Denuncian al intendente por el escándalo de corrupción
El "Barba" Gutiérrez fue denunciado en la Justicia por referentes de la oposición. Qué dice el escrito presentado y cómo lo compromete.
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Los diputados nacionales Miguel Ángel Bazze y Juan Pedro Tunessi, junto a Gerardo Millman del GEN y Juan Carlos Morán, y los concejales Fernando Pérez, Oscar García, Diego Buffone y Mario Sahagun de ese distrito, se presentaron en los tribunales de Comodoro Py este miércoles, donde presentaron el escrito.
La denuncia recayó en el fiscal Carlos Stornelli aunque los dirigentes de la oposición pidieron que se unifique con otras que ya presentaron dos abogados particulares.
Todo explotó en el programa Periodismo Para Todos, donde se mostró el caso Hugo Blanco, un analfabeto de 42 años que vive en una casilla de chapa en el barrio La Ribera. El problema es que figura en la Comuna como proveedor de materiales para el Plan con una facturación superior a los 2 millones de pesos.
A las pocas horas de que el caso tome repercusión mediática, en el distrito crearon una especie de Comisión Investigadora (que no puede destituir al intendente) para investigar con profundidad esta posible estafa con fondos públicos.
Al respecto, desde el oficialismo local expresaron que Blanco pertenece a un centro de ex convictos (La Roca) con el que el Municipio trabaja por un convenio con el poder Judicial. “Ellos se encargan de realizar sillas y cunas para personas de bajos recursos y ayudaron durante el tornado. Lo que facturó esta persona es lo que se le pagó a la Roca no solo a él”, expresaron las autoridades.
En la denuncia contra el alcalde Gutiérrez se establece que “los recursos financieros del programa provienen de las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social y de los que determine el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el programa es financiado con recursos de la Nación”.
“Dicho dinero es acreditado en una cuenta del Municipio: La cuenta 50601 de la sucursal Quilmes del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Resulta oportuno aclarar que esas sumas de dinero no están en el presupuesto municipal, ni tampoco su ejecución es sometida al sistema de control provincial”, dice el escrito.
En tanto, agrega que “las órdenes de compra deben ser firmadas por el Secretario de Producción del Municipio, Guillermo Robledo (uno de los más comprometidos en el escándalo), quien además controla la ejecución de las obras y también firman las órdenes el director de Compras Hugo Muñoz y la Secretaria de Obras Públicas del municipio Roxana González y corresponde a Alejandro Tozzola (secretario de Hacienda) el control sobre los pagos y actúa como agente de retención”.
“El Municipio participa activamente en el armado de las cooperativas, por medio de Leda Cejas, directora del programa de cooperativas y José Luis Pavón, Director del programa de Cooperativas del Municipio. Es decir, el Municipio tiene, cuanto menos, una gran ascendencia sobre la constitución y funcionamiento de las cooperativas”, dicen los firmantes según publica el sitio La Política Online.
Los concejales y diputados también aportaron otros casos en los que se habría cometido delito. Por ejemplo, Transporte Kil S.R.L., CUIT 30-71213349-6, facturó al Municipio la suma de $4.621.230,17, Darom Construcciones S.R.L., CUIT 30-70713000-4, facturó $9.975.545,14, y Diego Hernán Portillo, CUIT 20-25650504-6, facturó $3.862.985,81, sin tener empleados.
04 de octubre de 2012
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