El negocio detrás de los parquímetros

En un contexto de creciente crisis económica y social, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires deberán pagar por estacionar frente a sus casas. En caso de triunfar en las elecciones del 27 de octubre, Horacio Rodríguez Larreta finalmente impondrá en las calles 80 mil nuevos estacionamientos medidos y se instalarán 10 nuevas playas de acarreo para llevarse los autos en infracción. Un negocio que estuvo frenado por medidas judiciales pero que el gobierno ya logró sortear y sólo espera que finalice la campaña para ponerlo en marcha. La denuncia dejó al descubierto además el escandaloso negocio que está concentrado en dos empresas que operan de manera monopólica hace 28 años, pagan 55 mil pesos de canon mensual, recaudan alrededor de 12,5 millones por mes y los sueldos de los agentes los paga el Gobierno, entre otras irregularidades.

Los cuestionamientos a la ley no sólo pasan por la imposición de un nuevo gasto para los vecinos de la ciudad, que tendrán que pagar por estacionar frente a sus propias casas, sino también por los beneficiarios de un negocio multimillonario que, como si fuera poco, tiene un alto costo que asume el propio gobierno de la Ciudad mientras la plata se la llevan otros. La ecuación estacionamiento medido - grúa es un negocio que estableció en 1991 el entonces Intendente Carlos Grosso -según recordó en la legislatura porteña el diputado Sergio Abrevaya-en beneficio de Dakota S.A. y BDR SAICFI. Desde 2001, ambas empresas que operan de manera monopólica, tienen las concesiones vencidas. Gracias a prórrogas otorgadas por los gobiernos de los últimos 17 años pudieron seguir operando.

La legisladora porteña María Rosa Muiños denunció que a pesar de que el Gobierno de la Ciudad se negó a responder los pedidos de informes realizados por ella, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, el 2 de julio de este año un vecino de la CABA pudo saber que cada una de las empresas paga un canon mensual de 55 mil pesos al gobierno. Sin embargo, como la ley establece que para acarrear un auto debe intervenir un agente público, el propio Gobierno de la Ciudad tiene asignados 118 agentes de tránsito a la operación de la empresa BDR y 96 a la empresa Dakota. Pocas semanas atrás, cuando Eugenio Veppo atropelló a Cinthia Choque y a Santiago Siciliano, las condiciones de trabajo de los agentes quedaron expuestas. Además de estar hiper precarizados, cobran salarios de alrededor de los 20 mil pesos. Es decir, que el canon mensual que abonan las empresas, sólo llegaría a cubrir poco más de dos sueldos por mes que, además, paga el gobierno. La empresa Dakota, según el mismo informe, realiza alrededor de 7100 acarreos mensuales, mientras que BDR 7000. Es decir que, si se estima el costo actual de 1800 pesos por acarreo, Dakota estaría recaudando alrededor de 12,78 millones de pesos mensuales y BDR 12,6 millones por mes. "Podemos hacer un cuadro de situación interesante: las playas las pone la ciudad, los sueldos los paga la ciudad, los agentes de tránsito los provee la ciudad y las ganancias se las llevan estas dos empresas desde hace 28 años en una situación absolutamente irregular", sostuvo Muiños.

Para entender por qué los vecinos denuncian que después de las elecciones finalmente se pondrá en marcha el proyecto, es necesario repasar la historia.

La incorporación del Sistema de Estacionamiento Regulado al Código de Tránsito y Transporte se plasmó en 6 leyes diferentes desde 2011. El 10 de noviembre de ese año se sancionó la ley 4003 que incorporó un capítulo especial en el que se estableció el régimen de funcionamiento "como medio para favorecer el ordenamiento del tránsito, optimizar el uso de los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular en la vía pública, favoreciendo la rotación vehicular, concediendo beneficios a las personas residentes en los sectores próximos a sus domicilios". Y se dispuso en ese mismo apartado que "el establecimiento de sectores tarifados debe aplicarse sólo en arterias principales de las áreas céntricas, previa aprobación legislativa".

