La investigación será por "desaparición forzada"
Así lo dispuso la Justicia de Garantías de La Matanza. La resolución se conoce un día después de la detención de un efectivo policial acusado por torturas y malos tratos.
La Justicia de Garantías de La Matanza resolvió hoy que el caso de Luciano Arruga, el adolescente que fue visto con vida por última vez a fines de enero de 2009, tras ser detenido por la policía de Lomas del Mirador, debe ser investigado en el fuero federal como un hecho de "desaparición forzada de persona". Fuentes judiciales informaron a Télam que el juez de Garantías Nº 5 Gustavo Banco declinó su competencia, por lo que la causa pasará del fuero ordinario al Juzgado Federal de turno en Morón, lo que ya había sido solicitado por la familia de la víctima.
La medida se conoce un día después de que un oficial principal de la policía bonaerense, identificado como Julio Diego Torales, fuera apresado en un operativo realizado por la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Justicia y Seguridad, según informó ayer Online-911. La detención fue ordenada por los fiscales del Departamento Judicial La Matanza, Carlos Arribas y Celia Cejas, a cargo de la UFI especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte. Los voceros dijeron que Torales prestaba servicio en la comisaría segunda de Laferrere, y fue automáticamente pasado a disponibilidad preventiva.
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Según las fuentes, el efectivo está acusado por los delitos de "torturas y malos tratos" sufridos por el joven en el mes de septiembre de 2008 en el destacamento policial de Lomas del Mirador.
Cabe recordar que el 27 de diciembre de diciembre, familiares de Luciano Arruga junto con la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH–La Matanza) hicieron una presentación ante la justicia provincial para que la causa sea investigada por la justicia federal como desaparición forzada de persona, según informaron en esa oportunidad desde la CPM a Online-911. Desde hace casi 4 años, luego de que Luciano fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en un destacamento de Lomas del Mirador, la causa está caratulada como “averiguación de paradero”.
En ese momento, durante una conferencia de prensa brindada en la sede del Cels, la hermana del adolescente, Vanesa Orieta, dijo que “la desaparición de Luciano es un ejemplo del rol que cumplen el poder político y el poder judicial en la impunidad de la policía bonaerense. Tres años después de la desaparición de Luciano, el Gobernador Scioli nos recibió junto con el Ministro Ricardo Casal y el Secretario de DDHH, Guido Carlotto se comprometieron en agosto de este año a que avancen las cuestiones administrativas. Al día de hoy, no se ha avanzado en nada".
En ese contexto, la joven agregó que "no podemos naturalizar que se torturen en las comisarías, no podemos naturalizar que los policías agarren y golpeen a un pibe porque anda con gorrita, no podemos naturalizar que los libros de entrada de una comisaría tengan hojas arrancadas, que 8 policías que son los responsables directos de haber desaparecido a Luciano están trabajando en distintas dependencias de la policía, todos repartidos para que no podamos controlar su accionar”.
Por su parte, Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la CPM, manifestó durante la conferencia de prensa que "el caso de Luciano Arruga no es un caso aislado. La única manera para que no se repita, en ningún otro barrio es averiguar cómo ocurrió y porqué se siguen repitiendo estas prácticas".
En ese sentido, añadió que "es necesario una transformación real y profunda de la Bonaerense para romper lo pactos de connivencia con nichos de corrupción. No puede ser la misma policía sospechada, la que se encargue de la investigación del hecho. Hay una resolución de la Procuración General de la Corte que obliga a los fiscales a apartar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando están sospechados en la investigación".
Por último Mosquera señaló que "la fiscal de esta causa dejó que la policía bonaerense siguiera investigando, pero a quien investigó, fue a la familia. La decisión política que ha tomado el Ministerio de Seguridad con este caso es que todos los policías involucrados que habían sido separados, vuelvan a sus funciones. Esto es un claro índice de impunidad. Cuando analizamos este tipo de prácticas sistemáticas, tenemos que decir que son impunes y hay que desterrarlas”.
9 de enero de 2013
