El caso del suicidio del soldado Rodrigo Gómez, extorsionado por una banda desde la cárcel de Magdalena, en la Quinta de Olivos, reabrió la polémica de la conectividad en los penales. La jueza Sandra Arroyo Salgado pidió la prohibición de los celulares en las unidades bonaerenses donde son legales (previo registro) desde la pandemia.
"Vengo laburando hace una banda de tiempo, ya vengo hace dos años...una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así... en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando". Este es uno de los mensajes de voz que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado descubrió al investigar el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez (21 años).
Rodrigo se mató la madrugada del 16 de diciembre de un disparo en la cabeza tras ser engañado por delincuentes que se hicieron pasar por policías, lo convencieron de que la madre de una menor de edad lo estaba denunciando por acosar a su hija por una aplicación de citas. Aunque no era cierto, Gómez se sintió acorralado y, al no poder pagar las extorsiones, se suicidó. Fue víctima de "un laburo" tumbero.
Un problema que no es nuevo pero sí complejo:
Actualmente los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tienen 48.693 dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente. Sus conversaciones no pueden ser monitoreadas a menos que haya orden judicial específica.
A eso se suman los aparatos que entran a las unidades de contrabando (a través de familiares o guardias). Esto es algo que pasó siempre y que pasa aun en todas las cárceles del país.
Un ejemplo reciente: la Policía Federal atrapó a una banda que, desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Lujan de Cuyo, Mendoza, hacia sextorsiones. A través de una red social había contactado a un hombre en Chubut y le había hecho el mismo engaño que al soldado Gómez. Esta víctima, padre de familia, también había estado a punto de suicidarse. Por suerte hizo la denuncia.
Celulares de contrabando y líneas registradas:
Los celulares que entran a las cárceles de contrabando son, por lógica, los que más se usan para cometer delitos. Pero hay excepciones. Y el caso de Gómez fue una: al menos un número de los usados en esos casos estaba registrado por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Segun registros oficiales del Ministerio de Justicia Bonaerense, en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales: 1.366 de ellos se encontraron en requisas de rutina y otros 159 se secuestraron por orden de la Justicia.
Una verdadera bomba de tiempo que hace unos días la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado -a cargo del caso del soldado Gómez- pidió desactivar en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.
"Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también, de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y -según entiendo- de muchos más instruidos no sólo en el ámbito de la Justicia federal, sino también y fundamentalmente de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de 'trabajo' imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física", dice el escrito.
“En el contexto actual, la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario estatuida para una coyuntura de emergencia ya concluida, terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que -como quedó evidenciado en la investigación mencionada, como en muchas otras- ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios", agregó Arroyo Salgado.
La jueza envió una nota similar al Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, del que dependen todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires: "Se verificó que la disponibilidad y el uso no controlado de dispositivos electrónicos en contextos de encierro ha facilitado la planificación, coordinación y ejecución de ilícitos de extrema gravedad tales como homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas y secuestros virtuales, maniobras de narcotráfico, de bandas de robos domiciliarios y de autos violentos, grooming, distribución de pornografía infantil, trata de personas, corrupción, intimidación y extorsión hacia víctimas y testigos, además de ataques virtuales en situaciones de violencia de género, entre otras conductas penalmente reprochables".
Juan Martin Mena, ministro del que actualmente depende el SPB, no es un improvisado en temas carcelarios. En 2009 fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación y durante la pandemia de COVID-19 se ocupó de las unidades federales como secretario de Justicia de la Nación.
Él mismo se opuso a que los presos alojados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tuvieran teléfonos celulares durante la cuarentena. Claro que las unidades del SPF podían garantizar la comunicación de los internos con sus familias a través de suficientes teléfonos públicos de los pabellones. El SPB no tenía esa posibilidad y, por eso, la Justicia autorizó la entrada de dispositivos.
El problema es que no se fijó fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido. Además, en el ámbito penitenciario de la provincia de Buenos Aires, ya de por sí, nunca estuvieron prohibidos los celulares.
Hoy, siempre y cuando la línea este oficialmente registrada, es legal que un preso bonaerense tenga celular y lo use.