Qué se esconde en el misterioso Galpón 31 de Quilmes

El pasado 3 de febrero un cargamento de 96 motos Honda que habían sido robadas el 28 del mes anterior de una concesionaria de Florencio Varela, montadas en cinco camiones y matemáticamente dispuestas para una rápida descarga, aparecieron en el Galpón 31 del Parque Industrial y Tecnológico de Quilmes (PIQ). El valor del motín ascendía $1.500.000 y fue primicia de 24CON. La suculenta suma cavó la tumba de los tres piratas del asfalto que resultaron apresados. Así, la escabrosa historia del PIQ estaba destapada y daría que hablar.

Cuando saltó el corcho, pocos se sorprendieron. “Hace 10 años que funciona fuera de la ley; el lugar da para todo y además de acaparar algunas mafias, tiene industrias contaminantes”, se repitió una y otra vez en la localidad cervecera. Y muchos se preguntaron por la titularidad del “31”, como le dicen al almacén donde estaban estacionadas, envueltas en celofán y guardadas en cajas las Honda.

Varios empresarios acordaron en un nombre: Gustavo Otero sería el “comandante” del misterioso Galpón y cabeza visible de una histórica S.A. de Avellaneda, según publica agenciasuburbana.com.ar. De acuerdo a la solicitada, también se reconoce como  “presidente de la Subcomisión del PIQ”. Y recibió fuertes cruces por parte del intendente Francisco “Barba” Gutiérrez: “No podemos aceptar que la persona que hoy se autotitula y supuestamente es el Presidente de la Comisión Directiva esté comprometido con una situación ilícita de la envergadura que se está denunciando".

El ojo de la tormenta no pasó fugazmente por Camino General Belgrano, entre las calles Montevideo y Víctor Hugo, donde funciona el coloso. Y se instaló la disputa por la legalización y el control del complejo de 120 hectáreas en pleno corazón quilmeño.

Pocos días después del hecho, las turbias aguas salpicaron las cúpulas comunales que urgieron en poner a punto el Parque, que desde sus comienzos nunca tuvo constitución legal por falta de subdivisión de tierras. Se dio la particular reunión entre el “Barba” Gutiérrez y los máximos representantes del PIQ, quienes le entregaron la renuncia de las autoridades de la comisión actual. Todo estaba dicho.

Detrás de esto se subieron al tren de reclamos varios integrantes del Concejo Deliberante con el opositor y titular del ARI, Mario Sahagún. Solicitaron un pedido de informe para que el Departamento Ejecutivo responda sobre las situaciones que fueron ocurriendo en los últimos días dentro del predio y arremetieron duro por el hallazgo de material contaminante: “Se puede dar por la presencia de tanques de acumulación de sustancias altamente peligrosas, y la existencia de baterías y restos de celulares en desuso: un verdadero Chernobyl local.”

Después de la reunión con el Barba, los titulares (acorralados por la prensa y la opinión pública) acordaron la instalación en el predio de una sede de la Delegación del Ministerio de Trabajo y de la CGT, además de la creación de una mesa de trabajo en conjunto entre los industriales, el Municipio y las organizaciones sociales no gubernamentales del barrio.

Al respecto, el secretario de producción de Quilmes, Guillermo Robledo, calmó las aguas y en comunicación exclusiva con 24CON dijo: “Hay que rescatar a muchos empresarios, porque no todos cometen infracciones”. De las 58 compañías que allí funcionan según indica la Unión Industrial, “sólo dos presentaron serios agentes contaminantes”, señaló Robledo.

Francisco Gutiérrez recibió a la cúpula del PIQ.

La fallida concepción del PIQ

El pedido de informe del HCD encierra entre sus fundamentos dos ordenanzas clave: la 8512/99 y sus posteriores modificaciones, y la 9403/2002. En ellas se consigna que el Parque es “Un verdadero coloso funcionando de hecho y sin controles reales”.

No obstante, el PIQ nació, creció y puso su marcha más fuerte en los últimos años. Acapara a 2000 trabajadores en un predio con un valor fiscal de U$S30 millones y tiene un 60% de su superficie total edificada. Fuentes del lugar no quisieron dar a conocer la facturación anual que producen los emprendimientos privados. Entre los cuales existen químicas, empresas de logística, de metales, incluso, según pudo averiguar este medio, chatarreros, que por su nula clasificación legal y sus altos niveles de contaminación, “no deberían estar ahí”, reconoció el secretario de producción de Quilmes.

En este contexto, el pasado 10 de septiembre, Provincia intimó legalmente a las autoridades del Parque a finalizar la división catastral del lugar. “Su valuación fiscal es tan alta que les sobran garantías para solicitar un crédito para completar el espacio vacío de U$S300 mil la manzana, no tienen excusa y también estarían aportando al municipio porque podríamos cobrar los impuestos como se debe, cosa que no se está haciendo”, dijeron altas fuentes municipales.

Las investigaciones continúan en torno a las posibles mafias que a partir del caso Honda podrían establecerse dentro del PIQ y lo estarían utilizando como un “aguantadero con máscara”, según denunció una fuente policial a 24CON.

Antecedentes

Según recuerdan funcionarios, “hace 4 años tuvimos la primera noticia de un caso ilegal dentro del Parque: fue cuando una investigación policial desembarcó en uno de los galpones del predio donde encontraron un gran cargamento de pirotecnia robada”.

 

FOTOS: gentileza www.agenciasuburbana.com.ar