Declaró contra dos policías y después fue apuñalado en la cárcel

En el 2005, dos oficiales de la Bonaerense le ofrecieron 60 mil pesos para ir a robar a la casa de un funcionario que resultó asesinado junto a su esposa.

La fina lluvia de jueves se empecina con los visitantes que recorren a pie los 300 metros que separan el portón de ingreso de la Unidad N° 48 de San Martín de la mesa de madera gastada donde dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense revisan los alimentos y las bebidas para los internos del lugar. Detrás de ellos, un hombre de unos 40 años, con un collar de mostacillas verdes y rojas hecho pulsera y un tatuaje de tinta china en el antebrazo, acomoda las bolsas. Sus cejas lucen depiladas y su mirada esquiva anuncia que su mente está lejos del ejercicio autómata que realiza a cambio de una visita íntima.

La cárcel está ubicada sobre el Camino del Buen Ayre, al lado de un relleno sanitario, como los especialistas llaman a los basurales asentados en distintos puntos del Conurbano bonaerense.

Para entrar al penal hay que quitarse las pulseras, cadenitas, el reloj y dejar el celular en el auto. Además, hay que entregar el documento y desnudarse por completo frente al morocho de metro sesenta que controla que nada fuera de lo permitido ingrese. Durante el horario de visita, no se puede entrar una botella de vinagre como tampoco gaseosas sabor cola y galletitas rellenas, entre otras cosas.

Antes de traspasar el censor de metales, en el brazo derecho, justo debajo de la muñeca, los guardias colocan un sello redondo con tinta negra e invitan caminar 20 pasos, donde se abre un nuevo portón, que conduce al sendero cuyo destino final es el sector de escuelas, donde Jesús Cabral espera con un bolso negro y una carpeta en la que carga su historia.

Jesús, de cabello negro corto, con una cicatriz en el arco superciliar de su ojo derecho y manos inquietas, está alojado en el pabellón N° 8 por tenencia ilegal de arma de uso civil, delito por el que deberá pagar cuatro años de prisión. Pero la cárcel no es su problema. Eso no le quita el sueño. De lo que tiene miedo es de que lo maten para silenciar un crimen que conmovió a la localidad bonaerense de Del Viso en diciembre de 2005.
 
Los primeros días de octubre de 2005, Jesús Cabral se reunió con dos personas que les había recomendado un contacto. Los tres se juntaron en la estación de trenes de Del Viso y caminaron hasta una pizzería ubicada en la esquina, donde los desconocidos le plantearon el “trabajo”: asaltar a Ángel Alberto Marcos, asesor del entonces senador José Molina, quien hoy es ministro de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

Según Jesús, los dos hombres de buen vestir, conocían en detalle la vida de Marcos. Café de por medio, ambos le dijeron que el trabajo iba a dejarle una ganancia mínima de 60 mil pesos y le dieron un teléfono celular para llamarlo en las próximas semanas.

Al día siguiente, Jesús se encontró con una antigua conocida, quien lo alertó de que los dos hombres con los que se había entrevistado en aquella pizzería eran, en realidad, policías. Jesús optó por desprenderse del teléfono y nunca más volvió a verse con los desconocidos.

Unos meses más tarde, el domingo 25 de diciembre de 2005, Ángel Alberto Marcos, fue hallado muerto junto a su pareja, Nancy Nolasco, en el interior de su casa en Del Viso. La mujer estaba atada de pies y manos y su cabeza estaba cubierta por una bolsa de supermercado, sujetada al cuello por una chalina. A Marcos lo hallaron en la bañadera, también atado de pies y manos, con una bolsa en la cabeza.

Dentro de la vivienda, los investigadores y peritos encontraron 11.500 pesos, por lo que descartaron un robo y comenzaron a establecer distintas hipótesis aunque nunca pudieron dar con los autores del hecho. Los asesinos quemaron la camioneta de la víctima antes de huir.

