Quisieron darle una casa para que no reclame más

La protesta y el acampe de más de 50 familias sin techo frente a la Municipalidad de Avellaneda lleva casi un mes y, lejos de tener una solución, recrudeció en las últimas horas con una denuncia de “soborno y extorsión” que realizó una de las representantes del grupo contra dos funcionarios del intendente Jorge Ferraresi.

Silvina Agüero, miembro de la comisión que formaron los manifestantes, acusa al secretario privado y coordinador de Gabinete de la intendencia, Hugo Barrueco, y a la directora de Hábitat, Adela Ramírez, de ofrecerle una casa a cambio de que abandone a sus compañeros en el reclamo. “Me dijeron ‘tus vecinos siguen dando vergüenza acá afuera’”, aseguró la mujer de 37 años, madre de seis chicos, en declaraciones al diario La Tercera.

Según denunció, estos funcionarios le pidieron primero que deje el acampe y la comisión vecinal que integra, para hacerse acreedora de la vivienda. Incluso el trámite avanzó y hasta se la reservaron. Pero luego, como continuó al lado de “los que no tienen nada”, le dijeron que se la sacaban “por una decisión política”.

“Me ofrecieron una casa y acepté porque la necesito, pero cuestioné que no solucionaran el problema de las otras familias. Entonces, de un día para el otro me dijeron que me perdía la oportunidad, porque el reclamo seguía. Me dieron papeles y documentos con detalles de la adjudicación, pero igualmente esa casa se la dieron a otra persona. Todo en forma inmediata, porque no me fui del reclamo”, detalló la afectada.

El conflicto con los vecinos comenzó en 2010, cuando el grupo intentó ocupar el pedio El Relámpago de Villa Domínico, donde se había anunciado que se construirían casas del Plan Federal de Viviendas. Durante el desalojo municipal, hubo represión: “Aun perduran las marcas de las balas de goma”, dice Agüero.

Los referentes de estas familias fueron recibidos entonces por el secretario privado Barrueco, que también es Vicepresidente Segundo del club Independiente. Tras un censo entre los vecinos del barrio para “determinar prioridades”, les prometieron adjudicar 200 inmuebles a los más necesitados.

Pero el tiempo pasaba y las palabras no se transformaban en hechos. Fue así que, al consultar cuánto faltaba para ser convocados a la adjudicación, descubrieron que las casas habían sido “entregadas a la gente de la UOCRA y la CTA, y a habitantes de otro barrio”. Ante la indignación, iniciaron la protesta permanente frente a la Comuna.
 
“Nunca pudimos reunirnos con el intendente, que tiene en la cabeza que la cuestión es política. Nada que ver, acá hay una necesidad real”, señaló Agüero. Sí mantuvieron algunos encuentros con el secretario de Gobierno, Pablo Vera, a quien le rechazaron una oferta para construir sólo 15 viviendas en Isla Maciel en un lapso de dos años. “Hay necesidades que no pueden esperar ese tiempo”, agregó la mujer.

Maniobra turbia

En una de estas últimas reuniones, a fines de agosto, Barrueco puso en contacto a los vecinos con la Dirección de Hábitat comunal, para que tomara cartas en el asunto. Su titular, Adela Ramírez, fue la que armó la “maniobra” que Agüero sacó a la luz. “Me dijo que mi problema se iba a solucionar, pero que me tenía que correr, que me vaya del reclamo”, cuenta la involucrada.

La funcionaria le entregó rápidamente a Agüero los documentos de preadjudicación de un departamento en el predio Nueva Ana del Plan Federal de Domínico, firmado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ariel Alejandro Lambezat, con fecha del 31 de agosto. Sin embargo, al día siguiente, ella fue hasta el lugar y descubrió que la vivienda se encontraba ocupada por otro vecino, que portaba el mismo documento.
 
“Ambos teníamos el mismo papel y, cuando vuelvo a la Municipalidad, Barrueco y Ramírez me dijeron: ‘¿Viste? Tus vecinos siguen dando vergüenza acá afuera. Te sacamos la preadjudicación porque seguís apoyándolos’”, asegura. El caso fue denunciado ante la Fiscalía de turno de Avellaneda.

Los manifestantes también realizaron un acto en repudio al “abandono de persona de las dos mujeres que perdieron sus embarazos en el acampe”, y exigieron que finalmente se concrete un encuentro con el intendente Ferraresi.

 

27 de septiembre de 2012

 

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