Sigue la polémica por el supuesto espionaje ilegal en la ciudad por la impugnación de un peritaje clave

La Procuración de la Ciudad de Buenos Aires impugnó las conclusiones de un peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que fue aportado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRPF) por parte del Gobierno porteño. En la semana el juez Roberto Gallardo, que había iniciado la investigación, fue apartado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.

"Vengo a impugnar las conclusiones del informe pericial efectuado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a requerimiento del Tribunal actuante, reservándome el derecho de ampliar la presente, en atención a las particulares circunstancias de la causa", señaló en un dictamen Roque Matías Di Biase, abogado de la Procuración de la ciudad.

Para el Ministerio Público Fiscal las conclusiones a las que se arriba en el informe pericial "se encuentran gravemente equivocadas y no reflejan de ninguna manera la complejidad de las operaciones de análisis de datos personales en las que se basa el SRFP, razón por la cual impugno el mismo". 

La polémica por el uso de los datos biométricos estalló en abril después de un recurso de amparo que solicitó el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) al que el magistrado hizo lugar. Según la investigación de Gallardo la Policía de la Ciudad hizo 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas. 

"Esa operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) que autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres, lo que implica una extralimitación en esas tareas de identificación", explicó el  Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que se sumó a la denuncia impulsada por ODIA.

Esta semana el Cels había emitido un comunicado en el que informó que el TSJ decidió apartar a Gallardo "después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad".

En el texto se expuso que el apartamiento se dio apenas dos días después de conocerse el resultado de esa pericia y que la recusación de Gallardo, rechazada en instancias anteriores, y había sido pedida por el Gobierno porteño.

El análisis había sido realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria e informaba sobre 8.045 personas que fueron cargadas en el sistema no aparecen vinculadas al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Captura (Conarc). En base a esto el juez Gallardo había acudido a la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires para que se investiguen posibles violaciones a la ley de inteligencia.

La denuncia fue presentada por el magistrado luego de su apartamiento y cayó, por sorteo, ante el juzgado federal 4, a cargo de Ariel Lijo. "La gestión de los datos personales presenta irregularidades que aún no han sido explicadas: el peritaje detecta un conjunto de 356 registros que fueron ingresados, buscados y luego borrados de manera manual y, además, que muchas de las acciones no tienen trazabilidad debido a que se realizan con usuarios genéricos y ni siquiera se puede detectar cual de esos usuarios borró los datos", se indicó.