La Corpo Judicial se rebela porque le cortan las jubilaciones de privilegio

En medio de la crisis y cuando el gobierno ya no sabe de que manera rascar la olla para encontrar recursos que le permitan llevar adelante su gestión, volvió a surgir una vieja y titánica pelea: las jubilaciones de privilegio. Luego que el Gobierno nacional presentara el proyecto de ley para modificar el régimen previsional de jueces y diplomáticos, en los pasillos de Tribunales empezaron a mirar con más recelo a Alberto Fernández. 

El texto, que ingresó por Diputados, será debatido en los próximos días como parte de la agenda de las sesiones extraordinarias. El proyecto propone modificar el Régimen Previsional Especial de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. También dispone diversos cambios al Régimen para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.

Según los cálculos, en la actualidad hay más de 17 mil funcionarios y magistrados que aportan en promedio 32.600 pesos mensuales. Aproximadamente siete mil beneficiarios perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos, excluidas las pensiones. La jubilación ordinaria de mayor cuantía abonada es de 770.100 pesos, lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en 14.068 pesos; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a 103.064 pesos.

La respuesta no tardó en llegar y algunos pusieron el grito en el cielo. La Asociación de magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacionales (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios nacionales (Affun) emitieron un comunicado e intentaron maquillar su rotundo rechazo a que les toquen el bolsillo.

"Los trabajadores del sector judicial no desconocemos la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país, sin embargo, con sorpresa advertimos que el proyecto del Ejecutivo se aparta de los principios de raíz constitucional que fueran emitidos por la Corte Suprema, cuando sostuvo en un fallo este Tribunal viene recordando la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial, a los que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes para preservar su absoluta independencia", indica el comunicado.

"Debemos señalar que la función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes", continúa, para finalizar con: "Ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades tan estricto como nuestros magistrados".

Hasta el flamante presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones, un hombre cercano a Alberto Fernández, también brindó su opinión y afirmó: "No me gusta el proyecto. Podemos aportar cosas. A veces la realidad vista desde distintas ópticas puede llevar a soluciones que sean mejorables y sustentables", dijo y se quejó de falta de participación del estamento en la redacción.