"Es necesario que haya un control de la sociedad"

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se refirió a la implementación de un sistema de información pública sobre el destino de los subsidios al transporte. “Era un compromiso que asumimos con la Presidenta desde el primer día. Queríamos que se conociese cuál era la inversión del Estado nacional en materia de servicio público de pasajeros. Es una política vinculada a la transparencia y la inclusión, porque eso es lo que permite que un ciudadano que usa el transporte público pague un 25% de lo que vale el pasaje”, explicó el funcionario en una entrevista con el diario Tiempo Argentino.

–¿Cuál es la importancia política de la medida?
–Es fundamental, primero porque el acceso a la información pública de los recursos que pone el Estado Nacional desmitifica la idea de que no se sabe adónde va ese dinero. Acá está claramente identificado: va al transporte de colectivos, trenes y subtes, y a su vez, a cada una de las líneas. Por otro lado, es fundamental que haya un control social. Y la única forma de que lo haya es que haya acceso a la información pública en forma muy sencilla, rápida y alcance de cualquier ciudadano.

–Cuando usted ve los números, ¿qué cree que debería cambiar y con qué parte de la distribuucón de recursos está conforme?
–Lo que hemos hecho fue llevar adelante en estos 30 días un esquema que tiene que ver con una nueva distribución de los aportes que el Estado hace al transporte, en particular a colectivos. En ese caso, la distribución se hacía a partir de tres criterios: el 50% a través de la recaudación de cada línea, el otro 25 por la cantidad de pasajeros, y el restante 25 por cantidad de kilómetros recorridos. Pero al analizar esto, uno se daba cuenta de que el 75% tenía más que ver con el interés económico y la rentabilidad de la empresa que con el fundamento del interés del usuario. Modificamos ese mecanismo porque las empresas hacían menos recorrido y terminaban recaudando más dinero porque cargaban mayor cantidad de pasajeros.
Por eso hicimos un mecanismo de asignación absolutamente diferente vinculado, primero, al esquema de una empresa modelo en materia de costos. Esto tiene que ver con el personal, no puede haber más de tres trabajadores por micro, incluyendo a choferes, administrativos y mantenimiento. Y se constata a través del formulario F-931 en el que el empresario declara en AFIP contribuciones patronales y salarios. Hay otra asignación en materia de combustibles: a través de un sistema georreferenciado sabemos cuál es el recorrido del micro y la frecuencia, y le asignamos la cantidad de combustible en relación con el recorrido, frecuencia y manual de procedimiento de fabricación del micro. Y, por último, no le pagamos por unidades que consideramos que no son necesarias, sino que lo hacemos según el parque óptimo de unidades. A la vez, fideicomitamos un porcentaje para la renovación del parque automotor, para que no tenga una antigüedad mayor a cinco años. El objetivo es tener un parque automotor mucho más moderno.
Así, más que subsidio, nosotros vamos a empezar a hablar de compensaciones. El gobierno nacional aporta $ 965 millones por mes al Area Metropolitana, y 375 millones al resto del país. Hemos estabilizado ese fondo de compensaciones y creemos que debe asignarse de acuerdo a estas pautas nuevas.

–¿Sigue en carpeta el descongelamiento segmentado de las tarifas, incluso para aquellos que tienen la SUBE?
–Eso está planteado. Es un desafío que tenemos por delante, pero esto es un proceso, no un suceso. Por ahora, lo único que ponemos en marcha desde el 6 de agosto es la universalización del uso de la tarjeta SUBE.

–¿Cree que la tragedia de Once marcó un antes y un después en cuanto al rol del Estado en los medios de transporte?
–Yo separaría. Creo que respecto del accidente de Once hay que dejar que actúe la justicia. Tenemos que ser muy prudentes. De hecho, en la recisión de la concesión a TBA se deja en claro que no hay ningún resultado concluyente respecto del accidente, y que eso está en un proceso judicial. Sí me parece importante, en este marco, que vayamos abandonando definitivamente lo que fue el régimen de concesiones de la década del '90. Una concepción neoliberal en la cual el Estado se desentendía de un servicio esencial, para pasar a una concepción de mayor intervención y regulación del Estado. Hay una decisión política de que el Estado regule y controle el transporte.

–Respecto de la suspensión del contrato de la empresa que controlaba el SUBE, ¿hay posibilidades de que se rescinda?
–Estamos haciendo una revisión integral de lo que tiene esta secretaría y, en el caso de la supervisión de la SUBE, primero nos llamó la atención el monto de la contratación, cercano a los U$S 17 millones, cosa que es llamativa cuando nosotros, para el desarrollo del todo del Documento Nacional de Identidad gastamos U$S 18,6 millones. Para una supervisión del SUBE nos pareció un poco cara. Encontramos alguna anomalía y lo primero que hicimos fue suspender el contrato, los pagos, y no descartamos rescindir el contrato.

–Hay una impronta política en esa decisión rápida. ¿Fue para no deslegitimar a la SUBE en sí o fue por otra cosa?
–No, fue un tema conversado con la presidenta, de quien yo siento que tengo todo el apoyo para este desafío, que no es otro que mejorar el transporte público. Creo que si hay decisión política, y de hecho la hay, junto a la vocación, al compromiso y a la transparencia, es absolutamente posible tener un mejor sistema de transporte público en la Argentina.

–En este contexto, ¿cómo avanza el tema de la agencia tripartita de transporte entre Nación, Capital y provincia?
–Nos parece que es imposible diseñar un sistema de transporte público integral si no sentamos a las tres jurisdicciones. Se está avanzando, se están discutiendo competencias y responsabilidades. Creo que en no mucho tiempo más vamos a tener noticias respecto a la constitución final de este espacio institucional.

–Es curioso que se avance en conjunto tan rápido en la agencia y, por su parte, el gobierno de la Ciudad siga sin responsabilizarse por el manejo del subterráneo…
–El tema del subte está resuelto. Macri tiene que asumir la responsabilidad que le compete como jefe de la Ciudad, por un servicio público que es de la Ciudad. Está claro y se ve si uno toma los antecedentes, por ejemplo la Ley Cafiero y el Decreto 393 del '99 de transferencia del subte y, sobre todo, el convenio firmado el 3 de enero, que pone principios de ejecución cuando decide aumentar la tarifa. Y nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que establecía el artículo 3, que era una transferencia de $ 360 millones durante 12 meses, de los que ya hemos transferido 210 millones. Si uno ingresa a nuestra web puede ver que fueron ingresados 102 millones para el operador y 108 están en una cuenta para que la Ciudad los disponga para el mantenimiento de subte. Para nosotros, el tema está terminado.

28 de julio de 2012