Negocio tóxico: fumigan trenes con químicos cancerígenos

La nube de veneno se esparcía por todo el territorio cuando los habitantes de Turdera tomaron coraje y enfrentaron a la cuadrilla para impedir que continúe con su trabajo. El dato lo había alertado un vecino. Eran las 23 del pasado miércoles 7 de abril y un grupo de fumigadores contratados por la empresa ferroviaria Ugofe S.A., aplicaba glifosato a los pastizales del predio de Campo Finky Verde, precisamente en los alrededores de las vías del tren. ¿El problema? La sustancia es un agroquímico catalogado como altamente tóxico para los seres humanos.

Esa mimsa noche, en plena tensión, uno de los fumigadores lanzó la frase: “Mirá que a Julio López lo tengo en un florero”. Una clara amenaza. Alejandro Almeida, miembro de la asociación Asamblea Turdera y del Foro Hídrico, dijo a 24CON: “En octubre habían dicho que nos iban a golpear y violar, pero esta vuelta pasaron de los golpes a la desaparición”.

Los fumigadores se retiraban ante la negativa de los vecinos

La historia no terminó bien. Al final los trabajadores abandonaron el lugar y el gusto amargo sobrevoló el barrio, como también lo sobrevolaron las partículas de glifosato que siguieron suspendidas por un buen rato. Con todo esto, vecinos y organizaciones protectoras del medio ambiente decidieron agilizar un proyecto de ordenanza para que se prohíba su uso en todo el distrito.

Intentan presentar la iniciativa en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. “Aunque lo tiene que ingresar un concejal, por eso este jueves por la tarde nos reunimos con Santiago Carasatore (presidente del Legislativo local) y el fin de semana con funcionarios de la oposición”, agregó Alejandro, con el fin de buscar consenso. 

Envenenados

La temática, o mejor dicho, la problemática, no es nueva. Ya en 2008, en Córdoba, se puso la primera traba contra el uso de glifosato. La situación fue caótica, sobre todo en el Barrio Ituzaingó Anexo, donde una ONG denunció que 200 personas padecían cáncer. En ese momento, la población del lugar alcanzaba los 5 mil habitantes. Impactante. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describían las Madres de Ituzaingó.

El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida total, mata plantas y arbustos. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y además funciona como plaguicida. Su uso está altamente vinculado con el cultivo sojero, y se arroja en los campos del Interior por vía aérea. La empresa que lo comercializa en el país es Monsanto, y se comercializa bajo el nombre de Roundup.

La disputa por su aplicación sigue vigente. A principios de los ‘90s esta multinacional fue denunciada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que comprobó irregularidades y falsificación en las pruebas que realizaban científicos en sus laboratorios.

En Argentina, la verdadera puja traspasó los límites científicos para cargarse de tintes pseudos políticos. Sobre todo luego del conflicto que mantuvo el Gobierno con los sectores representantes del campo, por la resolución 125. Es por eso que el 19 de enero del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó el decreto 21/2009, por el cual se creó la Comisión Nacional de Investigación. Su objetivo principal fue aportar pautas para determinar el uso racional de químicos y agroquímicos, sumado a campañas de concientización.

Todo esto fue acompañado por los estudios del investigador Andrés Carrasco, Subsecretario de Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa y referente del CONICET, quien manifestó que el glifosato podría producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en los embriones humanos. Una hipótesis totalmente refutada por como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), quien cataloga al producto como “tóxico leve”.

Es por eso que no existe en el país una ley que lo prohíba en todo el territorio nacional. Es cada autoridad provincial, o a lo sumo municipal, la que debe dictar sus propias normas. Ahora bien ¿qué ocurre en el Conurbano?

En el territorio bonaerense, la ley de agro-tóxicos Nº 10699, plantea dos impedimentos para las zonas rurales. Por un lado, que en caso aéreo se debe fumigar a no más de 1500 metros de altura (para que no se esparzan las partículas), y por tierra a no menos de 500 metros de distancia de algún casco urbano; por el otro, que no se permite transportar los pesticidas por ciudades sin la autorización del municipio.

Con respecto a lo que ocurrió en Lomas de Zamora, Almeida dijo a este medio: “Es decir que las autoridades locales lo pueden impedir ahora mismo, amparados bajo una ley provincial, pero no lo hacen”. 

Pero este distrito sureño no es el único comprometido. En partidos como Morón, Lanús, o Vicente López prohíben terminantemente su aplicación. Es que las empresas ferroviarias (tales como Ugofe y TBA), fumigan los pastizales cercanos a los rieles con el fin de eliminar cualquier tipo de plagas. Si lo hacen con glifosato, ahorran alrededor de un tercio del costo, comparado al valor que cobraría una empresa terciarizada por realizar la misma tarea con máquinas cortadoras de pasto. 

“A diferencia, nuestro proyecto no dice que está prohibido fumigar con glifosato, no está sentenciando la acción, sino la consecuencia. Proponemos no que no se contamine el territorio de Lomas, porque también el glifosato se introduce en las napas y la tierra”, concluyó Almeida.

 

22 de abril de 2010