedió en Honduras y en Paraguay- los tres actores más relevantes en esta acción totalitaria y antidemocrática, son los grupos mediáticos concentrados en alianza con los bloques parlamentarios conservadores y los sectores más poderosos del Poder Judicial.
En esta línea, el PSDB cuenta con un importante poder de fuego para llevar a cabo su propósito desestabilizador, unificando a estos tres actores. Ya que, el Tribunal de Cuentas de la Unión –institución brasilera que fiscaliza a los gobiernos de turno- se prepara para lanzar el rechazo a las cuentas del gobierno de Dilma (aunque no puedan demostrar un claro fundamento para hacerlo); hecho que si se realiza, inmediatamente pasaría al Parlamento, donde el PSDB aprobaría de inmediato –en una acción política corporativa- el carácter irregular de éstas cuentas, con la consecuente destitución del binomio presidencial del PT, que se encuentra a la cabeza de los destinos de Brasil.
Arremetida judicial contra el expresidente “Lula” Da Silva
Como parte de la ofensiva judicial, al servicio de intereses conservadores de la sociedad brasilera, la fiscal federal de Brasilia, Mirella de Carvalho Aguiar, lleva a cabo una investigación formal contra el expresidente Da Silva, por supuesto “tráfico de influencia” , a favor de la constructora privada Odebrecht, que cuenta con obras en América Latina (entre ellos Venezuela y Cuba) y países africanos. Curiosamente, la investigación criminal, que comenzó el pasado 8 de julio, recién se conoció un día después, que fuera allanada la mansión del expresidente, Fernando Collor de Melo, dueño de millonarios autos de renombradas marcas internacionales, que nunca fueron declarados ante el fisco.
Esta arremetida judicial contra el jefe político del Partido de los Trabajadores (PT), se inscribe en la contraofensiva neoliberal brasilera para deslegitimar e intentar manchar la positiva imagen público del ex compañero de rutas de Hugo Chavez y Néstor Kirchner, y que opera en dos flancos simultáneos, cuyo objetivo es quitar del gobierno a la actual mandataria, Dilma Rousseff.
Estas prácticas desestabilizadoras contra los gobiernos progresistas de la región, llevadas a cabo por grupos económicos, sectores del Poder Judicial y sus aliados políticos de la derecha conservadora internacional, agrupadas –entre otras- en la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), encabezada por el expresidente José María Aznar, que suele armar seminarios en varias países sudamericanos para elaborar planes de acción conjuntos de las derechas regionales (en las que participan Mauricio Macri, y los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y Chile, Sebastián Piñera, entre otros), se suman a los hechos de desestabilización democrática ocurridos en nuestro país, contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en Venezuela, contra Nicolás Maduro, y más recientemente en Ecuador, contra el gobierno de Rafael Correa, que recibió el apoyo y solidaridad de las autoridades del Parlamento del Mercosur (Parlasur), entre ellos de su presidente, Saúl Ortega, quien además destacó la importancia de articular acciones a nivel regional para crear espacios complementarios entre Mercosur y UNASUR.