Cuesta creer que un gobierno pueda gastar recursos e interesarse en lo que haga una estrella del fútbol mundial. Salvo por una cuestión de cholulaje, no se encuentran puntos en común para hacerlo. Si bien violar la privacidad de cualquier persona es un delito y está lejos de adecuarse a la ética, cuesta aún más encontrarle la vuelta a que lo hayan hecho con el mejor jugador del mundo. La Pulga apareció en la causa donde el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado analizan maniobras de espionaje sobre jueces, políticos, empresarios y periodistas durante la gestión macrista.
Según publicó el sitio Infobaires24, al astro del fútbol mundial le habrían investigado sus entradas y salidas del país a través del sistema de la Dirección de Migraciones sin que los pedidos de información -según sospechan en el juzgado- estuvieran justificados por una investigación judicial o administrativa.
Lo que el juzgado detectó hasta ahora es que hay consultas sobre sus movimientos migratorios hechas por dos fuerzas de seguridad distintas, con claves utilizadas por la Policía Federal y la Gendarmería. Las hipótesis que se manejan en el expediente apuntan al uso de información sensible y privada, posiblemente por medio de -por ejemplo-extorsiones, con fines políticos, empresarios y a veces comerciales.
Además, de esto, el magistrado intenta establecer si hay relación con otras maniobras de recolección ilegítima de información dentro de la AFIP, donde está en estudio el papel en la posible violación de secreto fiscal y revelación de datos confidenciales de dos funcionarios muy cercanos a Elisa Carrió, Néstor Sosa y Jaime Mecikovsky.
Los investigadores no descartan que pueda haber nexos entre en las búsquedas de información reservada de distintas personas a través de Migraciones. Por lo pronto, la pesquisa ya apuntaba a presuntas entregas ilegales de datos desde el ente recaudador sobre distintos personajes, desde Hugo Moyano, el empresario Angelo Calcaterra, hasta Jorge Lanata y Mirta Legrand.
Y en una vertiente adicional en el expediente, según informaron allegados a la investigación, Canicoba Corral le apunta a la Unidad de Información Financiera (UIF), que entre otros había pedido información sobre él mismo cuyo origen investiga María Servini. Pero la teoría es que dentro del ente que rastrea operaciones sospechosas habría existido un área específica que separaba los casos sobre los que no se debía avanzar. El juez ya reclamó documentos al organismo.
Los seguimientos de movimientos de jueces federales fueron los primeros que se constataron en este expediente, que tuvo como disparador una columna de Carlos Pagni, del 2 de abril de 2017, titulada "El Pestilente Círculo negro" que daba pistas sobre posibles espiados. Allí aparecía el nombre de Messi, y el periodista sugería que las operaciones de espionaje sobre él podían estar vinculadas con un intento de indagar "una sociedad que apareció en los Panamá Papers". Señalaba que a Messi lo habría seguido un espía puntual con esa misión, y recordaba que al frente de la Agencia Federal de Inteligencia estaba el empresario del fútbol Gustavo Arribas.
Canicoba Corral corroboró que alguien buscó datos de entradas y salidas del país de Messi en 2016 y más recientemente, vía usuarios de la Policía Federal y Gendarmería. Con otros nombres que mencionaba Pagni también se corroboró el mecanismo: Carlos Ahumada Kurtz -de Estudiantes de San Luis-y Julio Koropeski, del club Crucero del Norte. Sobre otros nombres nuevos señalados se debe establecer también si los chequeos en Migraciones tienen relación con alguna investigación, como es el caso de Mariano Martínez Rojas, Matías Garfunkel, Gustavo Cinosi y Jorge Chueco (este último está preso).
En el comienzo de la causa, el juzgado corroboró que por lo menos 28 jueces federales, a los que se sumaron algunos nombres de fiscales, fueron espiados y ciertas fuerzas que reconocieron las búsquedas de información no tenían ninguna explicación para fundamentarlas.
Entre los jueces había varios de Comodoro Py y dos supremos: Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La lógica parece ser la misma: disponer de información sensible, como cuánto, adónde y con quién viajan magistrados y magistradas.