El Augusto Troncoso también pidió llamar a Pepe Soriano, Jorge Marrale y Osvaldo Santoro, miembros de la cúpula de SAGAI, por presunta defraudación a los socios de la entidad.
El fiscal de instrucción Augusto César Troncoso pidió este jueves la indagatoria de los actores Pablo Echarri, Martín Seefeld, Pepe Soriano, Jorge Marrale y Osvaldo Santoro, en el marco de una causa en la que se investiga una presunta defraudación en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) tras haber convenido el pago extrajudicial con la firma DirecTV.
Según fuentes judiciales, la fiscalía apuntó hacia la cúpula de SAGAI, entre ellos el abogado Sebastián Bloj, por una presunta defraudación a los socios de la entidad que agrupa los actores.
SAGAI le había ganado una demanda a la empresas de señal satelital DirecTV, la cual se oponía a pagar las regalías que la ley de derechos de autor le reserva a los actores por una cuestión de jurisdicción, y la Justicia había dispuesto el pago de 354.143.956 millones de pesos más otros 107 millones por intereses, totalizando unos 454 millones.
Pero la puja culminó en un acuerdo extrajudicial, SAGAI acordó con DirecTV rebajar el monto de la indemnización y fijarla en 111 millones de pesos.
Ese mismo acuerdo, según la fiscalía, también preveía que ningún socio de SAGAI podría accionar contra DirecTV. Como parte del acuerdo extrajudicial, el abogado de SAGAI cobró 21 millones por honorarios.
Troncoso hizo lugar a la denuncia del socio de SAGAI Mario Galvano, y consideró que existió una defraudación de la comisión directiva de la entidad para con los demás integrantes.
El fiscal razonó en su dictamen que ahora será analizada por la jueza de instrucción interviniente, Karina Marina Zucconi, que todos deben ser citados a declarar por el presunto delito de administración fraudulenta.
"Deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta por haber adoptado una decisión patrimonial en nombre de SAGAI perjudicando los intereses de sus socios sin que estos puedan haber votado y decidir en asamblea cuál era la decisión que mejor se adecuaba a sus intereses", sostuvo la fiscalía.