Además, la normativa en aquella ocasión estableció que en un plazo máximo de ciento veinte días corridos contados a partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo debía convocar la Licitación Pública para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado y proceder a la adjudicación a los nuevos Concesionarios en un plazo máximo de trescientos sesenta días corridos contados desde idéntica fecha. En caso de no hacerlo, el propio gobierno pasaría a hacerse cargo del servicio. En 2012, a través de la ley 4482 se prorrogó la primera; en 2013 a través de la Ley 4621 se volvió a extender la iniciativa por 12 meses más; y ese mismo año a través de la Ley 4888 se modificó el Código de Tránsito y Transporte y se incorporó nueva terminología, "entre ellas la de tarifas progresivas. Esta incorporación de conceptos siempre tiene que ver con la recaudación", advirtió Muiños. En aquella ocasión también se reiteró que en caso de no adjudicar la concesión a través de licitación pública, el Ejecutivo se haría cargo del servicio.

Finalmente, en diciembre de 2016 se aprobó con los votos de 33 diputados del PRO y de la Coalición Cívica la Ley 5728. A través de la nueva normativa se autorizó la concesión del Sistema de Estacionamiento Regulado por el plazo de 10 años y la expansión del estacionamiento medido a 13 de las 15 comunas de la Ciudad. Abarcaría 10.000 de las 24.400 cuadras de la Capital Federal. Los estacionamientos tarifados además, una vez en vigencia la ley, pasarían de 4 mil a 84 mil y se adjudicarían 10 nuevas playas para el acarreo de autos en infracción. De esa manera, la ley autorizaba a que varios predios del dominio público de la Ciudad sean utilizados por los futuros concesionarios como playas de acarreo, lo que otorgaría a los futuros concesionarios derechos sobre inmuebles de dominio público de la Ciudad. Sin embargo, la Constitución porteña prevé el tratamiento especial para la aprobación de una norma con esas características.

En ese marco, el Coordinador de Proto Comuna Caballito, -una de las zonas que se verían afectadas por la nueva normativa- Gustavo Desplats, presentó ante la justicia una acción de amparo en contra del gobierno por el procedimiento con el cual se aprobó la ley. Se cuestionaba que por las implicancias del texto, debía obtener los votos de una mayoría agravada, es decir 40 votos en lugar de 33 y cumplir con un procedimiento que se conoce como de "doble lectura". El juez Francisco Ferrer el 14 de julio de 2017 suspendió por tres meses el proceso de licitación de concesión del servicio y, vencido el plazo, el Gobierno se comprometió a no avanzar hasta que existiera sobre el caso sentencia definitiva.

Al año siguiente, el gobierno envió un nuevo proyecto con modificaciones a la ley 5728 que eliminaba toda referencia a los derechos que podrían tener los concesionarios sobre las playas de acarreo para evitar la obligatoriedad del sistema de doble lectura y de mayoría agravada que requería el texto original. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad reclamaron: "La modificación de una ley nula por inconstitucional no la hace constitucional. Debe debatirse nuevamente su contenido y aprobación de acuerdo al procedimiento regulado en la Constitución de la Ciudad. Lo que el gobierno del PRO no desea es abrir al debate público, a través de Audiencia Pública, el Servicio Público del Sistema de Estacionamiento Regulado".

Finalmente el 1 de noviembre de 2018, los diputados oficialistas aprobaron el nuevo texto de la ley que cambió la terminología original para poder sortear de esa manera la exigencia de la mayoría agravada y el procedimiento de doble lectura que cuestionaban los sucesivos fallos judiciales que le dieron la razón a Desplats.

Durante el tratamiento de la nueva normativa, uno de los cuestionamientos estuvo centrado en la expansión del sistema de estacionamiento medido en el 45% del territorio de la Ciudad. Uno de los legisladores de la oposición cuestionó que el estacionamiento regulado tal como lo propone el gobierno no contribuye al reordenamiento del espacio público ni del tránsito sino que sólo tiene un fin recaudatorio. En ese contexto, el diputado Abrevaya explicó: "Los gobiernos tienden a establecer los estacionamientos medidos cuando ven que algunas zonas necesitan recambio permanente de automóviles que acceden a ese lugar, de manera tal que el lugar lo pueda ocupar otro. Esto tiene sentido en el micro y macro centro y en las centralidades barriales. Tenía sentido en la Ley 4003 que en su artículo 8 establecía claramente que era en las arterias principales donde había que pensarlo".

