Los enredos policiales de Macri
Por Rosendo Fraga
La decisión de dotar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una Policía propia no es mala. Pero como toda iniciativa o proyecto, requiere un análisis respecto a su factibilidad y una implementación adecuada. Ante todo, crear una policía desde cero para sustituir a otra que viene funcionando desde el siglo XIX, y que tiene un despliegue importante, no es fácil. La nueva fuerza policial porteña tiene reclutados y entrenados a 600 hombres, y en preparación a algo más de 1.000. Paralelamente, la Policía Federal, con aproximadamente 36.000 hombres, tiene destinados algo más de la mitad a dar seguridad a la Capital Federal, tanto con su despliegue de comisarías como con la Guardia de Infantería, la Policía Montada, el servicio de Tránsito y los Bomberos.
Pensar que con cerca de 2.000 hombres puede sustituirse esta fuerza es desde ya algo muy difícil.
¿Cuánto tiempo tardaría la nueva Policía porteña en tener entrenados, adiestrados y disciplinados los 20.000 hombres necesarios para sustituir a los efectivos de la Policía Federal destinados a dar seguridad en la Ciudad de Buenos Aires?
Además, se plantean algunas situaciones complejas. Los agentes de la nueva fuerza policial ganan un salario que es tres veces mayor que el de los de la Policía Federal, que hoy, y por mucho tiempo, seguirán a cargo de la seguridad porteña, dado que en caso de seguir adelante el proyecto de la nueva fuerza policial, llevaría entre cinco y diez años tener el personal necesario para el reemplazo completo.
Mientras tanto, se está produciendo un doble gasto, dado que la Nación y la Ciudad invierten recursos al mismo tiempo con el mismo fin y en el mismo distrito.
Además, surge un problema de implementación. La confusa situación planteada con el espionaje realizada por efectivos de la nueva fuerza policial sobre políticos, empresarios, comunicadores y familiares del jefe de Gobierno porteño requiere una explicación y medidas concretas para enfrentarla, más allá de lo que suceda con la causa judicial que se lleva adelante.
Parece que el gobierno porteño confió la organización de su fuerza policial a un equipo que constituía una empresa de seguridad privada. Una vez en funciones, este equipo continuó con su actividad particular, mezclando su función específica con los trabajos que clientes particulares le encargaban.
Se trataría, en consecuencia, de una grave irregularidad, que requiere que un responsable asuma el error cometido y que se replantee en profundidad el proyecto de la policía porteña.
Pareciera más sensato llegar a un convenio con las autoridades nacionales —lo que reconozco que no es fácil, por sus características— para que la Policía Federal, sin cambiar su estructura institucional, tuviera dos agrupamientos diferenciados, uno destinado a las funciones federales y otro a la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
El jefe de este segundo grupo podría ser elegido por la Jefatura de Gobierno porteña entre los oficiales superiores en actividad de la institución.
Mientras tanto, los agentes de la policía porteña podrían transformarse en un cuerpo específico, destinado a dar seguridad y vigilancia a edificios e instalaciones del gobierno porteño, sustituyendo las funciones que cumplen agentes de la Policía Federal en condición de servicios adicionales, “prestando” los agentes fuera de su horario de servicio y pagando por ellos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno porteño debe replantear el proyecto de la nueva policía, dándole una nueva función, determinando las responsabilidades políticas por los errores cometidos y buscando un acuerdo con el Gobierno nacional para compartir los servicios de la Policía Federal y evitar así la duplicación de costos, servicios y funciones.
Pero la seguridad de los porteños quedó relegada a un segundo plano por el conflicto entre la Jefatura de Gobierno porteña y el Gobierno nacional.
Macri fue el primer “gobernador” que planteó públicamente la posibilidad de un juicio político contra la presidente. A su vez, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo atacó, exigiéndole que asuma la responsabilidad por los errores cometidos por los jefes de la nueva policía porteña.
Macri hace escalar el conflicto al ámbito nacional, quizás buscando dejar atrás el problema suscitado por el espionaje realizado por los jefes que designó para organizar la nueva fuerza policial.
A su vez, el oficialismo nacional puede utilizar el conflicto para dejar a un lado las denuncias de corrupción que se van extendiendo.
Vista la situación en esta perspectiva, ambas partes pueden haber buscado la confrontación para obtener réditos políticos de ella.
