“No somos peligrosos, estamos en peligro”

La movilización se hará con la consigna "Scioli: los niños, niñas y jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro" llamada por organizaciones de defensa de los derechos de los niños, contará con la adhesión la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y las Abuelas de Plaza de Mayo y partidos políticos. 

El sector reiterará así su reclamo por una Asignación Universal por hijo y la aplicación efectiva del Fuero Penal Juvenil, y expresará su rechazo al proyecto oficial de bajar la edad de los menores para la imputabilidad.

En este marco la Comisión Provincial por la Memoria, presidida por Adolfo Pérez Esquivel, manifestó su oposición “a las opiniones vertidas por el Gobernador bonaerense y por sectores de la sociedad civil respecto de la baja de edad de imputabilidad de los niños en conflicto con la ley penal”, representando la otra cara de la inseguridad.

Entre otras cosas, el documento de la Comisión señaló que “juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Por lo tanto, es preciso redoblar las políticas de inclusión y contención de los más jóvenes”.

El problema, para muchos, se plantea en torno a los tiempos, ya que estas políticas muestran sus resultados en el mediano o largo plazo, y el reclamo de los sectores sociales afectados por la “criminalidad de los chicos” tiene el cartel del “ahora”. 

Dada esta situación, la Comisión Provincial por la Memoria expresa “no es posible generar políticas serias con respuestas de coyuntura o por reflejo del cambiante humor social o mediático. El camino para construir una sociedad más justa y humana no es convertir a esos jóvenes en objeto privilegiado de la violencia y la punición”.

Adhieren distintos sectores civiles con opiniones políticamente correctas, haciendo la salvedad de que el ajuste de la edad criminal no es lo mejor, sino un “mientras tanto” que atienda la urgencia hasta que las otras medidas muestren la mejoría de los niños delincuentes.

Pero la Comisión expresa en ese sentido que “la fórmula que combina más represión y severidad en el castigo penal no es el camino, pues ocluye que los niños o jóvenes que cometen delitos son también víctimas y padecieron antes la inseguridad de no poder acceder a la alimentación, la salud, la educación y la igualdad de oportunidades”.

En la década del 70, sólo un 5% del total de homicidios eran cometidos por menores, en los 90 el índice trepó a un peligroso 38%, según señala un informe de un equipo interdisciplinario de las Universidades nacionales de La Plata y de Córdoba.

Dentro de esta discusión entra en debate el papel de la justicia, el cumplimiento de las garantías de los niños y jóvenes y la efectividad de los centros de detención de menores o correccionales (término discutible) para lograr el desarrollo e inclusión de los menores. Que estar adentro sea una posibilidad de salir de la marginalidad y el delito y no de aumentar las capacidades para cometerlos.

Según estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, año 2000 “siete de cada diez delincuentes adultos han pasado en su juventud por uno o más de los institutos de menores”, cifra que se amplió en los últimos años.

Mónica Malagamba, funcionaria de la subsecretaría de Minoridad de la provincia de Buenos Aires y docente de la Universidad Nacional de la Pampa, expresa en un informe sobre el tema que “el incremento de jóvenes que entran a la órbita judicial no resuelve sin duda el problema, sino que al contrario pareciera que este camino tiende a su reproducción. Las cifras confirman un paulatino y sostenido crecimiento de la participación de jóvenes en la comisión de todo tipo de hechos ilícitos”.

Otra investigación del ministerio de Seguridad bonaerense arroja los siguientes perfiles de los adultos delincuentes: el 94 % es varón y argentino, el 56 % es nacido en la provincia de Buenos Aires y el 28 % en Capital Federal, y el 65% tiene entre 18 y 32 años. Cuatro de cada 5 están acusados por robo, la mayoría consume drogas o alcohol y está desocupada o subempleada, y la mitad tuvo su primer trabajo entre los 10 y 15 años. La mayoría comenzó a delinquir siendo menor de edad, y el 65 % no inicia la escuela secundaria. El 78 % de los delitos que se les imputan fue cometido contra la propiedad. 

La Comisión plantea que “debemos avanzar en una dirección sostenida en el tiempo hacia unas fuerzas de seguridad profesionales, formadas en el respeto más profundo de las garantías individuales, sensibles a la problemática social y eficaz en la prevención del delito”. La urgencia se presenta para la Comisión en no dilatar más la definición de estas  políticas, “el presupuesto 2009 constituye una nueva oportunidad para consagrar políticas de redistribución de la riqueza e impulsar la asignación  universal para menores de 18 años”. 

Además, pone el acento en que con estas medidas se está “violando a los tratados internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que gozan de jerarquía constitucional. En la provincia de Buenos Aires existen dos herramientas legales idóneas: la ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, y la ley 13.634, que crea el fuero de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias previstas para su puesta en marcha han sido insuficientes y su implementación ha quedado a mitad de camino”.

En contraposición a esta tendencia, la Comisión propone “fortalecer la implementación del Fuero Penal Juvenil, que garantizará el debido proceso a los menores que hayan cometido delitos graves y adecuar a los estándares internacionales las prácticas y modelos institucionales de los centros cerrados, de recepción, de contención y de referencia”.

11 de noviembre de 2008