"Alrededor del estacionamiento medido y de las grúas hay tres grandes negocios", aseguró Desplats. "Está el negocio de la recaudación del espacio para estacionar que se va a realizar a través de un sistema de unidades multripróposito que es digital; está el negocio de las multas y en tercer lugar el del acarreo. Porque vos podrías también tener estacionamiento medido y multas, pero no tenés por qué tener acarreo. La multa equivale a 200 horas de estacionamiento. Es el negocio de las empresas", sostuvo. En el mismo sentido, Abrevaya señaló: "Probablemente el de la grúa es uno de los negocios más importantes. La grúa tiene sentido cuando necesitás remover el vehículo. ¿Por qué removerías el vehículo? Porque está obstruyendo el tránsito. Esta razón fundamental no está en la ley que permite las licitaciones. La razón fundamental en esta ley que permite las licitaciones para la ecuación económica parquímetro-grúa está en sacar al que no pagó. Esto no tiene nada que ver con el tránsito".

"Es un gran negocio para cinco empresas. Una de las cosas que nosotros planteamos es que este tema se debería haber tratado comuna por comuna a través de los Consejos Consultivos y las Juntas Comunales: en qué lugares debería haber estacionamientos medidos y en que lugares no; cuál es la forma del tratamiento del vecino frentista y cuál es el modelo que se debería aplicar en caso que hubiere necesidad de estacionamiento medido. Porque uno puede plantear el modelo de cinco grandes empresas, pero también se podría plantear el modelo de 50 cooperativas, o el modelo de 5000 personas haciendo dos cuadras cada una con tarjetas azules o un mix de esos tres modelos. De todos esos el único que se eligió es el de las grandes empresas. Esta es una decisión que entendemos que deberíaa haber sido consultada y trabajada de manera participativa por la sociedad civil a través de las comunas. Se podría dar trabajo a 5 mil personas. Lo que estas generando es una gran transferencia de valor a los dueños de estas empresas", aseguró Desplats.

Tanto Muiños como el Coordinador de Proto Comuna Caballito cuestionaron además el trámite para gestionar la habilitación para estacionar de manera gratuita frente a la propia casa. "Hasta ahora prácticamente nadie la pudo realizar", sostuvo la legisladora. "Mas allá que la norma plantea que a 200 metros de tu casa tenés la posibilidad de estacionar, primero hay una restricción clara: tenés que tener el DNI con el domicilio en tu casa, el coche con la cédula verde a tu nombre con el mismo domicilio del documento, tener pagas todas las patentes e infracciones pero, además si logras tener la habilitación, cada 4 horas tenés que actualizar el ticket de estacionamiento. Teniendo la habilitación y el auto en la puerta de tu casa y sin haberlo movido en todo el mes tenés que hacer 88 actualizaciones. Si te olvidaste una pagas la multa y te acarrean el coche. Se supone que la actualización se va a poder hacer a través de una aplicación del celular que ojalá funcione mejor que la de las bicicletas, a través de internet o de manera presencial, pero hay una cantidad importante que dejan los autos en la puerta de su casa y que son personas de edad y que no manejan aplicaciones en el celular o tienen limitaciones para el manejo de internet, motivo por el cual van a tener que ir hasta la unidad multipropósito cada 4 horas con lluvia, con viento, con cero grados o 35. Cuando no puedan porque estaban en el médico y si tiene dos multas y dos acarreos y son jubilados, no van a poder comer", dijo Desplats.

Las cinco empresas que se presentaron a la licitación Pública Nacional para otorgar la Concesión de Servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con el sistema de Estacionamiento Regulado en la CABA son Dakota-STO, BRD-SEC, la española Plein Air Park; IT NET - Tránsito Rosario y Elinpar -Rowing.

Es decir, un servicio que podría prestar el gobierno, y utilizar la recaudación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad ya que asume los principales costos, quedará una vez más, en manos de grandes empresarios.

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