Sergio Massa y un escrache verde

Al cumplirse un año de la sanción de la Ley de Bosques, Greenpeace le regaló una torta gigante al Jefe de Gabinete, Sergio Massa, porque la norma aún no ha sido reglamentada “es él quien debe ocuparse de que el decreto salga antes de fin de año, sino la ley no contará con los fondos necesarios para su aplicación”, dijo Giardini. “No podemos perder ni una hectárea más”.

Desde hace dos años atrás la situación forestal en la Argentina comenzó a ser un tema en boga en la agenda pública, debido a la situación alarmante de explotación indiscriminada y sin planificación que venía creciendo desde hacía 10 años.

En 1998, se realizó el "Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos", arrojando que las selvas y montes de Salta, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba sumaban 23.688.921 hectáreas. Tan solo ocho años después habían perdido casi el 10%, y comparativamente entre 2002 y 2006, la deforestación creció casi un 42% respecto del período que va de 1998 a 2002. Con estas cifras, la tasa de deforestación de la Argentina resulta seis veces más alta que el promedio mundial.

La causa principal de la tala es la expansión de la frontera agraria en detrimento de todos los tipos de bosque nativos del país, que se ven reemplazados por cultivos anuales, sin que se haga una evaluación de los costos futuros, no solo ambientales y sociales, sino también económicos, ya que no se establecieron comparativamente los beneficios de promover la explotación como recurso renovable de los bosques frente a los tradicionales o coyunturalmente rentables.

“Las provincias que más se resistieron a la ley luego no lo vieron mal, los obligo a discutir sobre un recurso que no tenían en cuenta. Ver en una mesa a indígenas, ambientalistas, políticos y productores fue muy importante y que hoy falte la reglamentación no se entiende”, dijo Giardini a 24CON.

La situación puso de manifiesto la necesidad urgente de que la Argentina tuviera una normativa que garantice la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas boscosos. Así el diputado Miguel Bonasso, se puso el árbol al hombro y elaboró un proyecto de ley, para que las provincias hicieran un ordenamiento territorial y planificaran el aprovechamiento de forma sostenida y participativamente.

Y lo más importante en ese momento es que prohibía el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas. El proyecto tuvo un camino espinoso y este fue uno de los puntos más discutidos. Desde el mismo gobierno y las bancas kichneristas pujaban una moratoria en sentido contrario: que se apruebe la ley pero que siguiera la deforestación mientras se hacían las evaluaciones. Finalmente a pesar del lobby de los representantes de las provincias del norte (salteños, jujeños y misioneros), justamente las mas devastadas por la explotación, no lo lograron.

Luego de ingresar a la Cámara de Diputados en noviembre del 2006, quedó bajo la puja de intereses de diferentes sectores: el agroindustrial, los aserraderos y los poderes políticos locales que negocian con ellos y, en oposición, las poblaciones aborígenes y campesinas en particular y toda la sociedad en general.

Cuando pasó a senadores la discusión la dejo empantanada y se vino el arraso de las hachas. La falta de información por parte de las autoridades y la incertidumbre de los propietarios de las tierras con bosques, provocó una aceleración en la entrega de permisos para que los productores intensificaran la tala, antes de que, según su interpretación, ya no se pudiera desmontar. “Desde el punto de vista moral, ético y estético no deberían haber sido aprobados los desmontes anteriores a la ley”, opina el representante de Greenpeace.

Las hojas golpearon a la comunidad y la consecuencia impulsó a que varias organizaciones ambientales y sociales, como Greenpeace y Fundación Vida Silvestre Argentina, con el apoyo de infinidad de ONG´s locales y agrupaciones políticas propulsaran una campaña por la Ley de Bosques, buscando sumar un millón de votos para reclamar al Senado la sacará con urgencia.

El resultado fue una semilla creciente, se juntaron medio millón más de lo esperado y el 28 de noviembre de 2007 se aprobó la ley con la prohibición de extender más permisos para talar y que las provincias realizarán la categorización de los bosques en el plazo máximo de un año.

La aprobación de la ley desplazo el tema del ojo público, pero cumplió un año y aún no está reglamentada. Por ahora solo se ve letra muerta sobre el árbol caído.

A pesar de que las provincias “cumplieron en gran medida la moratoria y están terminando el proceso de ordenamiento, pero el año que viene cuando se vote deberían cobrar un fondo de acuerdo al territorio que declare en protección” y sin la normalización de la ley esa compensación económica no va a llegar por lo que peligra su aplicación, según explicó Giardini a 24CON.

Greenpeace responsabiliza a Sergio Massa por la demora ya que el borrador de la reglamentación de la Ley Nacional 26.331 (Ley de Bosques), que fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, específicamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.

“La mayoría de las provincias cumplieron, ahora falta que la Nación cumpla su parte. Sin la reglamentación no van a estar los fondos y se debilitará la aplicación de la ley. Es una vergüenza que a un año de que un millón y medio de argentinos logramos con nuestras firmas su sanción, la misma no haya sido reglamentada. La responsabilidad es del Jefe de Gabinete, quien debe acelerar que el decreto salga antes de fin de año”, afirmó Giardini.

Por ello para el cumpleaños sin vida de la ley activistas de Greenpeace caracterizados como mozos llevaron una torta gigante al Jefe de Gabinete hasta la Casa Rosada, reclamando la falta de acción y voluntad política del Gobierno para ponerla en marcha. Al mismo tiempo, en Córdoba, Rosario y Mar del Plata cientos de personas se agruparon en las calles principales, con cotillón y tortas similares.

“No vemos ninguna señal, ni explicación. Incluso después de la manifestación, no hay ninguna  respuesta, se mira para otro lado”, cuenta Hernán Giardini. Quien frente a la pregunta de sí se debe a una falta de presupuesto explica que “no dejaron trascender que tenga que ver con eso. Se necesitan 1000 millones de pesos al año, los fondos están comprometidos a generar un sistema de controles”.

Mientras tanto “vamos a esperar para ver que respuestas hay, sino seguiremos con nuestra campaña para generar la presión que tenemos para que esto salga”, concluyo Giardini.