El intendente de Merlo, Raúl Othacehé, envió un comunicado con su firma en donde explica que nunca ha sido citado ante la Justicia por una supuesta denuncia que presentaron desde la Comisión Provincial por la Memoria.
A continuación, el texto:
Ante las versiones periodísticas que informan que el copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Dr. Hugo Cañón y su secretario ejecutivo, Sr. Alejandro Mosquera, supuestamente habrían presentado una denuncia en mi contra por violación de los deberes de funcionario público, basada presuntamente en haber desobedecido una medida judicial de no innovar decretada por el Juez Daniel Rafecas y haber dictado una orden contraria a la legislación vigente de preservación de los llamados “Sitios de Memoria” por haber dispuesto la demolición de la antigua construcción donde anteriormente funcionara la Comisaría de Libertad, es mi deber aclarar que ello no es más que una vulgar operación mediática y burda maniobra política.
Quienes dicen ser denunciantes no son más que dirigentes políticos que se escudan y enmascaran en un organismo cuya misión es mantener viva la memoria de los bonaerenses, utilizándolo para hacer política partidaria y llevar agua para su molino.
El Dr. Hugo Cañón ha sido candidato a diputado provincial representando a la alianza “Nuevo Encuentro” y permanece aún en sus filas, en tanto que el Sr. Alejandro Mosquera, ex diputado provincial por la nefasta “Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación” que gobernó al país entre 1999 y 2001, actualmente se encuentra enrolado en el partido “Encuentro por la Democracia y la Equidad”, principal y fundamental integrante de la coalición electoral “Nuevo Encuentro”.
Por ser públicas, no resulta novedoso decir que desde hace varios años mantengo notorias e insalvables diferencias con quienes dirigen este espacio político, y en particular, con su líder, el diputado nacional Martín Sabbatella.
Jamás el Juez Rafecas notificó ni a quien suscribe ni a ninguna dependencia de la Municipalidad de Merlo de la prohibición de innovar que había decretado, como así tampoco existe normativa alguna que indique que el edificio donde alguna vez funcionara la Comisaría de Libertad haya sido un centro clandestino de detención y/o tortura y/o exterminio durante la ultima dictadura militar.
Por eso digo que quienes montaron esta maniobra saben perfectamente bien que mienten, saben perfectamente bien que están usando con fines inconfesables un espacio destinado al mantenimiento de la memoria y a la colaboración con los organismos de derechos humanos, saben perfectamente bien que, camuflados desde un lugar público, realizan actos de una total y absoluta bajeza política, indignos de una democracia madura como la que hoy gozamos todos los argentinos.
31 de mayo de 2012