Denuncian maniobra desestabilizadora contra el PAMI por una resolución

Liliana Korenfeld junto a la CGT oficial

Este martes por la mañana, cientos de manifestante se concentraron frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (en Diagonal Norte y Florida) para protestar sobre los alcances de la resolución 1200-2012 que promovió ese organismo.

Aunque para especialistas dedicados al tema, los fundamentos de la marcha no tuvieron bases sólidas y los rumores de maniobras desestabilizadoras resonaron fuerte desde las dependencias del gobierno. 

Según difundieron en un comunicado las asociaciones que velan por los derechos de personas con discapacidad (La Obra Don Orione, AIEPESA, ASAC, CAIDIS, FENDIM, APADEA y FADEA), ésta normativa “desconoce prestaciones reconocidas por la Ley, desfinanciando el sistema de atención a personas con discapacidad. Exponiendo a las mismas a quedar sin atención o a que sus familias afronten los costos”.

Además expresaron que “el PAMI no reconoce los valores de las prestaciones fijadas por el Ministerio de Salud en el Nomenclador del Sistema Único. Abona  discrecionalmente valores inferiores. Coloca a  las instituciones prestadoras de servicios en una situación crítica”.

Sin embargo, la semana pasada la misma Súperintendenta, Liliana Korenfeld, se había reunido con autoridades de varios sindicatos y miembros del CONADI para rever dicha resolución y llegar a un acuerdo en común. Al respecto, entró en vigencia un período de 15 días para consultar a todas las obras sociales “para el caso de que fuera necesario una eventual modificación de la resolución en consulta”.

La crítica de los sectores sindicales se fundamentaba sobre todo en el artículo 8 de la Resolución, que establecía que el reintegro “no es obligatorio” y se hará “según las disponibilidades presupuestarias y las razones de oportunidad, mérito y conveniencia”.

Casualmente, en este punto se centró el diario Clarín, que tituló “Reclamo de discapacitados para que les garanticen su atención”. Lo cierto es que 24CON consultó a la especialista en obras sociales, Gabriela Foces, quien desmintió tales versiones. “En ningún momento el texto decía que iba a dejar a alguien sin prestaciones. La resolución (que quedó finalmente suspendida hasta el 30 de noviembre) intenta implementar un nuevo sistema, que de hecho fue muy solicitado por todos, con la idea de darle fundamento terapéutico y médico a los reintegros”, señaló.

“El PAMI da muchas prestaciones a los discapacitados, en el caso de las obras sociales no tienen por qué quedar las personas sin beneficios, porque las leyes están por encima de las resoluciones”, agregó.

Es por eso que las versiones de posibles internas políticas y sindicales pusieron en duda la marcha de este martes. Desde el mismo PAMI lo dejaron en claro con un comunicado en respuesta: “Las versiones desestabilizadoras y falaces sólo contribuyen a generar malestar y preocupación, PAMI sostiene su compromiso con sus afiliados lamentando que sea necesario expedirse nuevamente respecto a este tema en beneficio de la tranquilidad de sus titulares de derecho y familiares”.

En líneas anteriores, el texto expresa: "PAMI confirma una vez más que las prestaciones destinadas a garantizar la correcta atención de las personas discapacitadas, dependientes de dicha obra social, se encuentran funcionando con total normalidad". Y también dejó en claro que "el Instituto mantiene regularizada la cadena de pago, por lo tanto no hay motivo para que ninguna organización que atienda a afiliados de PAMI interrumpa su cobertura".

30 de octubre de 2012

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