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Denuncian a Jorge Macri por contaminación

Es Fabio Calcaterra, gerente de la multinacional Farm Frites, cuya planta industrial afecta a un barrio de la localidad de Vicente López, distrito que Jorge Macri quiere gobernar.
Lunes, 19 de septiembre de 2011 a las 00:09

Fabio Calcaterra es el responsable de la filial argentina de Farm Frites, una de las compañías de papas precocinadas más importantes del mundo. Calcaterra dirige este negocio a través de la firma Alimentos Modernos SA, tiene entre sus clientes a las más famosas cadenas de comida rápida del mundo, exporta el 70% de su producción a países limítrofes y este año espera facturar alrededor de 75 millones de dólares, procesando más de 100 mil toneladas de papas.

Pero los vecinos de la localidad bonaerense de Munro, donde está ubicada la planta de Farm Frites, no sólo no ven ningún beneficio para el barrio en el éxito comercial de Calcaterra, sino todo lo contrario: lo padecen día a día.

“El mayor problema es el amoníaco. No sabemos si lo despiden por el aire o por las cañerías, pero es insoportable. En cualquier ambiente, el olor es impresionante, se nos duerme la boca y los ojos empiezan a llorar”, le confió a Tiempo Argentino Karina Manzoni, que vive en el barrio hace 26 años.

“Muchos fueron vendiendo las propiedades porque no aguantaban más el olor a amoníaco, y nuestras casas perdieron valor por estar al frente de esta fábrica”, agregó Cristian Di Yorio, uno de los tantos damnificados por el funcionamiento de esta industria en pleno barrio residencial.

Di Yorio agregó que el año pasado compraron más lotes en la cuadra, y a la planta se le sumó la construcción de un frigorífico, llamado Cool Mind, donde almacenan las papas, eliminando lo que era un pulmón de manzana.

En general, cuando los vecinos hablan del dueño de estas empresas, no lo llaman por su apellido, sino por el de uno de sus parientes: Calcaterra es primo de Mauricio Macri. Su madre y el padre del jefe de gobierno porteño son hermanos.

Los vecinos afectados denunciaron que ambos establecimientos incumplen normativas provinciales como las leyes 11.459, 11.723, 11.720 y la llamada Ley General del Ambiente, que entre sus exigencias establece la de realizar audiencias públicas como un mecanismo de consulta a la comunidad, previo a la instalación de plantas de este tipo.

Pero eso nunca sucedió, y desde 2010 el frigorífico Cool Mind funciona con una habilitación municipal precaria y sin respetar los parámetros de edificación establecidos en los planos originales, ya que tiene el doble de altura de lo permitido.

En el caso de Farm Frites –donde Calcaterra ocupa el cargo de CEO–, sus instalaciones se amplían cada vez más, invadiendo otros sectores del barrio. Cuando se radicó en la zona, ocupaba un cuarto de manzana y tenía la capacidad de procesar 14 mil toneladas anuales de materia prima. Pero hoy, al cuadruplicar su nivel de producción, los problemas se multiplicaron. Los vecinos se quejan de contaminación ambiental, proliferación de ratas, tránsito constante de camiones y hasta la salida de restos de papa por los inodoros de las casas en los días de inundaciones.

El camping transportista con el baño en la calle
La casa de Manzoni está ubicada en Colombres 2272, un primer piso cuyo frente coincide con el portón de entrada y salida de camiones de carga. “Como los transportistas no tienen un lugar donde estar, estacionan en cualquier lado, rompen las veredas y hacen sus necesidades en nuestras puertas. Acampan directamente. Todos los frentistas tuvimos que poner pilotes, hierros, levantando el cordón cuneta. Una vez, incluso, un vehículo entró al jardín de una casa”, describió Manzoni.

Muchos otros vecinos sostuvieron que los “aprietan” para que se desprendan de sus casas. Así sucedió con el hombre que vivía abajo de su departamento y que hace pocas semanas vendió su casa. ¿El comprador? El propio Calcaterra, a través de la firma con que maneja su frigorífico.

“Me van a asfixiar, eso hacen las multinacionales. Miran qué edad tenés para saber si te vas a morir dentro de poco y calculan cuánto te ofrecen. Es probable que sigan comprando predios hasta que nos cansemos. Pero no nos vamos a ir, los usurpadores son ellos”, sostuvo indignada Manzoni, y agregó que a su madre, que tiene su propiedad a una cuadra, también le hicieron una oferta. Por ahora resiste.

“Quieren que se la regalemos para quedarse con todo. Son unos sinvergüenzas que juegan con nuestra necesidad. El propio Calcaterra me dijo: ‘ustedes son una molestia para nosotros. Yo les mando un tasador y se acabó el problema’”, aseguró Elida Woityna, que desde 1946 vive en Munro.

Muchas denuncias, pocas respuestas
La primera denuncia fue realizada en la municipalidad de Vicente López el 24 de octubre de 1996 y quedó registrada en el expediente Nº 11.533. Cuatro años más tarde, el 29 de marzo de 2000, la entonces Secretaría de Política Ambiental de la provincia reconoció que “la empresa se encuentra instalada en medio de un barrio residencial que estaría afectando la calidad de vida de los denunciantes”, según consta en el expediente Nº 2145-830/2000.

Hasta el propio intendente municipal, Enrique “Japonés” García, concedió al grupo de vecinos una entrevista en marzo pasado, donde escuchó sus reclamos y les prometió una solución en 15 días, algo que jamás sucedió.