En ese momento, Cabral estaba detenido en la comisaría de Pablo Nogués. Viendo la televisión en el calabozo se enteró del doble crimen, pero no se animó a dar testimonio porque pensó que lo iban a matar. Tenía miedo.  Sabía que los responsables de los asesinatos no eran delincuentes comunes y contaban con protección e impunidad en la zona norte del conurbano.

Tres años más tarde, Jesús Cabral, por entonces alojado en el penal de Magdalena, declaró ante el fiscal de Pilar, Gonzalo Acosta, y confesó que los policías Ricardo Argüello Pomar y Marcelo Orriola Monzón, lo habían contactado en octubre de 2005 para robar en la casa de la víctima. Ellos eran los hombres de la pizzería que le habían dejado el celular.

“No participé porque mi amiga me avisó que eran policías. Aparte, para la fecha del crimen yo estaba preso por otra causa”, advierte Jesús, antes de terminar el mate y estirar el brazo para agarrar una factura que trajo otro preso que tiene la camiseta del club de ascenso Lamadrid.

El testimonio de Jesús fue tan importante que Argüello Pomar resultó detenido y permanece alojado en la Unidad Nº 9 de La Plata.  Por su parte, Orriola Monzón murió en una extraña persecución policial antes de ser apresado.

El año pasado, Jesús volvió a caer preso y desde entonces comenzó a sentir el acoso de los guardias del servicio penitenciario, situación que alcanzó el pico máximo de violencia el 10 de septiembre pasado, cuando lo levantaron de su cama de madrugada y, a los golpes, lo llevaron hasta una oficina donde lo esperaba un grupo de agentes, con cara de pocos amigos.

“Estaban el director de la unidad, Mario Aranda, y los dos subdirectores, Ruiz y Pantoja, quien le ordenó al oficial Lavallén que me pinchara con una cuchilla tipo de carnicero. Me cortaron en el abdomen y en la pierna, me dijeron que ‘limpiara a Argüello’ y me llevaron de nuevo al pabellón”, recuerda Jesús, quien jura que jamás recibió atención médica por las heridas que le infligieron.

Ese mismo día, a las 18 horas, recibió la visita de los “Coche bomba”, un grupo de presos que lo golpearon, le traspasaron el brazo derecho con un varilla y lo apuñalaron con una faca en la pierna. Los agresores le dijeron que era un “denunciero” y que se dejara de “romper las pelotas con Arguello”.

“Los ‘Coche bomba’ son un grupo que trabaja para el servicio penitenciario a cambio de drogas. Ellos me lastimaron y cuando me llevaron a sanidad, hicieron pasar como que todas las heridas me las había hecho ellos. Después me tiraron a buzones”, revela Jesús a Tiempo Argentino.  Cuando se enteró de la situación de este preso y testigo, Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución de la Defensoría General de San Martín, se acercó a la unidad y comprobó las heridas de la víctima. Casolati presentó un escrito en la Fiscalía Nº 7 de San Martín, advirtiendo y denunciando el comportamiento de los agentes del servicio penitenciario.

“Pensé que mataban en esa oficina. Tengo mucho miedo, por mí y por mi familia. Quiero pagar la condena sin que me maten. Le pido al gobernador que me ayude, él pidió que se esclarezca el caso y declaré para limpiar la imagen de Ángel Marcos”, dice Jesús mientras la cumbia suena a todo volumen en el pabellón.

De lunes a sábado, Jesús Cabral se despierta a las 7 para asistir a las clases de la Universidad Nacional de San Martín que funciona dentro del penal. Allí estudia Sociología y ocupa el cargo de prosecretario del Centro de Estudiantes. En el primer cuatrimestre de este año, aprobó Filosofía y Epistemología con diez e Historia General con nueve.  “A mí interesa estudiar y venir al pabellón solo a dormir. El problema es que tengo miedo de que me silencien para tapar el doble homicidio. Necesito ayuda, porque me quieren matar”, dice Jesús antes de despedirse con un abrazo y volver al infierno, en donde mandan los “Coche bombas”, el grupo de choque de los guardiacárceles.

 

21 de octubre de 2010

Fuente: Tiempo Argentino

 

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