Griesa declaró al país en desacato por no obedecerle
En otra reunión con los abogados, el juez volvió a fallar a favor de los buitres. Aún no impuso sanciones monetarias.
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El juez neoyorquino Thomas Griesa declaró este lunes en desacato al país, convalidando el pedido realizado por los fondos buitre, al considerar que Argentina llevó adelante acciones “ilegales” que violan sus órdenes, aunque evitó tomar una decisión sobre futuras sanciones que podrían ser aplicadas ante esta situación.
Griesa justificó su decisión al señalar que Argentina “tomó y está tomando" pasos, "en un intento por evadir partes críticas” del fallo del 23 de febrero de 2012 que ordenó al país no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a 1.300 millones de dólares.
En una audiencia celebrada en la Corte distrital, el magistrado consideró que Argentina tomó pasos “ilegales” al “desplazar” al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BoNY), al “mover los asuntos sobre los bonos a Argentina, lejos de los Estados Unidos” y al “realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer” las obligaciones para con los holdouts.
Bajo ese escenario, dijo el magistrado, “la corte sostiene y falla que esos pasos son ilegales y no pueden ser llevados adelante”.
En una audiencia que duró poco más de una hora y donde expusieron únicamente el abogado de NML Capital, Robert Cohen, y el letrado representante de Argentina, Carmine Boccuzzi, Griesa sostuvo además que por el momento la corte no dictaminará sobre las sanciones solicitadas por los fondos buitre.
El tribunal, “se reservará la decisión” sobre la aplicación de sanciones “para futuros procedimientos”, concluyó el magistrado.
La posición argentina
El letrado del estudio Cleary Gottlieb, Carmine Boccuzzi, había realizado antes una presentación por escrito, en la que afirmaba que la cláusula Pari Passu “no puede prohibir a los soberanos actos, incluyendo discursos por parte de funcionarios políticos, la publicación de avisos en diarios o participar en otras comunicaciones con instituciones financieras o terceras partes en general”.
El abogado mencionó a su vez en el documento dirigido al juez Griesa que las sanciones de desacato son además “ilegales bajo la ley y práctica internacional y socavan la dignidad de los Estados extranjeros”.
El pedido efectuado por los fondos buitre, agregó Boccuzzi, “es sólo otro intento de exigir a la República que pague dinero, salvo y hasta que pague a los demandantes pleno capital e intereses de su deuda en default, lo que no puede hacer”.
Así, la demanda de los fondos buitre “es jurídicamente inadmisible, inaplicable e imposible de cumplir. Debe ser denegada”, concluyó el abogado de Cleary momentos antes de la audiencia que encabezó esta tarde el juez distrital.
29 de septiembre de 2014
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