* Rosendo Fraga Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
La decisión de dotar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una Policía propia no es mala. Pero como toda iniciativa o proyecto, requiere un análisis respecto a su factibilidad y una implementación adecuada. Ante todo, crear una policía desde cero para sustituir a otra que viene funcionando desde el siglo XIX, y que tiene un despliegue importante, no es fácil. La nueva fuerza policial porteña tiene reclutados y entrenados a 600 hombres, y en preparación a algo más de 1.000. Paralelamente, la Policía Federal, con aproximadamente 36.000 hombres, tiene destinados algo más de la mitad a dar seguridad a la Capital Federal, tanto con su despliegue de comisarías como con la Guardia de Infantería, la Policía Montada, el servicio de Tránsito y los Bomberos.
Pensar que con cerca de 2.000 hombres puede sustituirse esta fuerza es desde ya algo muy difícil.
¿Cuánto tiempo tardaría la nueva Policía porteña en tener entrenados, adiestrados y disciplinados los 20.000 hombres necesarios para sustituir a los efectivos de la Policía Federal destinados a dar seguridad en la Ciudad de Buenos Aires?
Además, se plantean algunas situaciones complejas. Los agentes de la nueva fuerza policial ganan un salario que es tres veces mayor que el de los de la Policía Federal, que hoy, y por mucho tiempo, seguirán a cargo de la seguridad porteña, dado que en caso de seguir adelante el proyecto de la nueva fuerza policial, llevaría entre cinco y diez años tener el personal necesario para el reemplazo completo.
Mientras tanto, se está produciendo un doble gasto, dado que la Nación y la Ciudad invierten recursos al mismo tiempo con el mismo fin y en el mismo distrito.
Además, surge un problema de implementación. La confusa situación planteada con el espionaje realizada por efectivos de la nueva fuerza policial sobre políticos, empresarios, comunicadores y familiares del jefe de Gobierno porteño requiere una explicación y medidas concretas para enfrentarla, más allá de lo que suceda con la causa judicial que se lleva adelante.
Parece que el gobierno porteño confió la organización de su fuerza policial a un equipo que constituía una empresa de seguridad privada. Una vez en funciones, este equipo continuó con su actividad particular, mezclando su función específica con los trabajos que clientes particulares le encargaban.
Se trataría, en consecuencia, de una grave irregularidad, que requiere que un responsable asuma el error cometido y que se replantee en profundidad el proyecto de la policía porteña.
Pareciera más sensato llegar a un convenio con las autoridades nacionales —lo que reconozco que no es fácil, por sus características— para que la Policía Federal, sin cambiar su estructura institucional, tuviera dos agrupamientos diferenciados, uno destinado a las funciones federales y otro a la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
El jefe de este segundo grupo podría ser elegido por la Jefatura de Gobierno porteña entre los oficiales superiores en actividad de la institución.
Mientras tanto, los agentes de la policía porteña podrían transformarse en un cuerpo específico, destinado a dar seguridad y vigilancia a edificios e instalaciones del gobierno porteño, sustituyendo las funciones que cumplen agentes de la Policía Federal en condición de servicios adicionales, “prestando” los agentes fuera de su horario de servicio y pagando por ellos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno porteño debe replantear el proyecto de la nueva policía, dándole una nueva función, determinando las responsabilidades políticas por los errores cometidos y buscando un acuerdo con el Gobierno nacional para compartir los servicios de la Policía Federal y evitar así la duplicación de costos, servicios y funciones.
Pero la seguridad de los porteños quedó relegada a un segundo plano por el conflicto entre la Jefatura de Gobierno porteña y el Gobierno nacional.
Macri fue el primer “gobernador” que planteó públicamente la posibilidad de un juicio político contra la presidente. A su vez, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo atacó, exigiéndole que asuma la responsabilidad por los errores cometidos por los jefes de la nueva policía porteña.
Macri hace escalar el conflicto al ámbito nacional, quizás buscando dejar atrás el problema suscitado por el espionaje realizado por los jefes que designó para organizar la nueva fuerza policial.
A su vez, el oficialismo nacional puede utilizar el conflicto para dejar a un lado las denuncias de corrupción que se van extendiendo.
Vista la situación en esta perspectiva, ambas partes pueden haber buscado la confrontación para obtener réditos políticos de ella.
* Rosendo Fraga Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
