Avanza la causa contra el gobierno porteño por el uso indebido de datos biométricos

El juez porteño, Roberto Gallardo, convocó a una nueva audiencia para el lunes próximo en la que están citados a declarar dos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad más un representante de la empresa de seguridad electrónica Danaide SA. La medida está relacionada a la causa que investiga la utilización de datos biométricos de personas a través del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP).

La audiencia fue fijada por el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 y a la que deberán asistir la coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia del Ministerio de Justicia y Seguridad, Cecilia Inés Amigo; el subsecretario de Tecnología e Informática de esa misma cartera, Gastón Navarro; y el representante de la empresa, Emiliano Schmid, según informaron fuentes judiciales.

Según Gallardo estas personas poseen información y conocimientos técnicos relevantes que pueden aportar un panorama completo y detallado respecto al funcionamiento del SRFP. Además de pedir esta audiencia, que forma parte de la causa en la que se investiga el uso de datos de casi 10 .000.000 de personas, el juez ratificó la vigencia de la medida cautelar que suspendió el uso de esta tecnología por parte del Gobierno porteño.

El 11 de abril pasado el juez magistrado ordenó al Gobierno de la Ciudad a suspender el uso del sistema sin que ello mermara de ninguna manera los restantes sistemas de videovigilancia (monitoreo urbano), preventivo y forense. Desde le Ministerio de Justicia y Seguridad porteña aclararon, en ese momento, que el sistema no estaba en funcionamiento desde que comenzó la pandemia de coronavirus por la imposibilidad de utilizarlo debido al uso de barbijos.

El juez también dispuso continuar el peritaje del material secuestrado en la causa. La Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) realizará esta tarea en su sede de Ezeiza.

Recusación fallida

Hace dos meses el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez Gallardo argumentando una posible "pérdida de imparcialidad" del magistrado. Sin embargo, un mes después la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la recusación y lo confirmó en la causa.

"El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende", sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras en un fallo de 28 páginas en el que descartaron que las críticas del Gobierno porteño a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso.

El sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad, que encabeza Marcelo D'Alessandro, está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y marzo pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña llegaron a 9.000.000, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.