Como el jefe comunal no les volvió a atender el teléfono, los vecinos acudieron oportunamente a la Defensoría del Pueblo de Vicente López, al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y hasta llegaron a golpear las puertas de la Embajada de Holanda, de donde es oriunda Farm Frites. En la sede diplomática los recibió el encargado de Asuntos Agrícolas, quien les dijo que en su país “tenían confianza en la empresa”.

El reclamo de relocalización es unánime. “Queremos que las industrias crezcan, pero no a costa de nuestra salud física y psíquica. No queremos que cierre, sino que se relocalice. Uno está durmiendo y tiene que levantarse porque siente que se asfixia por el olor a amoníaco”, apuntó Mario, otro afectado.

El mismo pedido lo hicieron llegar al subsecretario de Inspección General de Vicente López, Javier Carrillo, el lunes 8 de agosto de 2011, cuando los recibió en su despacho. La respuesta del funcionario no dejó dudas. “Fue sincero: dijo que no se iba a reubicar y que teníamos que convivir con la empresa”, contó una vecina que asistió al despacho de Carrillo.

Cansados por la falta de soluciones, en febrero pasado un grupo decidió cortar la intersección de las calles Matheu y Fleming, y reactivar la recolección de firmas que se había iniciado en noviembre de 2010, y que en mayo último alcanzó las 350 adhesiones.

La bronca se profundizó con las fuertes tormentas que cayeron entre el 18 y el 20 de febrero, convirtiendo al barrio en una enorme pileta donde flotaban restos de papas fritas bañadas en aceite. Cinco días después, y ante la denuncia de los damnificados, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) inspeccionó la fábrica y la clausuró tras detectar un total de 42 infracciones.

El acta labrada ese día señaló que se “procede acorde al artículo 92 del Decreto 1741/96 reglamentario de la Ley 11.459 a aplicar la clausura preventiva total del establecimiento”, al comprobar “la existencia de grave peligro de daño inminente sobre la salud de los trabajadores, de la población o del medioambiente”.

En diálogo con Tiempo, la jefa de prensa de OPDS, Natalia Duana, confirmó que “se clausuró toda la planta porque no cumplían con innumerables requisitos de seguridad e higiene. Ni siquiera tenían en condiciones los matafuegos”, por lo que “no bien se hizo la inspección, se clausuró automáticamente”. Duana agregó que “ahora se le está solicitando a la empresa una cámara decantadora para la captura de sólidos para evitar nuevas inundaciones”.

De todas formas, en el barrio aseguraron que, en realidad, la industria casi no dejó de producir, ya que el cierre sólo duró un par de horas y en la actualidad sigue funcionando como siempre.


Calcaterra, Macri y compañía
La historia de cómo llegaron los Calcaterra, una familia ligada tradicionalmente al rubro de la construcción, al rubro de las papas fritas, es bien conocida. Fue a mediados de la década del ’90, cuando Fabio Marcelo, el menor de los hermanos del clan, le compró a la viuda del ex corredor automovilístico Juan Manuel Bordeu la fábrica Alimentos Modernos.

Por esa operación, Antonio Calcaterra, cuñado de Franco Macri y padre de Fabio, desembolsó 750 mil dólares, según publicó el diario Clarín en su edición del 21 de octubre de 1996. Como dato llamativo, al momento de la venta, la hija menor de los Bordeu, Yvonne, hacía tres años que se había divorciado del padre de sus tres hijos, Mauricio Macri.

A sus 47 años, Fabio, que suele cultivar el perfil bajo, comparte la conducción de varias empresas con su hermano Angelo, como sucede con San Tonino SA, que alberga a su vez a Alimentos Modernos y San Fili SA, también dedicada al rubro agropecuario. En 2006, esta última firma se asoció a Farm Frites y juntas adquirieron 15 mil hectáreas de campos en el departamento de San Carlos, a 130 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Dos años después, construyeron ahí mismo un frigorífico con capacidad para acopiar y mantener ventiladas las papas ya cosechadas, y hasta instalaron una estación meteorológica propia. Farm Frites también cuenta con una planta de almacenamiento en las afueras de Mar del Plata, al lado del aeropuerto internacional Ástor Piazzolla. El predio de 40 mil metros cuadrados fue donado a la empresa de Calcaterra por el municipio costero en mayo de 2000.

La multinacional que en la Argentina conduce Calcaterra comenzó sus operaciones allá por 1971, en la ciudad holandesa de Oudenhoorn. Hoy, figura entre las tres primeras procesadoras de papas fritas y productos congelados de Europa. Sus números son contundentes: al año, elabora más de un millón de toneladas de papas y 500 mil de producto terminado; cuenta con nueve centros de producción y más de 1700 empleados. Sus productos se consumen en más de 45 países y factura cerca de 4000 millones de euros.

En la Argentina, le provee a famosas hamburgueserías y a los principales supermercados. Pero la mayoría de su producción se exporta a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Y todo sale de la polémica planta de 10 mil metros cuadrados que Calcaterra posee en Munro.

Con las elecciones comunales cada vez más cerca, la decisión de relocalizar o no la fábrica quedará en manos del próximo intendente de Vicente López. Si es que García no logra revalidar el cargo que ejerce desde hace 24 años, los vecinos tienen poco margen para el optimismo: en las primarias de agosto pasado, se impuso Jorge Macri, otro primo del jefe de gobierno porteño.

Fuente: Tiempo Argentino

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