La ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en el Barrio Uspallata del partido de San Isidro fue sancionada en las últimas horas en la Legislatura bonaerense.
Se trata de un asentamiento ubicado en la localidad de Beccar, a cuyos habitantes el intendente del Frente Renovador, Gustavo Posse, ofreció un subsidio de 350.000 pesos con el fin de que se radiquen "en otras provincias o municipios".
Ante esta situación, la diputada del Frente para la Victoria María del Carmen Pan Rivas presentó un proyecto de expropiación, con el objeto de adjudicarles las tierras a sus actuales ocupantes con el cargo de la construcción de vivienda propia.
Esa iniciativa obtuvo media sanción en diciembre de 2014 en la Cámara de Diputados bonaerense y, en la noche del jueves, fue convertida en ley en el Senado.
Al respecto, el subsecretario de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Gobierno provincial, Francisco Cafiero, celebró la sanción de la ley y afirmó que "hoy los vecinos cuentan con seguridad jurídica y legal, y nadie los puede echar del barrio donde viven en familia y realizaron sus actividades por más de 30 años".
Manifestó que “se demostró que el derecho, la historia y la pertenencia de los vecinos del barrio Uspallata a San Isidro, valen más que la millonaria especulación inmobiliaria que pretende realizar el Municipio. Posse debe aceptar la ley".
En octubre pasado, a través de un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante, Posse planteó que se abonaría un subsidio de 350.000 pesos a los vecinos "para la compra o construcción de la solución habitacional elegida por cada familia, en otros municipios o provincias".
En el texto se aclaró que sólo "ante casos excepcionales y si las circunstancias lo ameritan" los vecinos podrían comprar o construir inmuebles "ubicados en San Isidro".
"Concluido el plan y erradicadas las viviendas y sus pobladores, el Ejecutivo procederá a la venta del predio, (ubicado en Iberlucea y Padre Acevedo de la ciudad de Béccar), mediante los procedimientos previstos por las leyes que lo rijan", agregó.
Por entonces, la propuesta generó el rechazo del Defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto; de concejales kirchneristas del distrito y por referentes provinciales del oficialismo al considerarla "discriminatoria".
17 de abril de 2015
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