Remueven al juez porteño que investigó el posible espionaje ilegal en la ciudad

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) hizo lugar a la recusación planteada por el Gobierno porteño contra el juez Roberto Gallardo y lo apartó de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial de prófugos. La polémica estalló en abril después de un recurso de amparo que solicitó el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) al que el magistrado hizo lugar.

El máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, en un fallo alcanzado por mayoría, también hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la administración porteña contra la resolución con la que el juez Gallardo había ordenado suspender el uso del sistema de reconocimiento facial. En la requisitoria ante la justicia ODIA había cuestionando la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que dispusieron la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos.

En el fallo el TSJ advirtió que las medidas de seguridad, implementadas a través de una empresa privada, no fueron precedidas por un debate profundo acerca de la pertinencia y seguridad del sistema. "No se había llevado a cabo una evaluación de impacto en la privacidad que permitiese determinar la posible afectación a los datos personales y otros derechos humanos básicos de los ciudadanos de la Ciudad por parte del sistema implementado", advirtió el fallo. "Las normas cuestionadas vulneraban los derechos constitucionales de reunión, la privacidad y a la intimidad, la protección de los datos personales -entre ellos, los biométricos-, y a la no discriminación", agrega.

La justicia de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA rechazó el pedido había rechazada el pedido de ODIA que tuvo una recepción favorable de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo. El caso recayó, por disposición del tribunal, en el juez Gallardo, que ordenó una serie de medidas para resolver sobre la cuestión.

El gobierno, mediante el Ministerio de Justicia y Seguridad, recusó a Gallardo con el argumento de que el magistrado ­había ordenado una serie de medidas judiciales que ninguna de las partes solicitó y que nada aportaban al planteo efectuado por la actora.

El cuestionado juez, al hacer lugar al amparo de ODIA, ordenó al Gobierno porteño "suspender el sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), sin que ello merme de ninguna manera los restantes sistemas de videovigilancia (monitoreo urbano), preventivo y forense". Argumentó que el sistema fue utilizado para reunir información biométrica de políticos y dirigentes sociales, como el Presidente de la Nación Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Juan Grabois, entre otros.

Según la investigación del juez la Policía de la Ciudad hizo 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas. "Esa operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) que autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres, lo que implica una extralimitación en esas tareas de identificación", explicó el CELS que se sumó a la denuncia impulsada por ODIA.

Para el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, el magistrado actuó con intencionalidad política. "Gallardo se dejó instrumentalizar por una finalidad política y confunde a la gente. El sistema de reconocimiento facial nos permitió detener a casi 2000 prófugos, ladrones, violadores, delincuentes. Desde el primer día, el kirchnerismo quiso que no funcione, con constantes ataques desde el Frente de Todos. Acá hay algo muy claro: nosotros queremos que los delincuentes estén presos, ellos quieren que estén libres", había dicho el funcionario antes de recusar al juez.