Empleados municipales cobraban planes sociales
Los imputados habrían sido contratados por punteros del Intendente. Algunos adujeron que les falsificaron la firma. ¿Qué pasó con los "ñoquis"?
 Imagen ilustrativa. |
Además, la justicia dictaminó un embargo de entre mil y tres mil pesos para cada uno de los imputados que, según la misma fuente, habrían sido contratados por punteros allegados al intendente Osvaldo Amieiro en aquel entonces.
Según la investigación que llevó adelante el fiscal Guillermo Marijuán, con sentencia de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, los responsables estaban anotados en la nómina de personas aptas para cobrar los $150 de los planes mencionados.
El irregular mecanismo les garantizaba a los procesados el cobro de un doble ingreso durante varios meses: el plan social, otorgado por los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, sumado al sueldo que percibían por su trabajo en la administración municipal.
“Lo que está bajo sospecha es que algunos dicen que nunca firmaron nada y que tampoco los cobraban”, reveló la misma fuente quien puso en duda la responsabilidad de los autores. Porque, si es cierto que muchos de ellos no cobraban y figuraban en las listas, "¿quién falsificó sus firmas?".
“No sólo tenían empleo efectivo remunerado, sino que su empleador resultaba ser el propio municipio que debía velar por la correcta aplicación de tales fondos públicos, en clara contraposición a los preceptos contenidos en las normas que regulaban la materia”, argumentó en la resolución Salgado.
Una definición que podría hundir a Amieiro ya que determinaría la existencia de una posible falla grave: falta de monitoreo; y una potencial connivencia política. Por tal motivo, actualmente estaría bajo la lupa el propio jefe comunal y varios funcionarios que habrían cometido faltas por acción u omisión.
Los casos más resonantes
Según publicó Perfil, uno de los casos más significativos es el de Leticia Guzmán. La mujer ingresó a trabajar en la Municipalidad de San Fernando el 10 de mayo de 2000 en el área de Verificación Impositiva. De acuerdo a lo redactado en la denuncia, ella cobró el plan social durante cuatro meses del año 2002 y nueve meses de 2003.
Guzmán fue procesada por el delito de defraudación; sin embargo, declaró ante la jueza que “jamás se inscribió” para el otorgamiento de un subsidio y que su firma fue falseada para el cobro del Plan Jefes y Jefas.
Otro de los imputados es Víctor Aguerre, un hombre que se desvinculó del Municipio pero denunció lo mismo. Le imputan haber cobrado nueve meses de 2003.
30 de mayo de 2011
