Los patoteros de Cariglino son empleados municipales

Cuatro de los siete integrantes de la patota que golpeó a periodistas y familiares de presuntas víctimas de mala praxis en el partido de Malvinas Argentinas son empleados de la municipalidad que regentea Jesús Cataldo Cariglino. Así lo pudo establecer el fiscal de la causa, Santiago Camiñas, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 23, a partir de una serie de requerimientos que envió a distintas dependencias del municipio.

Pero la situación del intendente podría complicarse aún más, ya que quedó establecido en la causa, a partir de la denuncia de unas de las víctimas, que uno de los guardaespaldas personales de Cariglino fue visto durante la marcha frente al hospital zonal Claudio Zin, donde se produjeron las agresiones. El mismo personaje volvió a aparecer luego durante la reconstrucción judicial, cuando Cariglino irrumpió en medio del procedimiento para provocar a los familiares.

La patota

Walter Roberto Pereyra, Ramón Yuste, Horacio Pérez y Marcela Renee Benítez son empleados directos del municipio de Malvinas Argentinas y están identificados en la causa judicial como agresores de periodistas y familiares de las víctimas de presunta mala praxis, que participaron de la protesta el 5 de junio tras la muerte de Celeste Anahí Morales, una niña de siete años que falleció en el hospital zonal.

Mientras que Pereyra es subdelegado del pañol de la delegación de Los Polvorines, Yuste es empleado administrativo de la Secretaría de Gobierno del municipio, y Pérez es administrativo de la delegación de Grand Bourg Norte, al igual que Marcela Benítez. En tanto, también se desterminó en la causa que Irineo Sosa, otro de los denunciados, no es empleado pero sí percibe el beneficio del plan Argentina Trabaja que administraba la municipalidad hasta diciembre del año pasado. También fueron identificados Nelson Alberto Crespien, Adrián Marcelo Bojorque, quienes no son empleados del municipio.

La información contenida en la causa, a la que tuvo acceso en exclusiva Tiempo Argentino, confirma un dato que había sido reconocido de forma indirecta por el mismo intendente, durante la reconstrucción judicial del hecho. En aquella oportunidad, ante la pregunta periodística sobre si conocía a los integrantes de la patota, Cariglino fue contundente: "Puede ser, yo nací en Malvinas y todas las personas de Malvinas son allegados de una forma u otra", se justificó.

El custodio

Además de los miembros de la patota y los policías acusados de no tomar los recaudos necesarios para evitar la agresión de los atacantes, también estaban presentes "los que dirigían" la patota, según cuentan las víctimas de las agresiones.

Entre ellos fue identificado uno de los custodios de Cariglino. Desde el martes pasado figura en la causa  el nombre de Enrique Quarata, señalado como el custodio personal de Cariglino, quien durante la protesta frente al hospital se mezcló entre la patota vestido de camisa blanca y pantalón pinzado, vestimenta similar a la de los trabajadores de la salud.

El martes 4 de septiembre, cuando las víctimas de las agresiones participaron de la reconstrucción judicial junto al fiscal Camiñas, acompañados por miembros de Gendarmería, Quarata apareció otra vez en el lugar.

Silvia Burgos, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas y una de las víctimas de las agresiones, lo reconoció y se lo indicó al fiscal, quien le ordenó a los funcionarios de la Gendarmería que lo identifiquen.

"Durante la marcha del 5 de junio, cuando nos pegaron, este hombre estaba junto al director de Patrullas y Protección Ciudadana del municipio, Mario Daniel Echeverría, y el comisario Marcos Horacio Vera, y ninguno hacía nada para evitar que nos golpearan, sólo miraban. Incluso me dirigí a ellos para pedirles que pararan las agresiones, y uno de ellos me dijo: 'ustedes me dan asco, ustedes me dan vergüenza’, mientras ese tipo Quarata seguía charlando con ellos", relató Burgos a este diario.

Después, la golpiza se extendería también a los periodistas que habían ido a cubrir la marcha, entre ellos Mariano Vega, fotógrafo de Tiempo Argentino, el periodista Julio Mosle, la reportera gráfica Florencia Downes y el chofer Federico Molinari, todos de Télam; Ignacio Vaschetto, del portal local Malviticias; y Adrián Subelza, de Crónica.

Además del comisario Vera y el secretario de Seguridad Echeverría, miraban pasivos los policías, entre ellos el subcomisario Javier Adrián Lemma, el oficial principal Ernesto Juan Carlos Gloss, el teniente primero Julio Colque, los sargentos Walter Leonardo García y Ezequiel Alejandro Goienespe y los oficiales Rosalina del Pilar Chamorro y Gustavo Javier Gilamundieguy, todos identificados en la causa judicial acusados de haber incurrido en incumplimiento del deber legalmente impuesto, o sea, dejar que les pegaran a las familias.

Uno de los que no pegó, pero miraba sin asombro cómo los familiares de las presuntas víctimas de mala praxis recibían golpes, fue el concejal del bloque de Cariglino, Alejandro Groh. En ese momento, Silvia Burgos se acercó y le preguntó qué hacía ahí parado y con un handy en la mano. "Vine a traer a un enfermo", respondió tranquilo.

 Mientras tanto, distintos referentes del kirchnerismo se reunieron esta semana para evaluar las denuncias que se acumulan en contra de Cariglino. En la Cámara de Diputados de la Nación se reu-nieron  el vicepresidente Amado Boudou, los diputados Agustín Rossi, Julián Domínguez, Andrés "Cuervo" Larroque, Eduardo De Pedro y Edgardo Depetri; además del legislador bonaerense Fernando "El Chino" Navarro.

Se espera que el 2 de octubre las comisiones de Salud y de Derechos Humanos de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense sesionen en territorio malvinense con el objetivo de visibilizar e impulsar las denuncias que se acumulan por presunta mala praxis en el hospital zonal del que hace alarde Cariglino, analizar el sistema de salud e interiorizarse sobre la causa del asesinato del enfermero Walter Navarro, quien según relatan los familiares de los pacientes fallecidos, había comenzado a investigar las irregularidades en el funcionamiento del cuestionado hospital y, tras un robo fallido, murió de un balazo en la axila en la puerta de su casa.

El abogado de los familiares de las víctimas de presunta mala praxis, Jorge Cancio, señaló a Tiempo que "es raramente sospechoso que el ladrón vaya a robar y no robe nada, que deje tirado en la escena del crimen su DNI, que confiese el hecho a la policía en el momento de su aprehensión y que el homicidio se produjera luego de que el intendente pretendiera interferir en la reconstrucción de los hechos y que casualmente el enfermero haya aportado datos sobre hechos de corrupción dentro del sistema de salud de Malvinas Argentinas".

23 de septiembre de 2012

Fuente: Tiempo Argentino

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