Díaz Pérez y Rossi, multados por el Riachuelo
Debía realizar una obra para "sanear" parte de la cuenca. Pero no lo hizo y ahora lo intiman a devolver el dinero o pagar una multa sideral. Otros funcionarios corren la misma suerte
El presupuesto se aprobó. El dinero se derivó. La gente se alegró (algunos). Todo eso en julio de 2008, tras la decisión tomada por la Corte Suprema en el fallo “Mendoza”, donde la posibilidad de sanear el Riachuelo llegaba a un posible final luego de una sarta de promesas libradas desde María Julia Alsogaray en adelante.
Pero los $2.270.000 que Nación destinó al municipio de Lanús para resolver (en parte) este problema, quedaron tan estancados como los efluentes que había que remover: la obra nunca empezó, la gente rezongó y el juez que fiscaliza la causa determinó que el intendente, Darío Díaz Pérez, y el titular del organismo generado para dicha causa, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, deben pagar multas por incumplimientos varios.
Tras el fallo dictado, el juez Luis Armella dispuso que el jefe comunal debería transferir los fondos que le fueron destinados para crear un “muro perimetral”, a fin de evitar la contaminación que generan las curtiembres aledañas al espejo de agua (un parque industrial denominado ACUBA), en un plazo no mayor a las 48 horas.
De lo contrario, según Armella, Díaz Pérez deberá pagar “multa por el monto de $ 5.000 por cada día de incumplimiento la primer semana; el monto de $ 10.000… en la segunda semana” y así progresivamente hasta tanto “se de efectivo y total cumplimiento con lo aquí –referido al fallo- ordenado”. No conforme con la postura de Armella ni con el tratamiento que el dieron los medios a la situación, Díaz Pérez le respondió al juez y justificó la falta de inversión porque “primero tenía que solucionar el problema social, porque si comenzaban las obras iba a tener problemas con las familias que viven allí".
Pero esto no es todo. En caso de llegar a la instancia de aplicarse la multa, el magistrado de Quilmes instará a requerir la certificación de ingresos (que percibe por su función estatal) y la declaración jurada de bienes a fin de constatar la capacidad financiera que tiene Díaz Pérez para afrontar la pena.
En el mismo tono, el jurista apuntó contra Bibiloni y lo exhortó a que “en el plazo de 5 días” desde la emisión de la nota, el titular de Acumar “deberá iniciar las obras del muro perimetral”. De no hacerlo, el hombre sería apercibido con la misma multa que podría recaer sobre el intendente de Lanús.
Sin embargo, la lista de funcionarios implicados no termina ahí. Dentro del marco judicial que deriva del incumplimiento en las obras de saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza, aparecen el intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi y el administrador general de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, Arcángel José Curto. Los dos ediles, junto con Bibiloni, deberán presentar en un plazo de treinta días (desde la fecha del fallo) un proyecto de obra integrador para la “limpieza de márgenes de río” que afecta el tramo que posee inmediación con la Feria La Salada. También habría multa para ellos.
Pero los $2.270.000 que Nación destinó al municipio de Lanús para resolver (en parte) este problema, quedaron tan estancados como los efluentes que había que remover: la obra nunca empezó, la gente rezongó y el juez que fiscaliza la causa determinó que el intendente, Darío Díaz Pérez, y el titular del organismo generado para dicha causa, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, deben pagar multas por incumplimientos varios.
 |
Tras el fallo dictado, el juez Luis Armella dispuso que el jefe comunal debería transferir los fondos que le fueron destinados para crear un “muro perimetral”, a fin de evitar la contaminación que generan las curtiembres aledañas al espejo de agua (un parque industrial denominado ACUBA), en un plazo no mayor a las 48 horas.
De lo contrario, según Armella, Díaz Pérez deberá pagar “multa por el monto de $ 5.000 por cada día de incumplimiento la primer semana; el monto de $ 10.000… en la segunda semana” y así progresivamente hasta tanto “se de efectivo y total cumplimiento con lo aquí –referido al fallo- ordenado”. No conforme con la postura de Armella ni con el tratamiento que el dieron los medios a la situación, Díaz Pérez le respondió al juez y justificó la falta de inversión porque “primero tenía que solucionar el problema social, porque si comenzaban las obras iba a tener problemas con las familias que viven allí".
Pero esto no es todo. En caso de llegar a la instancia de aplicarse la multa, el magistrado de Quilmes instará a requerir la certificación de ingresos (que percibe por su función estatal) y la declaración jurada de bienes a fin de constatar la capacidad financiera que tiene Díaz Pérez para afrontar la pena.
En el mismo tono, el jurista apuntó contra Bibiloni y lo exhortó a que “en el plazo de 5 días” desde la emisión de la nota, el titular de Acumar “deberá iniciar las obras del muro perimetral”. De no hacerlo, el hombre sería apercibido con la misma multa que podría recaer sobre el intendente de Lanús.
Sin embargo, la lista de funcionarios implicados no termina ahí. Dentro del marco judicial que deriva del incumplimiento en las obras de saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza, aparecen el intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi y el administrador general de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, Arcángel José Curto. Los dos ediles, junto con Bibiloni, deberán presentar en un plazo de treinta días (desde la fecha del fallo) un proyecto de obra integrador para la “limpieza de márgenes de río” que afecta el tramo que posee inmediación con la Feria La Salada. También habría multa para ellos.
