Colony Park "en llamas": Investigarán usurpación de tierras y contaminación
Finalmente, la Justicia de San Isidro frenó la obra que avanzó en forma sospechosa y fue acusada de violar leyes y de "enterrar a los isleños".
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Es porque la firma del empresario Adrián Gabriel Schwarz nunca obtuvo la Declaración de impacto ambiental que exige el organismo de control provincial para comenzar a funcionar.
Las controvertidas tierras ganadas al río en el Delta ahora forman parte del fallo que dictaminó la magistrada Sandra Arroyo Salgado, la misma que interviene en el caso Herrera de Noble, donde insta a “la clausura de las instalaciones correspondientes a los emprendimientos Coloný Park y Parque de la Isla situada en Primera Sección con el fin de garantizar la paralización de las obras”.
A su vez, la jueza exhortó al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que depende directamente del jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, que actúe con poder de Policía "el estricto contralor y supervisión periódica, mientras dura su clausura preventiva con el fin de verificar que no se continúe con la ejecución de las obras a tanto se adecúen los emprendimientos el cumplimiento de la norma vigente en la materia".
La magistrada también instó a los peritos de la OPDS que, por fin, realice el estudio ecológico y determine si el country isla con decenas de lotes a 300.000 dólares -se vendió el 65% en la primera etapa de venta- cumple la normativa. Arroyo Salgado también solicitó a la "inteligencia criminal" del Delta que vele por la seguridad de los isleños, quieren denunciaron a la constructora por ocupar tierras y destruir viviendas de 30 años con las topadoras.
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El 29 de agosto, la fiscal federal del distrito Rita Molina, hizo lugar a una medida presentada por los isleños donde la magistrada realizó un pedido para el cese de la construcción “hasta que se realice una evaluación del daño al medio ambiente”.
La zona reclamada por los vecinos del Delta comprende el Río Luján en el cruce del Canal Vinculación, donde la construcción tuvo su mayor nivel de incidencia.
La historia no es nueva. 24CON reveló en octubre del año pasado la situación por la que atraviesan las familias linderas al proyecto. En ese momento, uno de los afectados, había confesado: “A mí me ofrecieron 10 mil pesos, pero no quiero nada. Si me sacan de acá, me arrancan todo. Hace 22 años que vivo en el Delta y no me quiero ir. No tienen derecho a echarme y si hay un arreglo estamos diciendo que la tierra no es nuestra. Esto es a ganar o perder”.
Por su parte, el intendente de Tigre Segio Massa celebró la medida que tomó la Justicia y destacó: “No vamos a permitir que se lleven por delante el Delta”.
02 de diciembre de 2010
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