Podrían encarcelar a los que paguen por sexo

“Sin explotación sexual no hay trata”, es una de las frases que disparó la diputada Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, en referencia a la presentación de un proyecto que intentará convertir en delito el consumo de prostitución.

La iniciativa fue presentada en los últimos días y cuenta con las firmas de María Luisa Storani (UCR), Héctor Recalde (Frente para la Victoria), Mónica Fein (Partido Socialista), Virginia Linares (GEN), Claudia Rucci (Peronismo Federal) y Graciela Caselles (Partido Bloquista).

Un dato interesante es que también penalizaría el funcionamiento de locales que suelen estar habilitados por los municipios, como whiskerías y cabarets, y que en realidad son pantallas de burdeles.

Según expresó Rodríguez al diario Página 12. “la ley de trata tiene problemas y por esa razón se está trabajando para mejorarla. Contempla del mismo modo distintos tipos de situaciones de trata, por ejemplo a una víctima de explotación laboral en un taller textil como a una niña de 11 años que es violada 42 veces por día en un burdel”.

Por eso, agregó: “La explotación sexual constituye una forma de violencia de género y como tal requiere una respuesta específica. La mayoría de las víctimas de trata para explotación sexual están siendo reclutadas a edades inferiores a los 15 años y cada vez son más chicas”.

Esta medida, que contemplaría reformular el Código Penal y otorgar una pena de 6 meses a 3 años de prisión para los clientes-prostituyentes, está influenciada por el modelo que se implementa en Suecia desde hace una década, donde se los persigue penalmente igual que los proxenetas.

“La acción de ‘comprar a una persona para su uso sexual’ implica un daño para la libertad e integridad sexual de la víctima, así como para su libre determinación. Se trata sencillamente de una forma más de explotación sexual”, concluyó la funcionaria.

07 de agosto de 2010

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