Quieren penar a quienes concurran a los prostíbulos

 

En paredones y tapiales del Conurbano, a pincel o aerosol, una frase sin mucho pulso denota una de las aristas más difíciles de combatir de uno de los comercios ilegales más aterradores: “Sin clientes no hay trata”. Respondiendo a esta idea, la justicia argentina está en búsqueda de una reforma que permita penalizar a los clientes de prostíbulos para poder combatir la trata de personas.

En muchos casos policiales en los que se allanan prostíbulos se ha encontrado que muchas de las mujeres que allí trabajan eran obligadas a brindar servicios sexuales y hasta secuestradas para nutrir ese comercio.

Un proyecto de ley busca tipificar el delito de consumo de servicios sexuales para así, al castigar al cliente, atentar contra las redes de trata. Si se logra disminuir la gran demanda de sexo pago, se podrá evitar casos de explotación y secuestros.

Además, la iniciativa promueve la lucha contra una serie de cyber-delitos que no están tipificados en el Código Penal, como la promoción y facilitación de la prostitución por Internet, una actividad que creció a pasos agigantados desde que se prohibió la publicación de avisos clasificados de este rubro en los diarios.

La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) -perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Nación- es el organismo que está detrás de la creación de la nueva normativa legal. El fiscal Daniel Ichazo explicó en una entrevista con el periódico Diario Popular, como será el proyecto y como avanzan los trabajos. “Se está recolectando legislación extranjera para adaptarla a nuestro sistema jurídico”, destacó.

En este sentido, el experto en delitos conexos a la trata de blanca explicó que “se debe cortar la demanda para atacar a las mafias que se esconden detrás del comercio sexual”. "Estamos convencidos que hay que penar a la persona que va a un burdel y paga por sexo. Es la única manera de terminar con el círculo vicioso. Mientras siga habiendo clientes, seguirán existiendo grupos delictivos que secuestran y explotan mujeres para lucrar”, enfatizó Ichazo, quien se encuentra al frente de la Fiscalía 1º de Berazategui y, desde 2011 a la fecha, clausuró más de 230 prostíbulos en Quilmes, Florencio Varela, un sector de La Plata y su jurisdicción.

El ejemplo europeo

Para Ichazo, el resultado de la experiencia en Suiza es alentador. Según describió, en ese país de Europa se implementó una serie de sanciones para los clientes de las prostitutas que “la sociedad acompañó”. “En 2010, las autoridades suizas implementaron este sistema y funcionó a la perfección. Obviamente hay que adaptarlo a nuestro sistema, por eso lo estamos analizando y buscamos la forma de poder aplicarlo acá”, aseveró.

“Estamos bastante atrasados en materia de legislación por las redes informáticas. El principal problema es que los grandes servidores se encuentran en Estados Unidos, por lo que se complejiza aún más el tema. De todos modos estamos trabajando para presentar el proyecto cuanto antes”, afirmó el fiscal Ichazo y  agregó, “no hay castigos para los dueños de las páginas de Internet que lo promocionan y, muchas veces, detrás de lo que ofrecen hay chicas esclavizadas en prostíbulos que fueron secuestradas. Hasta que no se regule este aspecto, vamos a seguir teniendo escollos para combatir a las mafias de la trata”.

Finalmente, el especialista consideró que “es una lástima” que no se hayan tomado estos puntos en la nueva Ley de Trata de Personas, que fue incluida al Código Penal en el mes de diciembre tras la aprobación de una reforma. “Se sancionó y no se llegó a tratar un montón de aspectos que quedaron en el tintero".

 

 

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