No retiran motos incautadas porque es mas barato comprar una nueva

El parque automotor de dos ruedas se ha multiplicado en los últimos años. Los bajos costos de las motos han llevado a que se popularicen de tal manera que hoy es inevitable ver estos rodados por cada avenida de las ciudades que componen el Conrubano. No obstante, no todas cumplen las leyes, y cuando no las cumplen son secuestradas.

Los operativos de tránsito que realiza cada uno de los Municipios de la región con el objetivo de mejorar la seguridad vial suelen terminar con una gran cantidad de motos decomisadas. En cada uno de los controles, un promedio de entre siete y 12 son retenidas y remitidas a los depósitos municipales. El problema radica en que gran parte de los infractores no las reclama, por lo que en los galpones de los partidos se aglomeran las motos.

Sólo como ejemplo, en el partido de Lomas de Zamora hay 1200 motos sin dueño. En Almirante Brown 450, en Esteban Echeverría 900 y en Ezeiza otras 158. El principal motivo del secuestro es la falta de los documentos correspondientes, según publicó un medio zonal. No obstante, muchos dueños prefieren comprar otra moto antes que pagar la multa por la moto vieja que puede llegar a ascender hasta a 2000 pesos.

Actualmente, las Comunas cuentan con la ley N°12.646, sancionada en 2001 por la Legislatura provincial, que busca regularizar la situación, pero que no termina de ser útil a los Partidos ya que contempla la subasta de las unidades previo paso por la Fiscalía de Estado. Además, existe un proyecto que busca autorizar el desguace y compactación de las motos retenidas que tiene media sanción en la Cámara de Diputados provincial.

“En uno de los depósitos teníamos 400, lo que nos obligó a habilitar otro, que está ubicado detrás de la Dirección de Tránsito, donde hay más de 800”, planteó Ramón Guelardi, director de Tránsito de Lomas. Y agrega: “En los operativos que hacemos incautamos un promedio de 50. Y pocos pasan a retirarlas. Eso hace que tengamos el depósito lleno de motos, cosa que no ocurre con los autos”, según publicó el suplemento zonal del diario Clarín.

La mayoría de los rodados incautados están en condiciones de ser utilizados, pero el problema radica en que los valores de las multas estipuladas por Provincia son iguales o cercanos a los de un nuevo vehículo: los punitorios son iguales para autos o motos. “Siempre estamos evaluando, junto al Ejecutivo y al Concejo Deliberante, alternativas para sortear esta situación. Sería conveniente que para poder comprar uno de estos rodados los clientes tengan que llevar un libre deuda y demostrar que no tienen multas pendientes en el Registro Nacional”, plantea Guelardi como una medida preventiva.

“Estamos pensando en elaborar una ordenanza que nos permite destruir o desguazar aquellas motos que después de un determinado tiempo nadie viene a buscar”, plantea Mario Giacobbe, secretario de Gobierno de Brown. Y aclara: “La idea es enviarlo al Concejo a la brevedad. La ley 12.646 abarca a también a los vehículos secuestrados por la Policía. Eso hace que la subasta pública resulte un trámite complicado”.
Según Giacobbe, el 90% de las motos de baja cilindrada no son retiradas. “Vamos a empezar a cobrar el acarreo y la estadía en el galpón”, dice el funcionario. El objetivo: “Cuantos más días las dejan, más tendrán que pagar”. Así, hasta tanto la ordenanza sea enviada al Legislativo, buscarán persuadir a los infractores a través de un golpe al bolsillo.

En Echeverría hay unas 900 motos retenidas en el depósito municipal. “Nos representa un problema, pero es mayor el que nos genera que circule este tipo de vehículos”, lanza Alberto Auruccio, secretario de Gobierno local. “Estamos viendo aquellas que tienen una sentencia firme para proceder a la subasta en un tiempo no muy lejano”, completa. Además, están terminando de acondicionar un predio en Monte Grande en el que también funcionará el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Cada día que transcurre en depósito la moto, su dueño debe abonar alrededor de $ 50. A eso hay que sumarle el valor de la multa. “Cuando se pasa un mes, no las pueden retirar por motivos económicos”, reconoce Auruccio.

Ahora, plantean modificar la ordenanza que adhiere a la ley provincial con el objetivo de que lo que recauden en los remates sea destinado a la compra de equipamiento para el personal de tránsito, tales como motos grandes.

En Ezeiza la situación recién comienza a resolverse paulatinamente. Llegaron a tener 400, pero lograron disminuir ese número a través de un plan de moratoria y financiación para que los infractores puedan retirarlas. “Estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para llevar a remate o a desguace las motos que nadie viene a buscar”, indica Julio Fernández, director de Tránsito de Ezeiza, en sintonía con lo que tienen pensado hacer en Brown. La diferencia radica en que no plantean la posibilidad de destruir los vehículos, ya que eso demanda un alto costo.

Tal es el problema que representa la falta de espacio donde depositar los vehículos, que en Ezeiza optaron por retener registro en lugar de incautar las motos. El conductor podrá circular durante 30 días con un acta labrada pero, una vez transcurrido ese tiempo sin regularizar la situación, le destruyen la licencia. “Sólo retenemos las motos en caso de falta de registro, cédula verde o pedido de captura”, clarifica Fernández.

Según analiza su par lomense, esta alternativa no es válida para el Distrito porque, en la mayoría de los casos, la sanción se debe a que conducen sin licencia: “Muchas veces, se trata de menores que no tienen registro de conducir”, explica Guelardi.


18 de octubre de 2012

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